27
jul
Expansión

El Ministerio de Hacienda hizo públicas hace algunos días las cuentas públicas territorializadas de las comunidades autónomas, que permiten calcular los denominados saldos fiscales de cada una de ellas; es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos en cada región. Como las cifras oficiales se cierran con bastante retraso, los datos presentados corresponden al año 2012.

Cabe plantear todo tipo de objeciones, desde luego, a este tipo de cálculos, tanto por el lado de los ingresos (¿quién paga realmente los impuestos que ingresa en Hacienda una sociedad anónima domiciliada en Barcelona o Madrid?) como de los gastos (¿debe considerarse como una inversión realizada en Aragón una vía de ferrocarril de alta velocidad que cruza zonas muy poco pobladas de esta región para unir Madrid con Barcelona?) o por el de la financiación del gasto (¿qué ocurre cuando una región se endeuda para financiar sus gastos?), etc. Pero no cabe duda de que se trata de un trabajo serio que pone de manifiesto algunas características relevantes del sector público español y de su sistema de financiación autonómica. Por ello, tiene muy poco sentido que un economista profesional, como es el consejero de Hacienda del gobierno de Cataluña, diga que se basa en un “prejuicio estrictamente ideológico”, básicamente porque los resultados no coinciden con los que a él le gustaría que salieran.

El aspecto más comentado de este estudio es, sin duda, la clasificación de las comunidades autónomas en contribuyentes netas o perceptoras netas de fondos públicas. En realidad, sólo cuatro comunidades son contribuyentes netas: Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia; y la primera es, con diferencia, la que más aporta. ¿Por qué ocurre esto? No cabe duda de que, con un sistema fiscal basado en el principio de la progresividad, los contribuyentes de las regiones más ricas pagan significativamente más que los de las regiones con menor renta. Por ello, es lógico que Madrid, la región con mayor renta per capita de España, sea la que más fondos aporte al sistema. Pero, cuando se analizan las cifras con cuidado, se observa que la diferencia entre lo que Madrid y otras regiones contribuyen o perciben no se explica plenamente por esta razón. El caso más llamativo es el del País Vasco, que, con una renta per capita muy similar a la de Madrid –y significativamente superior a la de Cataluña–, es perceptora neta de fondos públicos.

Estas desviaciones de una regla razonable en relación con los saldos fiscales explican en buena medida las numerosas quejas que se han planteado al modelo de financiación autonómica. Así, desde Cataluña se ha defendido en diversas ocasiones la conveniencia de un concierto económico similar al vasco. No cabe duda de que la región saldría ganando. Pero, ¿qué pasaría si lo pidieran también Madrid y Baleares? Cuando se trata de repartir recursos escasos entre regiones nos encontramos ante un juego de suma cero, en el que lo que alguna consiga de más, lo pagarán otras necesariamente.

DERECHOS FORALES

Creo que uno de los mayores errores de la Constitución de 1978 fue el reconocimiento de derechos forales en materia de Hacienda, lo que permitió mantener un tratamiento diferenciado para el País Vasco y Navarra. Esto se hizo por razones políticas; y quienes lo acordaron tuvieron muy poco en cuenta el funcionamiento de las haciendas en los estados federales contemporáneos. Si lo que se buscaba era dar mayor autonomía fiscal a las regiones, podría haberse diseñado un sistema de federalismo fiscal bien pensado que, concediendo amplias competencias en materia de gastos e impuestos, hubiera tratado de forma equitativa a todos los territorios. Pero no fue así. Es cierto que concierto no es, en principio, sinónimo de privilegio; pero los datos muestran de forma concluyente que, a lo largo de todos estos años, el País Vasco y Navarra han sido tratados mucho mejor que el resto de las comunidades autónomas.

Por otra parte, el sistema de financiación de las denominadas comunidades de régimen común –es decir, todas excepto las dos forales– nunca ha funcionado bien. Su enorme complejidad y el hecho de que los criterios en los que se basa puedan ser negociados y manipulados ha permitido al Estado favorecer a unas regiones y perjudicar a otras, según las conveniencias del momento; y los años del Gobierno de Rodríguez Zapatero son una buena muestra de ello.

Se habla de nuevo de cambiar el modelo, sin garantía alguna, desde luego, de que lo que vaya a salir sea mejor que lo que hay; y con unas elecciones generales en perspectiva que pueden ser determinantes en el sistema que finalmente se apruebe. No va a ser fácil, desde luego, llegar a un acuerdo. Pero sería muy deseable que se establecieran unos principios claros y objetivos para la financiación de las regiones que permitieran, entre otras cosas, que los gobiernos autonómicos fueran más responsables ante sus ciudadanos de lo que recaudan y de lo que gastan. Esto no resolvería todos los problemas, ciertamente, pero sería, sin duda, un paso en el buen camino.


Leave your comment