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jun

Civismo es una institución dedicada a la elaboración de estudios económicos, con los que promueve los valores de la libertad y la fortaleza de la sociedad civil. Una de sus áreas de investigación capitales es la fiscalidad, abordada desde la óptica de su impacto económico y de cómo condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad. La evolución de la fiscalidad no puede entenderse sin evaluar la intervención del Estado en su conjunto, es decir, por la vía del gasto público y la provisión de bienes y servicios de interés general. Por ello, es necesario comparar los efectos de la fiscalidad con aquellos que generan la Sanidad, la Educación o las pensiones, entre otros servicios públicos.

Recientemente, Civismo publicó un informe en el que evaluaba las repercusiones del gasto público en términos de Deuda Pública sobre el ahorro familiar —La Deuda Pública hipoteca un 41% del ahorro de las familias españolas (2017). A diferencia de este trabajo, donde comparábamos la situación financiera, en el presente analizamos la situación de la renta disponible, el consumo… Se desarrolla a partir de una metodología basada en estudios como el del Instituto de Estudios Fiscales de Reino Unido, con la que se cuantifica el impacto del gasto público, tanto a corto como a largo plazo, poniéndolo en relación con lo que cotiza un contribuyente. Así, éste es el primer estudio realizado en España que calcula cuánto paga y cuánto recibe del Estado un ciudadano en función de sus características personales, familiares, regionales, y otras definidas por su renta disponible, su oferta de trabajo o su productividad.

En suma, a las tradicionales preguntas que formula y contesta el Día de la Liberación Fiscal, a saber, cuántos impuestos pagamos a lo largo de nuestras vidas, cómo cambia la carga tributaria según la edad, qué esfuerzo asumen las familias para cumplir con Hacienda, o si España sale bien parada respecto al resto de economías desarrolladas; se añaden otros interrogantes, como a cuánto asciende el valor económico de los servicios públicos, o qué beneficio directo e indirecto percibe un contribuyente gracias al gasto público.

El Informe se estructura en dos partes: en la primera, se da respuesta a las cuestiones relacionados con la fiscalidad, y en la segunda, se tratan las variables del gasto público que determinan si al ciudadano le sale rentable o no contribuir al Estado de Bienestar mediante el pago de impuestos. Finalmente, se incluye un apéndice sobre fiscalidad y gasto público por Comunidades Autónomas. 

Un esfuerzo fiscal creciente

El presente estudio parte de la consideración de los dos impuestos que más recaudan en España: las cotizaciones sociales y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este último ha sido objeto de numerosas modificaciones en los últimos ocho años, especialmente con tres reformas fiscales aprobadas en 2009, 2011 y 2015. Las dos primeras se tradujeron en aumentos de las tarifas, mientras que la tercera dejó un cierto alivio fiscal, con rebajas de tipos y ampliaciones en los mínimos exentos y deducciones.

A pesar del elevado ritmo de crecimiento de la economía española, la fiscalidad todavía actúa en el contexto de una lenta recuperación de las rentas familiares, minadas durante la crisis. Así, aún arrastran la destrucción de empleo que se produjo entre 2009 y 2012, y la caída moderada de los salarios en los últimos años:

Gráfico 1. Recuperación de la renta disponible. Ingresos brutos mensuales medios por grupos de edad.

Fuente: Elaboración propia, Encuesta de Condiciones de Vida INE. En euros corrientes.

Los datos más recientes, correspondientes a 2016, revelan que la única cohorte de población que no ha perdido renta disponible ha sido la de los jubilados. Por el contrario, las familias con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años (lo que conocemos como población en edad de trabajar) todavía hoy no han alcanzado los niveles de renta pre-crisis, con una reducción de sus ingresos en torno al 8%. Esta caída ha mermado en gran medida las bases imponibles sobre las que se aplican los impuestos, especialmente en el caso de las rentas del trabajo. Así puede verse en el Gráfico 1, que muestra un claro desplazamiento de la distribución de ingresos hacia niveles más bajos. Subir los impuestos mientras disminuyen los sueldos se traduce en un repunte del esfuerzo fiscal que soportan los contribuyentes españoles.

