30
oct

El mundo digital se ha abierto paso en nuestras vidas de una forma indiscutible. Hasta el punto de que ya formamos parte tanto de un mundo físico y material como de uno abstracto e intangible, el de los datos. Hoy, estos nos rodean como un océano inmenso que amenaza con ahogarnos y, como pasa con todos los océanos, no resulta sencillo dominarlo y salir indemne. Sin embargo, hay unos buques colosales que se adaptan con gran facilidad a su naturaleza para sacar el máximo beneficio posible: los gigantes tecnológicos. 

Estos están tomando el control de ese universo intangible y, en consecuencia, también del real. Empresas como Apple, Alphabet, Amazon o Facebook viven de los datos de sus usuarios para crecer y obtener más réditos, pero lo que muchos ciudadanos desconocen es que con ellos también atesoran más conocimiento y control sobre nosotros. Las empresas tecnológicas se han convertido en actores influyentes en la política y la economía de una gran parte de los países del mundo. Han adquirido un poder político descomunal, que hace que, actualmente, lo digital sea sinónimo de lo político y las grandes revoluciones ya no sucedan en las calles, sino en el terreno de los datos y en las empresas tecnológicas.

El crecimiento de estas grandes compañías digitales ha acorralado y puesto en peligro la libertad y la propiedad privada, dos de los pilares en los que se fundamenta el liberalismo clásico. Según este, la libertad, la vida y la propiedad privada constituyen elementos inalienables de la persona, que jamás puede ser privada de ellos. Por eso, el Estado tiene como única labor la obligación de proteger estos tres principios y evitar que los quebranten. Sin embargo, estas empresas han dejado de ver al usuario como un individuo libre, al despojarle de su libertad individual y de su propiedad privada –a través de sus datos personales–, algo totalmente contrario al capitalismo tal como lo entiende el liberalismo clásico.

El problema radica en el conocimiento. El mercado debe regirse por la disponibilidad de la información, con el fin de impedir el engaño y que los usuarios sepan el máximo posible sobre lo que están comprando o utilizando. Actualmente, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (UE) obliga a las empresas tecnológicas a proporcionar toda la información sobre el uso de los datos personales. No obstante, sigue siendo insuficiente, debido a cómo la presentan: a menudo, a través de un texto denso y con un vocabulario técnico que dificulta la comprensión de la población poco especializada, llevándola a la confusión. Por lo tanto, muchas de estas empresas digitales ofrecen servicios aparentemente gratuitos, pero continúan facturando una inmensa cantidad de dinero proveniente del mercado de los datos gracias a nuestro consentimiento inconsciente.

Otro hecho que pone en peligro al capitalismo –concebido desde la óptica del liberalismo clásico– consiste en la elevadísima cuota de mercado que ostentan estas empresas, creando oligopolios que abusan del poder para anular a la competencia. Por ejemplo, Google posee más del 92% de la cuota de mercado de los motores de búsqueda en internet, lo que le confiere un poder político perfecto para marcar sus propios límites y obviar la legislación nacional de cada país, sin apenas tener que rendir cuentas a nadie. En el mercado debe existir competencia, para que el individuo disponga de la libertad de escoger con qué opción quedarse, dependiendo de lo que quiera o necesite. Además, la competición se trata de un elemento saludable para las empresas, ya que les alienta a innovar, a reaccionar, e incluso a repensar su modelo de negocio. En definitiva, fomenta el desarrollo y trae consigo el perfeccionamiento de las sociedades.

El control de los datos personales por parte de los gigantes tecnológicos resulta cada vez mayor, lo que se traduce en un mayor control de nuestras vidas. Los escándalos de los últimos años por la violación de la privacidad, el abuso de poder y la manipulación política han proyectado malestar entre la población mundial. En 2013, el experto en tecnología Edward Snowden confesó que el gobierno de EE.UU. espiaba a sus ciudadanos con la ayuda de empresas como Facebook o Google, que cedían de forma masiva la información de sus usuarios. Otro ejemplo está relacionado con la campaña electoral de Donald Trump en 2016, y con el referéndum del Brexit: Cambridge Analytica usó más de 87 millones de datos privados de Facebook para elaborar el perfil psicológico del votante estándar y enviarle mensajes y propaganda personalizada dirigida a captarle.

Nuestros datos no sirven solamente para recibir publicidad acorde a nuestros gustos, deseos y necesidades en las redes sociales, sino también para manipular y desinformar a través de la exposición de ideas específicas.

