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sep
Periodicos del Grupo Vocento

Se dice que «una justicia lenta no es justicia». Sin embargo, los poderes públicos han mostrado poca iniciativa para acometer reformas ineludibles que doten a España de un sistema judicial dinámico y competitivo. A lo largo de los años, esta cuestión esencial ha sucumbido ante la necesidad de sacar adelante leyes urgentes, solucionar problemas políticos y atender conflictos entre Administraciones distintas.

La consecuencia es el atasco que vive multitud de juzgados en España. Ni la primera huelga judicial de la historia, en febrero de 2013, ni tampoco la segunda, que unió a las cuatro asociaciones de jueces y a las tres de fiscales en mayo de este año (con un seguimiento superior al 50% y el apoyo de los presidentes de las audiencias provinciales y los tribunales superiores) han sido suficientes para trazar una hoja de ruta que integre todos los ámbitos jurídicos. Hoy nos centraremos en el entorno judicial mercantil, que es el que más afecta a las empresas.

Así, el correcto funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil hace más fácil la vida de las compañías y resulta clave para su rentabilidad. Al cierre de 2017, cerca de 34.000 casos estaban sin resolver en estos juzgados, eso sí, unos 1.500 menos que en 2016. Sin embargo, cuatro regiones –Baleares, Madrid, Galicia y La Rioja– sufren una excesiva acumulación de procedimientos pendientes. Además, los doce Juzgados de lo Mercantil de la capital de España se hallan al borde del colapso, sólo por detrás del que padecen en Andalucía (allí, por cada caso que se resuelve, quedan 1,42 pendientes).

En el extremo contrario, los juzgados menos sobrecargados –aunque, al mismo tiempo, cuentan con unos recursos más reducidos– son los de Aragón, Extremadura y Cantabria. Estas comunidades lideran la reducción de resoluciones pendientes, sumando entre las tres cerca de 400 procedimientos en trámite. Esta cifra deja en evidencia a las de Extremadura o Murcia, donde no se destina un presupuesto específico para Justicia.

Vocento

Uno de los motivos de esta saturación es una regulación que favorece la judicialización de unos conflictos que podrían solventarse sin llegar a los tribunales. Cuántas veces un buen arbitraje alternativo permite una resolución inmediata y más conciliadora. También están los litigios mediáticos, en los que el espectáculo sensacionalista, a veces muy manipulado, prima sobre la consistencia jurídica y alarga los procesos, desnaturalizando el fin propio de la Justicia: la correcta aplicación de la ley.

Por último, hay que lamentar las sentencias que han debilitado la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, la cual pretendía facilitar que una compañía operara en todo el territorio nacional. Es inevitable que nuestra economía pierda competitividad si sus empresas han de acomodarse a 17 legislaciones diferentes. Si una región quiere tener ‘gancho’ para inversores, debe conseguir tanto que sus juzgados de lo Mercantil sean eficientes, como demostrar que su oferta encierra ‘atractivo jurídico’, porque nadie acude a un territorio a gastar su dinero en pleitos


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