Lo reflejan en términos agregados las bases imponibles del IRPF y el Impuesto de Sociedades. Por ejemplo, la del IRPF creció de 490.000 a 590.000 millones de euros entre 2006 y 2008, pero en 2015 no alcanzaba los 570.000 millones y, en 2013, llegó a situarse por debajo de los 550.000 millones. A cierre de 2017, se cifra en 607.000 millones nominales, máximo histórico.

Gráfico 2. Evolución de la base imponible del IRPF (millones de euros)

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Mensual de la Agencia Tributaria

En el caso del Impuesto de Sociedades, su base imponible llegó a 160.000 millones de euros antes de la crisis, pero ahora apenas se mueve por encima de los 100.000 millones de euros, un descenso aun más significativo que el que registró el IRPF. No obstante, se está recuperando de forma gradual, conforme lo hacen los beneficios de las empresas nacionales, en buena medida gracias a la contribución de las grandes multinacionales con sede en España, teniendo en cuenta los efectos fiscales de las medidas aprobadas en julio de 2017, que elevaban los pagos a cuenta del impuesto.

Gráfico 3. Evolución de la base imponible del Impuesto de Sociedades (millones euros)

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Mensual de la Agencia Tributaria

Por otro lado, si atendemos al IVA, también nos encontramos con un escenario similar. El pico se aproximó a los 490.000 millones de euros, mientras que el valle se colocó por debajo de los 370.000 millones. En la actualidad, la base imponible no llega a los 425.000 millones. En el caso de los Impuestos Especiales, su base imponible tocó techo entre 2012 y 2013, rebasando la barrera de los 80.000 millones de euros. En la actualidad, se encuentra por debajo de los 75.000 millones.

Gráfico 4. Evolución de la base imponible del IVA

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Mensual de la Agencia Tributaria

Gráfico 5. Evolución de la base imponible de los Impuestos Especiales

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Mensual de la Agencia Tributaria

Con los últimos datos de Recaudación Tributaria provisionales al cierre de 2017, puede verse cómo la recaudación se sitúa en términos nominales en máximos de la serie histórica. En resumen, salvo el Impuesto de Sociedades, el resto de los gravámenes han mejorado sustancialmente los ingresos tributarios en el último año, situándose en cotas históricas de recaudación. En este sentido, la recaudación total está creciendo por encima del PIB nominal (+6,5% interanual frente a un 4%).

Por último, el incremento de los ingresos públicos en los principales impuestos también puede encontrarse en las cuentas de la Seguridad Social. La recaudación por cotizaciones está aumentando al 5,5% interanual, lo que supone un despegue tras casi diez años de estancamiento por debajo de los 120.000 millones de euros. Es el tributo que más recauda en España para atender los compromisos por pensiones, los cuales se incrementan por encima del 3% interanual cada año, bajo un déficit de 18.800 millones de euros, el mayor de su historia.

Gráfico 6. Evolución de la recaudación por Cotizaciones y gasto en pensiones (en miles de euros)

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Mensual de la Agencia Tributaria
Qué cuña fiscal soportan los trabajadores

Analizada la evolución de las bases imponibles del IRPF, si consideramos los cambios en el número de cotizantes, podemos cuantificar el peso real de los impuestos al trabajo en España. Este indicador se conoce como “cuña fiscal”. Desde 2016, el Día de la Liberación Fiscal recoge cálculos ajustados a las distintas casuísticas que enfrentan los contribuyentes según su grupo de edad. Como los niveles de renta experimentan variaciones a lo largo de nuestra vida, es necesario tener en cuenta dichas fluctuaciones, a fin de obtener conclusiones más cercanas a la realidad.

Siguiendo la metodología desarrollada en las ediciones anteriores, y de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los deciles salariales del empleo y la Encuesta de Estructura Salarial, la población ocupada en España se divide en tres grandes tramos:

(i) Los deciles 1, 2 y 3 son las rentas bajas. Se componen de aquellos asalariados que ganan menos de 1.221,10 euros brutos al mes. Son el 30% de la población ocupada.