Llegados a este punto, se plantean dos opciones para combatir esta amenaza a la libertad. En primer lugar, la peor y menos deseable, encontramos la puramente estatista. En virtud de ella, el Estado adopta el papel protagonista en la supuesta defensa de la libertad individual y de la propiedad privada. Dicho de otro modo, marca los límites y toma las riendas de la situación para reducir la influencia y las extralimitaciones de los gigantes tecnológicos dentro de sus propias fronteras, por medio de la regulación de este sector específico. Actualmente, la UE aplica una política comunitaria en este sentido, además de dar a la población la oportunidad de decidir qué hacer con sus datos: cederlos a estas empresas cuando utilicen sus productos y servicios o, por el contrario, aminorar el uso de información personal.


Si el Estado se arroga el poder suficiente para interferir en el mercado de los datos, la libertad continuará en peligro


A pesar de que esta opción pueda parecer aceptable a ojos de los usuarios, no se trata de la mejor alternativa o, por lo menos, la que vaya a concedernos más libertad. La excusa de un salvador capaz de frenar a los gigantes tecnológicos y, a la vez, de proteger a los ciudadanos otorga al Estado la potestad de intervenir a fin de, supuestamente, buscar una solución óptima para todos. Pero esto no es cierto. Si se arroga el poder suficiente para interferir en el mercado de los datos y en el mundo intangible de internet, nuestra libertad continuará en peligro. La limitación y la regulación ya no se circunscribirán solo a estas enormes compañías, sino que alcanzarán a la población en general. El Estado podría supervisar a estas empresas a base de cesiones de datos, es decir, creando una red colaboracionista entre ambos dedicada a transferir información con el fin de controlar a la población. Esto sucede en los países socialistas, como China o Cuba. No obstante, también empieza a suceder en EE.UU. y en Europa. Por tanto, preservar nuestra libertad individual y nuestra propiedad privada frente al Estado y las empresas tecnológicas se ha convertido en una prioridad indiscutible.

La segunda opción va más en consonancia con el pensamiento liberal. Quienes deben empoderarse frente al abuso de las grandes compañías tecnológicas son, precisamente, los usuarios. La población debe establecer las líneas rojas infranqueables que impidan los atropellos contra la libertad individual y la propiedad privada. Esto no parece fácil, pero resulta preferible. La dificultad reside en que la mayoría de los ciudadanos no están preparados ni formados para hacer frente a estos colosos. Por ello, se les ha de mostrar la realidad que hay detrás de los productos y servicios que usan, y que el cambio de conducta de estas empresas se halla en sus manos. Si todos los usuarios conocieran cómo se emplean realmente sus datos y todas las consecuencias que esto conlleva, la situación se volvería muy distinta: dejarían de consumir los servicios y los productos de las compañías que utilizaran fraudulentamente sus datos y estas se verían forzadas a revertir el statu quo. El límite lo ponen los clientes, pero, para ello, deben tener el conocimiento necesario. Por tanto, es imprescindible educar a los ciudadanos, en aras de que puedan juzgar con criterio, monitorizar y poner coto a los gigantes tecnológicos, algo netamente positivo.

Un mercado poco regulado por el Estado, pero supervisado por las exigencias de los usuarios, significa un mayor desarrollo e innovación para las empresas, además de una menor facilidad para que se formen oligopolios. Las compañías han de aceptar que el poder descansa en los clientes y que, si no siguen sus demandas, lo más probable es que sufran perjuicios económicos bastante notables. Así pues, en las firmas tecnológicas la búsqueda del desarrollo, la innovación y el perfeccionamiento de sus servicios y productos se erige en una necesidad saludable para no perder sus ingresos, sin olvidar el principio de buena fe en el uso de los datos personales.

En definitiva, los consumidores estamos cada vez más desprotegidos ante los titanes digitales, ya sea por sus abusos o por la intrusión del Estado como falso salvador en el mercado de los datos. Este debe garantizar el ejercicio de la libertad individual por medio de la existencia de un mercado libre, absteniéndose de interferir en él. Los ciudadanos debemos impedir el control digital del Estado y de las empresas tecnológicas, algo que nace de la obligación moral de defender nuestra libertad, nuestra propiedad privada y nuestras vidas.

¿Renunciar a nuestra libertad para ganar seguridad?, ¿sacrificarla a cambio de comodidad? No caigamos en la trampa.


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