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Resumen ejecutivo

Los líderes europeos a menudo afirman preocuparse por el destino de la libertad, la democracia y los derechos humanos en el mundo. Sin embargo, sus decisiones de política exterior ocasionalmente lo ignoran; y rara vez esa desalineación es más marcada que en la política de la Unión Europea (UE) hacia Venezuela. El rápido descenso del país al caos ha alcanzado un punto en el que la sustancia de la política será mucho más importante que la retórica, en un desafío de política exterior que se desliza hacia un cenagal sin solución. La agenda declarada de compromiso multilateral renovado por parte de la administración de Joe Baden ofrece la oportunidad de convencer a la UE para cambiar de rumbo y que se convierta en el actor indispensable en la lucha de Venezuela para restaurar la democracia. Este informe intenta mostrar cómo la UE puede aprovechar esta oportunidad.

Estados Unidos ha desafiado el control del poder del dictador venezolano Nicolás Maduro con una campaña de “máxima presión” de sanciones individuales y sectoriales, erigiendo una arquitectura destinada a impedir la consolidación de su dictadura, a restringir profundamente las redes criminales que tiene incrustadas en las instituciones estatales, y eventualmente a marcar el comienzo de una transición política a través de una presión económica abrumadora.

La UE, por su parte, justificó el recelo a las sanciones y su ingenua esperanza de que el régimen pudiera ceder el poder a través de conversaciones negociadas, alegando una aversión a infligir dolor a los ciudadanos venezolanos. Tal vez, una razón convincente por un tiempo. La cambiante postura del bloque ha oscilado entre el compromiso con el resurgimiento democrático y el apaciguamiento en los últimos meses.

La prueba A, el ejemplo más reciente y claro del fracaso de la política de la UE en Venezuela fueron las falsas elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2020, en las que Josep Borrell coqueteó con el monitoreo a cambio de unas pocas concesiones, mayoritariamente defensivas. La negativa de Maduro a permitir que observadores internacionales neutrales lo responsabilicen por sus maquinaciones electorales significó que las modestas demandas del jefe de política exterior de la UE quedaran sin respuesta. En febrero, la adición a posteriori de 19 nuevos violadores de derechos humanos y defraudadores electorales a la -todavía miserable- lista de 55 personas sancionadas de la UE fue un paso en la dirección correcta, pero también puso de relieve la disonancia cognitiva en la política exterior de la UE. Dada la continua reticencia de la UE a reconocer plenamente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, estas sanciones adicionales son moralmente incongruentes. Si la UE sólo marca la línea en la manipulación de las elecciones, entonces el régimen de Maduro puede salirse con la suya, totalmente sin sanción ni control.

Además, los actos de Borrell manifestaron un error estratégico mayor en el pensamiento de la UE sobre Venezuela que requiere un replanteamiento serio: Maduro no es un dictador tropical típico. Él está singularmente enfocado en preservar el poder, atrayendo a su círculo íntimo a un creciente elenco de personajes que han aumentado la participación del estado venezolano en el narcotráfico, las redes ilícitas, el lavado de dinero y el saqueo sistemático de las arcas del estado. En lugar de hablar el lenguaje blando de la diplomacia, es más probable que Maduro responda a la presión y las claras demandas de reforma.

Además, Venezuela bajo Maduro representa una amenaza de seguridad que ha sido pasada por alto por la UE, la cual reúne vastos recursos para combatir el tráfico de narcóticos, la maligna influencia extranjera, el lavado de dinero y, además, apoyar el delicado proceso de paz de Colombia, que Maduro está frustrando al proporcionar un refugio de las disidentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-D). En sí mismas, estas preocupaciones deberían impulsar al bloque a hacer frente a la degeneración de Venezuela en una dictadura en toda regla consolidada a través de un cambio marcado en la dirección actual de la política exterior, especialmente, dado el compromiso con la promoción de estándares democráticos en todo el mundo y en hacer responsables a los violadores de derechos humanos. La UE debe aprovechar su peso estratégico para lograr elecciones libres y justas y, finalmente, una transición democrática con la máxima urgencia, al tiempo que intensifica su largo historial de esfuerzos humanitarios para ayudar a los venezolanos necesitados y a las comunidades que han huido al exilio y están alcanzando números récord.

Este informe describe un enfoque múltiple para lograr esos objetivos. Después de examinar el actual arsenal de políticas de la UE y argumentar que es poco probable que contribuya de manera significativa a una transición política o proteja los derechos humanos, el informe desglosa la subestimada amenaza de seguridad que Venezuela representa para la UE y sus estados miembros. A continuación, destaca la importancia del multilateralismo para resolver los difíciles desafíos de la política exterior, especialmente aquellos en los que las sanciones desempeñan un papel de liderazgo, destacando, así, la posible complementariedad de las sanciones intensificadas de la UE y la presión en curso aplicada por EE. UU. El informe concluye con ocho recomendaciones realistas y alcanzables para que la UE y los EE. UU. acerquen sus políticas a un enfoque transatlántico común, brindando así a ambos una mayor probabilidad de desempeñar un papel efectivo en una transición política en Venezuela.


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