(ii) Los deciles 4, 5, 6 y 7 son las rentas medias. Integran este grupo los asalariados con ingresos de entre 1.221,11 y 2.173,50 euros brutos mensuales. Suponen el 40% de la población empleada.

(iii) Los deciles 8, 9 y 10 son las rentas altas. Aquí entran los trabajadores que cobran más de 2.173,51 euros. Este grupo supone otro 30% de la población ocupada.

Partiendo de esta distribución salarial, clasificaremos a la población en cuatro grandes grupos de edad (conocidos como cohortes). Los tramos elegidos abarcan de 16 a 29 años, 30 a 44 años, 45 a 64 años y más de 65 años. A cada una de estas generaciones de trabajadores, les asignaremos el salario bruto medio correspondiente, con arreglo a los datos de renta media por hogar reflejados en la Encuesta de Estructura Salarial (últimos datos disponibles de 2016, publicados en 2017). En primer lugar, aplicamos el cálculo de la “cuña fiscal” al supuesto de un contribuyente que no tiene cargas familiares. De esta forma, llegamos a una primera estimación representativa. En el siguiente capítulo, se detalla el alcance de los impuestos al trabajo para las familias. Considerando los supuestos de uno y dos hijos, obtenemos una representación más fiel del impacto de los tributos en España.

Tabla 1. Base liquidable media del IRPF

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE y AEAT

Tal y como establece la legislación tributaria nacida de la reforma fiscal de 2015, el cálculo de la base liquidable contiene distintas reducciones en base. Por un lado, está la “reducción por rendimientos del trabajo” (ahora denominada “gastos deducibles”), que cae a 2.000 euros cuando el rendimiento neto supera los 14.450 euros. Por otro, el “mínimo personal exento” de pagar IRPF, fijado en la actualidad en 5.550 euros, incrementado en el caso de los mayores de 65 años. Además, también hay que contemplar las cotizaciones sociales que corren a cargo del trabajador, que figuran como un gasto deducible para evitar la doble imposición, y que alcanzan hasta un máximo de 2.486 euros anuales.

Hasta aquí hemos visto el impacto más directo que tienen el IRPF y las cotizaciones sociales sobre la nómina de los trabajadores. No obstante, como apuntábamos en el primer capítulo del informe, es necesario tener en cuenta la cotización que asume la empresa en beneficio del trabajador, la cual esconde el coste laboral bruto de cada puesto de trabajo. Su cálculo viene reflejado en la siguiente tabla.

Tabla 2. Cotizaciones Sociales y Coste Laboral bruto

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE y AEAT

Establecidas las bases que se aplican en IRPF y cotizaciones sociales, se calcula la presión fiscal de los costes laborales, en términos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre las tarifas vigentes:

En el último año no se han producido cambios en los tipos impositivos, pero sí en algunos tramos y en deducciones en cuota, los cuales analizaremos más adelante en el estudio autonómico.

A partir de todos estos datos, es posible determinar la “cuña fiscal” en España, es decir, el peso real de los impuestos al trabajo en términos promedio antes de aplicar las escalas autonómicas. El resultado es el siguiente:

Tabla 3. Cuña fiscal sobre el trabajo en España para 2018

Fuente: Elaboración propia

Esto significa que los jóvenes de entre 16 y 29 años cobran 64,11 euros por cada 100 euros de coste laboral, lo que les hace soportar una “cuña fiscal” del 35,89%. Para trabajadores de 30 a 44 años, el IRPF y las cotizaciones suponen que 100 euros pagados por empresa y trabajador se quedan en 62,50 euros de retribución efectiva, lo que equivale a una “cuña fiscal” del 37,50%. Los ocupados de entre 45 y 64 años (edad media de la población) retienen apenas 61,66 euros de cada 100 abonados por la empresa para emplearlos, es decir, una “cuña fiscal” del 38,34%. Finalmente, entre los mayores de 65 años, la fiscalidad directa supone que, de cada 100 euros, se perciban aproximadamente 88 de forma efectiva. En este caso, la “cuña fiscal” alcanza el 12,03%, dada la ausencia de presión fiscal que implican las Cotizaciones Sociales.

