02
feb
Vozpópuli

“¿Este edificio de ahí qué tiene?”. “Este edificio tiene unos locales comerciales de propiedad privada”. “¡Exprópiese señor alcalde! ¡Exprópiese!”. Quién no recuerda al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, protagonizando esta famosa escena de la televisión de su país. Expropiar una compañía, sin embargo, no es tan sencillo como pudiera parecer en aquel vídeo, y menos si se trata de una farmacéutica multinacional.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, afirmó en una reciente entrevista en eldiario.es que no le “temblaría el pulso” en nacionalizar compañías farmacéuticas si con ello se pudiera garantizar el derecho a la salud, refiriéndose a la polémica de las últimas semanas por los retrasos en el suministro de vacunas. ¿Hasta qué punto es factible una propuesta de tales características? Los abogados y economistas consultados por Vozpópuli confirman con rotundidad que nacionalizar una empresa no sería la solución a los problemas de suministro de vacunas. 

Javier Santacruz, doctor en Economía por la Universidad Complutense e investigador principal de la Fundación Civismo, explica a este diario, que, en primer lugar, el movimiento de Iglesias es impracticable porque las matrices de las farmacéuticas que producen la vacuna contra el covid están fuera de España. De las tres compañías autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para comerciar con su vacuna en Europa, Pfizer tiene su sede en Estados Unidos, Moderna también y AstraZeneca en Reino Unido.  

A España no le serviría de nada nacionalizar, por ejemplo, LaboratoriosRovi, con sede aquí, y encargada de la producción de la vacuna de Moderna. “Puedes nacionalizar lo que quieras. Pero en España no hay patentes, no tienes los derechos de propiedad industrial. Tendrías una fábrica muy bonita sin nada que producir”, asevera Santacruz.

Incluso si una compañía española hubiera logrado fabricar una vacuna covid propia y lograse la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), su nacionalización llevaría “como mínimo cinco o seis años. Menos de ese tiempo no ha durado ninguna. Las nacionalizaciones de compañías suelen durar de media diez años”. Incluso al actual ritmo de suministro -que previsiblemente mejorará en los próximos días con las mejoras productivas de Pfizer y AstraZeneca- se terminaría de vacunar a la población un año antes de que este litigio terminase. 

A este plazo mínimo de cinco años habría que añadir el tiempo que tardaría la EMA en aprobar el nuevo fármaco. Porque incluso aunque se trate del mismo producto, “el cambio de titularidad invalida esa licencia. Tendrían que volver a pasar por la aprobación de la EMA”. “La lógica es la de los principales enemigos de la ciencia económica. La propuesta de Iglesias puede parecer lógica, pero es un disparatemonumental”, concluye el economista. 

Una apuesta económica “catastrófica”

Desde un punto de vista económico, el profesor Daniel Lacalle advierte que nacionalizar una farmacéutica supondría un “desastre para las arcas públicas del país”. “Esto llevaría automáticamente a una caída de inversión en el país. El riesgo de ser nacionalizadas, hace que las empresas se vayan a invertir a otro lado. Si copias las políticas de Argentina, acabarás en su situación”, continúa. 

Al coste del descenso de la inversión hay que añadir el coste que tendría la farmacéutica. En el caso de Pfizer, por ejemplo, su capitalización bursátil es de 199.000 millones de euros, casi la mitad de todo el presupuesto del Estado español para 2021. En el caso de Laboratorios Rovi, que como se ha explicado, su nacionalización no tendría efecto en cuanto a vacunas, la capitalización bursátil es de más de 2.000 millones de euros.

A los costes de la empresa habría que añadir los de los litigios internacionales. “Meterte en una serie de arbitrajes internacionales costaría centenares de millones de euros al Estado”, señala Lacalle, que añade que “si los políticos gestionasen las farmacéuticas, seguro que no tendríamos vacunas. Lo que nos faltaba es que los mismos que son incompetentes gestionando la pandemia, gestionasen las farmacéuticas”, asegura Lacalle.

¿La Constitución lo avalaría?

Raquel Ballesteros, socia del despacho Simmons & Simmons, apunta a la Constitución como vía legal para llevar a cabo una expropiación, pero siempre y cuando se den las circunstancias adecuadas. Así, el artículo 33.3 indica que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

“El interés público contempla situaciones excepcionales para expropiar, pero son situaciones de urgencia absoluta. Estamos muy alejados de esa situación”, explica Ballesteros, quien insiste, una vez más, en que la nacionalización tendría que producirse en la propia jurisdicción nacional. Por tanto, cualquier empresa que España nacionalice en su territorio, no servirá para que lleguen más vacunas porque ninguna tiene la patente al respecto, además de todo el coste económico que supondría.


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