Estos ideales implican que haya tantos ciudadanos, que se sacrifican para mejorar la vida de los más desafortunados, dedicándoles parte de su tiempo libre y del dinero que les queda disponible tras pagar los impuestos.

Resulta imposible abordar el conjunto de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que hacen labor en España, por lo que me referiré únicamente, a las actividades que desarrolla la mayor ONG: la Iglesia católica. Me basaré en la Memoria Anual de las Actividades de 2021, que fue presentada el pasado 17 de mayo. Daré unas pocas cifras.

Las dos mayores fuentes de los recursos de la Iglesia proceden del 30% de las aportaciones de los fieles (360 millones de euros) y un 23% de la asignación tributaria, que proviene del 0,7% de la cuota íntegra de las declaraciones de la renta de los contribuyentes que así lo deciden (256 millones). La presencia de la Iglesia en España contribuye a la riqueza económica del país. Sólo las actividades asistenciales en empleo, pobreza e inmigración generan un valor de más de 580 millones de euros, una cantidad que dobla la que se recibe del Estado. Veamos cómo se invierte ese dinero.

La actividad educativa de la Iglesia se desarrolla en 2.548 centros y atiende a 1,5 millones de alumnos, lo que se traduce un ahorro de 4.356 millones a Estado.

La actividad cultural conserva 3.161 inmuebles declarados de interés público y un innumerable catálogo de bienes muebles. El impacto que genera este patrimonio cultural supone un impacto de 22.620 millones en el PIB nacional y genera 225.000 empleos de manera directa, indirecta e inducida. Es muy sorprendente el desigual reparto en términos relativos de los inmuebles en el territorio. Destacan Castilla y León con 260,9 inmuebles por cada millón de habitantes, La Rioja (240,7) y Aragón (206,6).

La actividad caritativa y asistencial de la Iglesia la realizan sus 8.864 centros, en los que reciben ayuda cada año más 3,9 millones de personas necesitadas. Estos establecimientos son muy variados, siendo los más abundantes las 877 casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad y, sobre todo, los 6.309 centros para mitigar la pobreza. El número de beneficiados, en términos relativos, de estas instituciones, dedicadas en buena parte a repartir alimentos, es muy diferente. Impresiona que en 2021 hayan pasado por los centros de Aragón 164,5 indigentes por cada mil habitantes de esa región. Le sigue Madrid (83,5) y Murcia (67,1). Los lugares con menor afluencia fueron Baleares (11,0) y Navarra (15,6).

La Iglesia puede hacer tanto bien a un coste ínfimo, porque cuenta con incontables voluntarios, quienes renuncian a cobrar, porque su solidaridad con las personas desafortunadas, con frecuencia por motivos religiosos, es lo que les importa. El Estado no podría resolver los problemas de tanta gente que sufre, bien porque no conseguiría personal para tantas labores ingratas o desagradables, como porque el coste de contratar funcionarios sería inasumible para las arcas públicas.