Gráfico 7. Cuña fiscal (%) para un contribuyente sin hijos, por grupos de edad (años)

Fuente: Elaboración propia. En porcentaje del coste laboral
La fiscalidad de las familias

Hasta aquí hemos partido del supuesto de un contribuyente sin familia, es decir, que ni está casado ni tiene hijos. Ahora calculamos la “cuña fiscal” que enfrentan los hogares españoles con uno o dos descendientes. En primer lugar, cuantificamos la base liquidable media del IRPF para un contribuyente (cabeza de familia) con un hijo:

Tabla 4. Familias con un hijo. Base liquidable media del IRPF

Fuente: Elaboración propia

A partir de estos datos, podemos determinar a cuánto asciende la “cuña fiscal” que soportan las familias españolas con un descendiente, teniendo en cuenta que un hijo a cargo (el que vive con los padres y no percibe rentas) desgrava hasta que cumpla 25 años. El resultado, reflejado en la tabla 5, arroja niveles de imposición que van del 34,98% al 37,52% en la población en edad de trabajar. En este sentido, tener un hijo “suaviza” en casi un punto porcentual la “cuña fiscal” entre los contribuyentes de 16 a 64 años. Esto se deja sentir en el IRPF, pero, en cambio, las cotizaciones sociales no discriminan por cargas familiares, lo que distorsiona los incentivos por tener hijos que introduce el IRPF.

Tabla 5. Cuña fiscal para familias con un hijo

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8. Cuña fiscal para familias con un hijo

Fuente: Elaboración propia

¿Y qué hay de las unidades familiares con dos hijos? Para obtener esta fotografía, vuelve a ser necesario calcular primero la base liquidable media del IRPF, para después determinar el alcance de los impuestos al trabajo en términos monetarios y porcentuales. El resultado viene contenido en la siguiente tabla:

Tabla 6. Familias con dos hijos. Base liquidable media del IRPF

Fuente: Elaboración propia

A continuación, estimamos la “cuña fiscal” para las declaraciones de las familias con dos hijos (declaración individual). Como refleja la siguiente tabla, este indicador oscila entre el 33,96% y el 36,61% en la población en edad de trabajar. Así, tener un segundo hijo rebaja, de media, un punto porcentual en cada cohorte de población. Pero lo más llamativo es el efecto que tiene en las familias a partir de 65 años. Con una población que va envejeciendo a marchas forzadas, el sistema fiscal sobre las rentas del trabajo (IRPF + Cotizaciones) otorga mayor rebaja por tener hijos a los padres maduros que a los jóvenes. Concretamente, en el caso de una familia en la cohorte de edad de más de 65 años con dos hijos a cargo, la reducción en cuña fiscal respecto a la que tiene sólo uno es de, prácticamente, 1,2 puntos, mientras que, en la cohorte media de la población (45-64 años), la rebaja únicamente sería de 0,82 puntos.

Por tanto, la fiscalidad de las rentas del trabajo genera el incentivo contrario al que busca la política económica. A pesar del proceso de envejecimiento demográfico y de la necesidad de políticas de estímulo de la natalidad, el sistema fiscal, en vez de incentivar proporcionalmente a las familias más jóvenes, premia una tenencia de hijos más tardía y en familias más envejecidas.

