El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó hace unos días unos datos que reflejan el comienzo de una grave pérdida de empleos en nuestra economía: España ha tenido, durante el primer trimestre de 2020, 285.000 ocupados menos que al final de 2019. Todo ello sin contar con los más de cuatro millones de trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Estos alarmantes efectos económicos derivados de la pandemia hacen que ya muchos cataloguen esta crisis como la más severa desde la Guerra Civil.

Ante esta perspectiva, y como medida encaminada a mantener el empleo en los mayores niveles posibles, varias organizaciones de la sociedad civil, como Fundación Civismo, Fundación Internacional para la Libertad, Instituto Juan de Mariana, Centro Diego de Covarrubias y Club Liberal Español, así como los economistas Pedro Schwartz, Francisco Cabrillo, Juergen B. Donges, Jesús Huerta de Soto, Lorenzo Bernaldo de Quirós y Juan Ramón Rallo, abogan por que, con carácter de urgencia, se suspenda temporalmente el salario mínimo. Las razones que respaldan esta propuesta son las siguientes:

1. El salario mínimo constituye una barrera de entrada en el mercado laboral para aquellos a quienes dice proteger. En particular, para los jóvenes, trabajadores de mayor edad, y los menos cualificados, quienes, además, serán los más perjudicados por la actual crisis económica, como las estadísticas ya revelan.
2. Se ha obligado a las empresas a cerrar y, en la desescalada, se va a permitir abrir con grandes restricciones de aforo. Si no se da flexibilidad a los empresarios para negociar libremente con sus empleados las condiciones en las que les pueden contratar y en las que a estos les puede compensar trabajar, muchos de ellos se quedarán en paro. En ese sentido, el salario mínimo va en contra de la libre disposición de las partes. Mientras que medidas como estas acostumbran a hacer hincapié en la figura del empleador, a quien obligan a pagarlo, a menudo olvidan la del empleado, que estaría dispuesto a aceptar una remuneración inferior con tal de asegurar su puesto de trabajo. Algo que, en la situación actual, cobra mayor importancia y urgencia. En estos momentos, impedir dar trabajo al empleador y trabajar al empleado, a pesar de poder interesarles a los dos, es un lujo inasumible, ya que llevará a un descomunal crecimiento de la economía sumergida, la cual, además de profundamente injusta, no contribuye al sostenimiento del sistema.
3. El menguante sector privado, que constituye los cimientos de cualquier economía, no puede mantener a más de 21 millones de españoles que dependen directamente del Estado. El sistema no va a aguantar el colosal incremento de las prestaciones por desempleo que se va a producir. Por ello, cualquier medida encaminada a combatir el desempleo y que los ciudadanos empiecen a contribuir y cotizar supondrá un alivio que resulta más necesario que nunca. De lo contrario, corremos el riesgo de que intervengan a España, lo cual ocasionaría recortes más drásticos y dolorosos.

Por todo lo anterior, tras la casi total paralización económica decretada por el Gobierno para luchar contra la pandemia, adquiere una gran pertinencia la propuesta de suspender temporalmente el salario mínimo mientras no se vuelva a la normalidad.