En las últimas semanas, una marcha de jubilados, todos pensionistas, ha salido desde diferentes puntos del país hacia un mismo destino: el Congreso de los Diputados, en Madrid. Esta marcha tenía como fin exigir al Gobierno de España en funciones una subida de las pensiones; que estas se revaloricen de acuerdo a la evolución del IPC. Esta petición, que lleva formulándose desde hace meses, se ha reforzado con la llegada de las elecciones, ante la perspectiva de obtener una respuesta antes de ir a las urnas.
Cuando hablamos de pensionistas, no nos referimos a un colectivo cualquiera. Pese a parecer que sus miembros carecen de influencia por estar fuera del mercado laboral, poseen una fuerza electoral que ningún otro colectivo del país iguala. Suponen un auténtico caladero de votos: el 35% del electorado. El precio que pagaría el partido político que no recogiera entre sus propuestas la citada revalorización sería alto.
Por ello, el tema de las pensiones constituye un verdadero quebradero de cabeza para los partidos. Durante años sin que se produjera ninguna reforma integral, se ha cedido a las presiones del colectivo para no renunciar a ese porcentaje de votos. Ello ha motivado que el sistema de pensiones represente actualmente un auténtico problema para las cuentas públicas, dado el elevado déficit que soporta el vigente Estado de bienestar.
De acuerdo con los datos, el déficit de las pensiones equivale a un 2,24% del PIB, es decir, cerca de 20.000 millones de euros. Por tanto, el sistema de pensiones en este país, al margen de una hucha que ya se encuentra vacía, resulta completamente deficitario y constituye una gran carga para unos presupuestos muy ajustados. Pero todo no queda ahí. Si atendemos a las proyecciones demográficas, unas en las que la natalidad se sitúa en niveles de los años 40 y se va a producir la jubilación de los baby boomers, podemos prever que ese déficit, en el año pico de jubilación de este colectivo, alcanzará los 60.000 millones de euros, con lo que el pago de las pensiones supondrá el 12% del PIB del país. Nos hallamos pues ante una grave amenaza, que precisa de urgentes reformas.
De acuerdo con el Banco de España, así como instituciones de la talla de BBVA Research, para el año 2050, se espera que la tasa de dependencia, esto es, la relación entre cotizantes y pensionistas, llegue a la paridad. En otras palabras, por cada cotizante habrá un pensionista al que tendrá que sufragar. Esto, unido a la elevada tasa de sustitución que poseen los pensionistas españoles, así como a los altos porcentajes de desempleo y a la precariedad laboral, resulta más que insostenible de no aplicarse medidas inmediatas.
Los pensionistas piden hipotecar a las generaciones futuras por una revalorización de 11 euros
En un sistema abocado a la quiebra solo existen dos opciones. La primera consistiría en un recorte de las pensiones, para reducir así la tasa de sustitución. La segunda conllevaría una mayor carga fiscal para los contribuyentes, lo que asfixiaría a los ciudadanos en activo del país.
Como vemos, ninguna de las dos puede favorecer simultáneamente a todos los colectivos. Sin embargo, lo que los pensionistas han solicitado al Gobierno de España es una mayor presión fiscal con la que costear las pensiones, así como un incremento en los niveles de deuda. Por consiguiente, al querer cobrar más, están pidiendo, por un lado, hipotecar a unas generaciones futuras, que, desde luego, no tienen culpa en que el sistema resulte deficitario; y, por otro, masacrar a impuestos a una sociedad que, ahora más que nunca, precisa de una mayor dinamización de su economía, dado el escenario que se presenta.
Y todo ello, si vamos al epicentro del problema, para conseguir, en el mejor de los casos, una revalorización de 11 euros. Una cantidad que puede ayudar mucho a algunos pensionistas, pero que, recordemos, tiene unos costes para la sociedad futura que la superan infinitamente.
En resumen, estoy de acuerdo con que se suban las pensiones, pero, de hacerlo, debemos solventar el problema estructural de un sistema deficitario, abordándolo de forma integral y no coyuntural, a base de parchear el pacto de Toledo, la forma en que se ha ido corrigiendo hasta ahora. De lo contrario, solo nos endeudaremos más y expoliaremos a los ciudadanos a través de unos impuestos excesivos. Y así, postergaremos la resolución de un problema que, con el paso del tiempo, seguirá acentuándose, llevándonos una y otra vez a la misma situación insostenible de partida. Tenemos la prueba de ello: hasta la fecha únicamente se han puesto parches, y, a día de hoy, ya no funcionan.