Tabla 7. Cuña fiscal para familias con dos hijos

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 9. Cuña fiscal para familias con dos hijos

Fuente: Elaboración propia

La progresividad de la “cuña fiscal” se distribuye así entre las familias:

Gráfico 10. Progresividad de la cuña fiscal para un contribuyente sin hijos

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 11. Progresividad para un contribuyente con un hijo

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 12. Progresividad para un contribuyente con dos hijos

Fuente: Elaboración propia

TABLA RESUMEN

Las gráficas anteriores muestran que la progresividad del sistema carga un esfuerzo adicional diferencial entre las rentas medias y las rentas bajas. Las cotizaciones sociales suponen el grueso de la “cuña fiscal”, lo que explica que, a pesar de los distintos tipos de IRPF, no haya diferencias muy pronunciadas al estimar el peso real de los impuestos según grupos de edad y nivel de renta.

En esta cuestión no solamente importan los tipos que se fijan en las cotizaciones, sino que también es preciso abordar la cuestión de los mínimos y máximos de sus bases. Un licenciado o titulado superior soporta un mínimo en su base de cotización de 1.199,10 euros, mientras que el máximo para todas las categorías profesionales es de 3.751,20 euros. En consecuencia, un sueldo bruto de más de 52.516,80 euros al año en 14 pagas (coste laboral total de 68.219,32 euros) paga una cuota fija de 15.702,52 euros anuales.

En la distribución de población por cohortes, el individuo medio de cada grupo de edad se encuentra dentro de los máximos y mínimos anteriores. Sin embargo, las sub-distribuciones de cada uno de los grupos de edad muestra a un número reducido de contribuyentes que sí sobrepasa el límite máximo, y en los que, por tanto, la progresividad se reduce considerablemente. Una buena parte de estos individuos que superan el tope de cotización son altos funcionarios que contribuyen a un sistema privado, o directivos que cuentan con seguros que no dependen del sistema público de Seguridad Social.

La cuña fiscal en el mundo

La “cuña fiscal” que soporta el contribuyente español se sitúa entre las más altas de los países desarrollados. Así lo acredita Taxing Wages, el informe anual que publica la OCDE sobre los impuestos al trabajo. De acuerdo con dicho estudio, la “cuña fiscal” (de un sueldo medio bruto sin aplicar mínimo personal en el contribuyente sin hijos ni los mínimos por descendientes) es un 6,8% más elevada en España que en la media de las economías desarrolladas: 38,34% en nuestro caso para 2016; 35,9% en el promedio de la OCDE. Para el contribuyente con dos hijos, la presión fiscal total sobre el salario se reduce en España hasta el 33,9%, frente al 26,1% de la media de la OCDE, lo que supone bajar un puesto respecto a 2015 en el ranking de los países con una mayor imposición sobre el trabajo. La siguiente gráfica permite comprobar la desventaja comparativa que sufren los contribuyentes de nuestro país:

Gráfico 13. Cuña fiscal en la OCDE para contribuyente sin hijos (% de costes laborales)

Fuente: OCDE

Solamente 14 de los 34 economías desarrolladas que integran la OCDE tienen una “cuña fiscal” más alta que la de España, lo que implica que 20 de los países analizados mantienen unos gravámenes al trabajo más reducidos. No se sostiene, por tanto, el mito de que España es un país de impuestos bajos.

Gráfico 14. Cuña fiscal en la OCDE para contribuyente con dos hijos (porcentaje de los costes laborales)

Fuente: OCDE

Al menos, el esfuerzo tributario que asumen las rentas del trabajo se ha reducido entre 2015 y 2018, de manera que un contribuyente de declaración individual y sin hijos paga ahora 1,4 puntos porcentuales menos que antes de las rebajas fiscales aprobadas en 2015.

El impacto del IVA en nuestros bolsillos

Además de los impuestos sobre el trabajo, el contribuyente español soporta también el pago sistemático de una batería de tributos indirectos, entre los que destaca el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Dicho gravamen posee tres tramos diferenciados, que también han experimentado severas modificaciones al alza en los últimos años.

¿Cuál es el impacto del IVA en nuestros bolsillos? Para determinarlo, primero hay que conocer el gasto medio de los hogares, que viene reflejado en la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del INE. Asciende a 21.233,10 euros para el tramo de 16-29 años, 26.269,28 euros para 30-44 años, 31.000,40 euros para 45-64 años y 23.473,38 euros para mayores de 65 años. El grupo de edad lo marca el miembro sustentador del hogar (es decir, la persona de mayor sueldo).

