24
feb
Expansión

Es creciente la preocupación por el aumento del número de quiebras que, con una elevada probabilidad, tendrá lugar cuando los gobiernos dejen de aplicar las medidas de emergencia puestas en vigor con motivo de la pandemia del covid. El FMI, diversos bancos centrales y numerosos analistas piensan que la desaparición de muchas empresas es inevitable. Y no puede olvidarse que las quiebras suponen también un duro golpe a los acreedores del negocio que desaparece; tanto bancos, que pueden encontrarse con problemas de solvencia, como empresas no financieras, que pueden ver seriamente deteriorados sus balances como consecuencia de la quiebra de algunos de sus clientes.

La cuestión más debatida en estas últimas semanas es cómo establecer criterios que, con un mínimo de objetividad, determinen cuáles son las empresas viables a las que se debería seguir prestando ayuda para evitar su desaparición y cuáles no lo son, para las que no tendría sentido seguir gastando recursos de la sociedad para mantenerlas con vida durante algún tiempo. Los fondos son escasos y la demanda de ayuda por parte de las empresas es enorme. Y el problema tiene difícil solución. En una economía de mercado es éste el que decide la supervivencia o no de una empresa, y determinar a priori su viabilidad puede generar una distorsión importante en su funcionamiento.

Un resultado indeseable –pero posible– de una política de ayudas sería la supervivencia temporal no de las mejores empresas, sino de aquellas que tuvieran rasgos específicos que inspiraran confianza a los reguladores; o de aquellas que pertenecieran a un determinado sector que fuera capaz de formar un grupo de interés lo suficientemente potente como para orientar en su favor la regulación. No es especulación. Ya estamos viendo movimientos de este tipo en España, perfectamente justificables, por otra parte. La relación entre los grupos de interés y las estrategias de los políticos que buscan mantenerse en el poder es uno de los temas clásicos de la teoría de la elección pública, que permite explicar de forma razonable muchos aspectos de la política económica de nuestros días.

No será fácil, ciertamente, el trabajo de quienes tengan que asumir la responsabilidad de fijar los criterios que determinen la conservación o la desaparición de tantas empresas. Pero hay algo que los gobiernos pueden hacer para conseguir que los costes sociales de los cierres de muchas empresas sean menores: mejorar la regulación de los procedimientos concursales e incrementar la eficiencia de los tribunales que los aplican. Y en eso, en España, tenemos aún mucho que avanzar. La justicia española no se caracteriza precisamente por su celeridad en la resolución de los conflictos que ante ella se plantean. Y me temo que si, como muchos prevén, se produce una avalancha de procedimientos concursales en la segunda mitad de este año, los juzgados de lo mercantil no serán capaces de resolverlos con un mínimo de eficacia. Y las medidas para evitar el colapso habría que tomarlas ya. No se puede esperar la llegada del caos.

Por otra parte, hay que insistir en que hoy no tienen sentido muchos de los privilegios que el Estado se otorga en la ley a la hora de repartir el activo del deudor entre sus acreedores. Cualquiera que haya vivido un procedimiento concursal como acreedor ordinario ha pasado por la desagradable experiencia de ver cómo casi todo lo que queda de los bienes de su deudor se reparte entre los bancos, los trabajadores y el Estado, mientras que él recibe muy poco, o nada en muchas ocasiones.

El privilegio especial de los acreedores hipotecarios puede parecer injusto, pero tiene el sentido de permitir la financiación de las empresas a costes más bajos. En otras palabras, si los créditos con garantía hipotecaria fueran tratados como ordinarios, resultaría mucho más difícil a las empresas conseguir financiación, y la que se diera sería significativamente más cara. También son defendibles determinados privilegios de los trabajadores por créditos salariales, dada la especial posición de debilidad en la que se encuentran cuando pierden su empleo.

Pero lo que no tiene realmente justificación es que Hacienda y la Seguridad Social pasen por delante de la gran mayoría de los acreedores. Es a éstos, no al Estado, a los que la quiebra de sus clientes puede llevar a su propio concurso. Si se quiere evitar una cadena de liquidación de empresas, el Estado debería renunciar a sus privilegios como acreedor. No es la solución perfecta, pero podría ayudar en no pocos casos, y lo que el Estado pierda por abandonar tales privilegios lo compensará por el ahorro que le supondrá un menor número de quiebras en la economía española. Esta reforma costaría dinero al sector público, sin duda. Y la carga recaería sobre un Estado que está ya muy endeudado, pero las cuentas públicas habría que sanearlas de otra manera. Luchar por sacar el último duro frente a empresas que se encuentran con problemas muy serios de supervivencia no es la mejor estrategia en estos momentos.


Leave your comment