La eterna batalla entre la política y la economía vuelve al ring español
3 de julio de 2020

En las últimas semanas hemos sido testigos de lo que, en mis pensamientos internos, creía que nunca llegaríamos a ver. Una situación en la que, ante tales declaraciones, me mostraba completamente sorprendido al ver al Gobierno seguir prometiendo nuevas subidas de gasto público que, en aras de un keynesianismo que, bajo mi percepción, enmascara una compra de votos de un sector público cada vez más amplio, siguen comprometiendo a la economía española hasta niveles desorbitados. Pues, aunque comience a sonar incluso como algo pedante, dada la redundancia generada por un consenso de economistas que no han dejado de advertirlo durante la pandemia, resulta, como poco, curioso ver a un país que, ante unas previsiones que proyectan un nivel de deuda que marcaría récords históricos, pretende continuar con una política de gasto que no contempla ajustes.

Así lo comunicaba el presidente del Gobierno durante su última comparecencia pública ante un medio de comunicación español. En esta entrevista, Pedro Sánchez reconocía que la pandemia ha dejado a la economía española muy deteriorada. La descapitalización que vive el país ha provocado un deterioro en unas cuentas públicas que, habiéndose comprometido con una serie de obligaciones, muestran un déficit, así como un apalancamiento, que, para algunos, resulta pasmoso. De hecho, resaltando en este punto que para la Unión Europea, así como los países integrantes, dicha situación era una de sus principales preocupaciones, ya que, recordemos, los países miembros se deben al cumplimiento de una disciplina presupuestaria que, de no cumplirse, conlleva sanciones económicas de gran calado.

El Banco de España, así como otra serie de organismos, ya ha puesto sobre la mesa los distintos escenarios que se han ido proyectando para la economía española cuando la tormenta vírica se disipe. En este sentido, el más realista de todos pronostica una contracción del PIB que podría alcanzar hasta el 12 %. Algunos han pronosticado contracciones más severas, aunque con la reactivación, así como los acuerdos alcanzados con patronal y sindicatos, dicha contracción en el PIB, de no darse rebrotes, podría dar lugar a una reactivación durante el segundo semestre que, acompañada con los datos de consumo que muestra, por ejemplo, el BBVA Research, harían remontar la economía. Por lo que, de acuerdo con dichas proyecciones, hablamos de una contracción que, además de ir en línea con lo pronosticado desde Fundación Civismo, provocaría una caída del PIB de hasta 12 puntos porcentuales.

Ante este escenario, las variables macroeconómicas que componen la economía española pretenden sufrir alteraciones de gran envergadura que, como decía el presidente del Gobierno, conllevarán reformas importantes en la economía española para volver a la normalidad previa que, obviando que nos costará y que se asemejará a los precedentes con los que contamos, devolverían la paz y la estabilidad a un bloque comunitario que, ante tal situación, ha vivido tensiones que dejan el proyecto comunitario, en cierta forma, dañado. Hablamos de unos desequilibrios que, atendiendo a los niveles de deuda y déficit, sitúan a la economía española en una compleja encrucijada, donde, y esto hay que remarcarlo, los intereses políticos no se ajustarán a los intereses económicos.

En este sentido, hablamos de un nivel de endeudamiento que, de acuerdo con los pronósticos y el escenario escogido, podría llegar a situarse por encima del 120%. De esta forma, incrementando la deuda hasta niveles nunca vistos en el país, ya que si tenemos en cuenta los niveles de deuda durante la Gran Recesión de 2008, estos no llegaron a superar el 90 % con relación al PIB. Así como, por otro lado, un nivel de déficit que, ante la situación prevista, así como la aplicación del ingreso mínimo vital, como otras inyecciones de gasto público que comprometen nuestras cuentas corrientes, podría llegar a superar el anecdótico umbral del 10 %; y digo anecdótico por el hecho de que por primera vez en mucho tiempo volvemos a recuperar un nivel de déficit que se sitúa en los dos dígitos. Teniendo en cuenta que el límite establecido por Europa, en línea con los pactos de estabilidad y crecimiento (PEC), es del 3 %, hablamos de un déficit que incumple todos los acuerdos alcanzados en materia de disciplina presupuestaria, obligando a la economía española a ajustar, ya sea por la vía de los ingresos o del gasto.

Así, atendiendo a las teorías del ya fallecido Alberto Alesina, economista y gran profesor de la Universidad de Harvard, la Unión Europea ha solicitado que dichos ajustes se puedan realizar por la vía del gasto en la medida de lo posible, complementando con subidas de impuestos. De esta forma, como decía el autor, dichos ajustes por la vía del gasto pueden ser más manejables, a la vez que, al tratarse de un gasto, el grado de eficiencia y cumplimiento en el ajuste es total; no ocurre lo mismo si el ajuste se realiza por el lado del ingreso, donde, como refleja nuestro sistema tributario, el aplicar un impuesto no quiere decir que la eficiencia recaudatoria sea igual al potencial recaudatorio. Sin embargo, en línea con las conclusiones que pueden extraerse de las medidas propuestas por el Gobierno, ya podemos imaginar que dicho ajuste vendrá por el lado del ingreso, haciendo reformas fiscales que incluyan, así como nuevas figuras impositivas que previamente no existían, nuevas cargas fiscales en impuestos que, como el IVA, se verán alterados al alza.

Esta situación ha puesto contra las cuerdas a un presidente que, a la luz de sus actuaciones y declaraciones, pretende perpetuarse en el poder el máximo tiempo posible. La viva imagen de esto que comentamos es la trifulca con la vicepresidente de asuntos económicos y el plantón que, posteriormente, acabó rectificando con el asunto de la reforma laboral. Sin embargo, como todo, el endeudamiento y los compromisos políticos durante la campaña electoral se van a ver condicionados a un nivel de deuda que, por mucho que desee incrementar el presidente, ha alcanzado su límite. Tanto es así que, de la misma forma y pese a las declaraciones, la subida de impuestos también irá para las clases medias, aunque no es lo que se haya dicho. Pues el presidente tiene unos intereses políticos que, esta vez, confrontarán con los intereses económicos; unos intereses económicos que Europa, así como los países miembros, priman sobre el resto de los asuntos, pese a los deseos del Gobierno.

Ahora la pregunta es: ¿Hasta cuando?; ¿Hasta cuando prevé el Gobierno seguir dando largas a una ciudadanía que sabe que tendrá que pagar el coste de no haber sido responsables cuando debíamos haberlo sido?, ¿Hasta cuándo estaremos ensanchando el gasto público, y político? ¿Hasta cuando pretende el Gobierno seguir ensanchando su nivel de endeudamiento?

La realidad económica es la que es; le guste al Gobierno o no. Ahora falta conocer la realidad de un Estado que trata de huir de cualquier reforma, aplicando “parcheos” que, en el caso de esta crisis, no tendrán ningún impacto. Parcheos que, en el mejor de los casos, postergarán la situación hasta que el hartazgo social se imponga sobre sus intereses; donde para eso, sí cuenta con precedentes en los que basarse.

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