De acuerdo con los datos de la EPF y de los cálculos de Kenn Garry Chua y Josep Pijoan-Mas, el 43,9% de ese gasto está sujeto al tipo general del 21%, mientras que el 33,6% lleva la imposición del 10%; el 13,6%, la del 4%; y el 8,9% restante corresponde a gastos que no comportan el cobro de IVA.

Tabla 8. Gasto en IVA de los hogares

Fuente: Elaboración propia a partir de EPF, Kenn Garry Chua y Josep Pijoan-Mas

Tabla 9. Gasto medio en consumo final por persona

Fuente: Elaboración propia

La presión fiscal efectiva ligada al IVA se mueve por encima del 13% en todos los grupos de edad, sin grandes modificaciones incluso tomando en consideración las diferencias de ingresos. Esto es así porque el IVA se trata de un gravamen en el que no se observa progresividad según nivel de renta, al no haber mínimos exentos ni tipos diferenciados. Por este motivo, siempre se habla del IVA como del impuesto regresivo por excelencia. El pago de IVA se traduce en el desembolso anual de entre 2.786 y 4.068 euros, según los distintos tipos de hogares analizados.

Si consideramos el IVA por persona en vez de por hogar, nos encontramos con que el tramo de entre 16 y 29 años dedica a este gravamen más que el de 30 a 44 años (1.328,71 frente a 1.259,26 euros). Para las generaciones de entre 45 y 64 años, hablamos de un pago anual total de IVA de 1.429,61 euros. Entre los mayores de 65 años, este tributo supone 1.616,17 euros al año.

Gráfico 15. Pago anual de IVA por hogar

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 16. Pago anual de IVA por persona (según grupos de edad)

Fuente: Elaboración propia
Día de la liberación fiscal

Visto todo lo anterior, determinar el Día de la Liberación Fiscal consiste en expresar la cantidad total de impuestos que paga un contribuyente en España, traducida al número de días que necesita para generar renta y hacer frente a todas sus obligaciones tributarias. Este estudio, que realiza anualmente Civismo, engloba los cálculos ya detallados para IRPF, cotizaciones sociales e IVA. Además, se considera el impacto medio de gravámenes como el IBI, el Impuesto de Patrimonio, el de matriculación, etc.

En 2018, el Día de la Liberación Fiscal llega el 27 de junio, lo que supone una jornada de adelanto respecto a 2017. Se celebra, por tanto, cuatro días antes de la fecha límite de presentación de la Declaración del IRPF para los contribuyentes que no hacen domiciliación bancaria y cuyo balance salió “a devolver”.

Tabla 10. Día de la Liberación Fiscal en España

Fuente: Elaboración propia

 Los Impuestos Especiales (II.EE) suponen una carga que se computa como homogénea de 1.077,44€ por persona y año, según los últimos datos de Recaudación Tributaria de cierre de 2016. Por último, el resto de impuestos estatales, autonómicos y municipales (IBI, Patrimonio, Sucesiones, ITP y AJD, entre otros) representan el resto de tributos pagados por las personas físicas. Así, el contribuyente medio dedica 177 jornadas de sueldo a pagar impuestos, con la siguiente distribución: 102 días destinados a las cotizaciones sociales; 35, a cumplir con el IRPF; 25, a abonar el IVA; 11, a contribuir por Impuestos Especiales; y 5, a otros gravámenes (IBI, Patrimonio, Matriculación…). 

