Han sido muchos los centros hospitalarios donde sus sanitarios han sufrido la escasez de vestuario, mascarillas y guantes que les protegieran del covid-19. También han faltado pruebas de diagnóstico que permitieran detectar al coronavirus. No solo los hospitales carecían de pruebas de protección, sino también las residencias de la tercera de edad, que son los lugares donde los ingresados son más vulnerables.

No tengo dudas de que si Navarra hubiera mantenido las competencias que le fueron retiradas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se habrían salvado bastantes vidas. El error de Sánchez al nombrar a un filósofo como ministro de Sanidad, sin ninguna formación ni experiencia en gestión sanitaria y farmacéutica, fue mayúsculo. Sin embargo, peor fue el hacerle responsable de todas las decisiones para combatir la pandemia. El Ministerio de Sanidad no tenía capacidad para asumir unas competencias que desde hace décadas las ejercían las CC.AA.

La ignorancia es muy atrevida, lo que llevó al ministro a hacer caso omiso a la advertencia que la OMS le hizo 3 de febrero para hacer compras adicionales, preventivas, de material para “garantizar que los trabajadores sanitarios estén protegidos”. La respuesta del ministro fue: “España tiene suficiente suministro de equipos personales de emergencia en este momento”. Se perdieron 40 días cruciales para prepararse. Además, cuando se decidió realizar adquisiciones, el control burocrático, que no el de calidad, hizo que se perdieran oportunidades. Incluso hubo fábricas que, tras esperar una semana al ministerio para que cerrase la operación, hartos por la espera, vendieron su material a otros países.

El empeoramiento de la situación descuidó las mínimas cautelas de prudencia, lo que llevó a la compra de unos test de diagnóstico rápido, que resultaron fallidos al no alcanzar el 30% de fiabilidad. También, el retraso en la toma de decisiones provocó que faltaran los respiradores en las UCI, lo que ha provocado muchas muertes. Pero tranquilos, aquí no dimite nadie, porque las magistrales comparecencias televisivas de Sánchez disipan cualquier duda de lo perfecta que es la gestión de la crisis.

A este respecto, el ministro del Interior, Grande-Marlaska apostilló el sábado: “No tengo ninguna razón para arrepentirme de nada ni este Gobierno tiene ningún motivo para arrepentirse de nada”. Esa soberbia es intolerable por los familiares de tantos fallecidos por la inacción, la incompetencia y haber ocultado la información solvente que llegaba al Gobierno desde otros países. Quizá las apoteósicas interpretaciones televisivas de Sánchez debieran ser premiadas con algún premio Goya, pero su irresponsable ejecutoria ante la crisis, donde cuidar su imagen ha sido su prioridad, en muchos países hubiera merecido una sanción penal.

Estoy convencido de que los familiares de los fallecidos por el covid-19 se agruparán para presentar una querella. Los hechos demuestran que muchas muertes se podrían haber evitado si en los primeros días de febrero, fechas en las que el Gobierno tenía una información fidedigna abrumadora, se hubieran tomado las medidas que llevaron a cabo un mes más tarde. Pero no, prefirieron anteponer su triunfalista posverdad a la salud de los españoles. Particular admiración me causan los casi 20.000 sanitarios infectados por servir a los ciudadanos. A muchos de estos profesionales se les obligó a trabajar sin la protección imprescindible. Ellos fueron conscientes del riego que corrían, pero no abandonaron su puesto de trabajo para salvar las vidas de otros, aunque sabían que, al atenderlos, la suya peligraba. A ellos va mi felicitación más encendida.