Gráfico 17. Peso de los distintos impuestos en el Día de la Liberación Fiscal

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 18. Evolución del Día de la Liberación Fiscal 2002-2018

Fuente: Elaboración propia
El mapa de los impuestos en España

Gráfico 19. Día de la Liberación Fiscal por CC.AA en 2018 (Contribuyente sin hijos)

Fuente: Elaboración propia

Tal como se señalaba al principio del informe, en 2018 no se han producido cambios significativos en los principales impuestos. Prescindiendo de variaciones menores, las únicas relevantes a efectos de fiscalidad real efectiva son las reducciones impositivas aprobadas en Extremadura sobre el tramo autonómico del IRPF (de un punto en el primer tramo hasta 12.450 euros), las modificaciones del tramo autonómico del IRPF en La Rioja, que suponen una menor presión fiscal sobre las rentas del trabajo (0,4 puntos menos en el segundo y tercer tramo, y 0,2 puntos en el cuarto marginal hasta 35.200 euros), junto a rebajas del Impuesto sobre el Patrimonio (se amplía la bonificación en cuota íntegra hasta el 75%, acercándose al 100% de la Comunidad de Madrid) y sobre el de Sucesiones y Donaciones. Por último, se aplican dos subidas importantes de los impuestos en Navarra: una en los tipos del ahorro (que, a efectos del Día de la Liberación Fiscal, no se computan), y la imposición de Sucesiones y Donaciones para cónyuges y parentesco de primer grado.

Esta reforma sitúa a Navarra como la única región española donde cónyuges, padres e hijos pagan Sucesiones, incluso aunque prácticamente se mantenga la exención total sobre la empresa familiar. Estos cambios van justo en la dirección contraria a la de siete regiones, en las cuales, en este ejercicio 2018, han ampliado el tratamiento favorable a las herencias y donaciones de parentesco colateral (tíos, sobrinos, primos…). Incluso en Andalucía, donde la oposición a bajar este impuesto ha sido férrea por parte del Gobierno autonómico.

Habrá que esperar a 2019 para evaluar los efectos de estas medidas, en términos de recaudación y de impacto sobre las finanzas familiares, tanto de aquellas que favorecen reducir la carga tributaria, como de las de Navarra.

Sin modificaciones en IVA, II.EE y en Cotizaciones a la Seguridad Social (aunque se ha producido una subida de las bases máximas y mínimas de cotización, los salarios escogidos se hallan dentro de este rango), el resto de los tributos autonómicos y municipales arrojan pocas novedades con respecto al panorama de 2017.

Cuánto recibimos del Estado

El análisis de la fiscalidad y su influencia sobre las familias no quedaría completo si no se introduce la variable del gasto público, es decir, si no se compara cuántos impuestos se pagan y cuánto se recibe del Estado en forma de servicios públicos. A este respecto, el análisis parte de la metodología desarrollada por Levell, Roantree y Shaw (IFS, 2015) , en la cual evalúan el pago de impuestos de un contribuyente de Reino Unido a lo largo de su vida y los beneficios procedentes de políticas de gasto público, en ese mismo periodo. Los autores concluyen que, si se contempla a la persona durante su ciclo vital completo, sólo un 7% de los ciudadanos recibe más beneficios del Estado que impuestos paga. Si la comparación se realiza entre individuos de la misma cohorte de población, el porcentaje de beneficiarios netos de prestaciones públicas se eleva al 36%.

Se trata de un trabajo enfocado hacia el estudio de la distribución de la renta de forma temporal, y los autores ofrecen varias claves interesantes, las cuales se van a aplicar al caso de España en los próximos epígrafes. Observan claramente cómo sólo el 22% de los individuos considerados “pobres” siguen en esa categoría a lo largo de su vida, mientras que el porcentaje de “ricos” que lo son siempre asciende al 35%. De ahí se deduce que la redistribución de la renta mediante el sistema fiscal no es eficaz a lo largo del ciclo de vida, sino sólo en momentos puntuales, dado que las transferencias de renta se dan mayoritariamente entre las mismas personas con distintas edades y en momentos diferentes del tiempo.

Dicho de otra forma, según este estudio, los impuestos que los contribuyentes pagan hoy se compensarían con las prestaciones sociales que esas mismas personas recibirán más adelante. En concreto, la transferencia de renta más importante en forma de impuestos que financiarán los beneficios sociales del mañana es la jubilación o pensión pública. Por consiguiente, el sistema de pensiones se limita a mover recursos del presente al futuro, pero con resultados diferentes en función de las características del individuo.

En consecuencia, y siguiendo la metodología empírica de Levell, Roantree y Shaw, la evaluación de hasta qué punto el gasto público resulta “rentable” o no para un contribuyente español se compone de dos partes: por un lado, examinar la distribución y los principales rasgos del gasto público en España y, por otro, calcular la distribución de impuestos y gastos por cohortes de población, analizando qué ciudadanos reciben más o menos beneficios sociales respecto a lo que contribuyen, y los parámetros que definen el balance entre aportaciones y prestaciones.

La composición del gasto público en España: cuánto recibe cada español en términos totales

Con la maquinaria de los Presupuestos Generales del Estado en funcionamiento para aprobar los de este 2018, el crecimiento económico y la estabilidad en los mercados de deuda pública están actuando como caldo de cultivo para un aumento generalizado del gasto público. Ni siquiera la necesidad de cuadrar las cuentas públicas y de alcanzar los objetivos de déficit pactados con la Comisión Europea impiden que los Gobiernos regionales y el propio Estado Central vuelvan a poner en marcha planes de gasto para los próximos años.

Con los últimos datos revisados por la Oficina de Estadísticas de Europa Eurostat, correspondientes a 2016, y siguiendo su metodología de gasto funcional, España dedica anualmente hasta 42,2 euros de cada 100 euros de riqueza interna (PIB) a gasto público, lo que supone aproximadamente 472.000 millones de euros anuales para sostener una estructura compuesta fundamentalmente por el sistema de Estado del Bienestar (alrededor de 315.000 millones, o el 28,1% del PIB), el ordenamiento básico del Estado (8,6% del PIB), los gastos ordinarios de las Administraciones Públicas (6,1% del PIB), y otros gastos (8% de PIB).

Desde el comienzo de la crisis económica en 2008, el sector público español ha elevado su gasto en más de 12.644 millones de euros, sin contar con las ayudas públicas concedidas para el rescate de las Cajas de Ahorros en 2012, que finalmente fueron computadas como gasto (y, por ende, como deuda) dentro del déficit público. Esta subida fue aun mayor hasta 2012, cuando, por primera vez, la ratio de gasto público sobre PIB volvió a situarse en el 48%, un nivel que no se alcanzaba en décadas, y muy cercano a la barrera del 50%, la cual caracteriza a una economía en la que tiene más peso el sector público que el privado. Sin embargo, a partir de 2012, el escenario ha estado dominado por planes de ajuste presupuestario, con el objetivo de reducir los excesivos déficits de la mayor parte de los países de la Eurozona, lo que afecta a España. De esta forma, la aplicación de programas de fuerte expansión del gasto público (como fue el “Plan E”) y la escalada del desempleo dieron lugar a grandes recortes en capítulos como subvenciones y promoción cultural, inversión en obra civil o conservación del patrimonio histórico y medio ambiente y, por otro lado, a importantes incrementos en partidas como la de intereses de la deuda, protección social o la del gasto en pensiones. 

Crisis económica aparte, la estructura del gasto público en España es muy peculiar por la fuerte dispersión de la Administración Pública y el consiguiente reparto del poder de decisión en materia de gasto. Nuestro país es uno de los más descentralizados de Europa, y el peso del Estado del Bienestar (la suma del gasto en sanidad, educación, pensiones y ayudas sociales), de los más altos entre las principales economías de la Eurozona. Esto hace que la capilaridad del gasto público sea mayor, pero también dificulta el control cuando se aplican políticas de reducción del déficit público.

Protección social (16,8% del PIB)

Se trata del gasto más importante del sector público español, con una enorme diferencia respecto al resto. Se compone de las pensiones (alrededor de 120.000 millones de euros), las prestaciones por desempleo (en torno a 20.000 millones de euros), y el resto se reparte entre ayudas sociales y otros gastos de apoyo a rentas bajas y coberturas no contributivas. Es, además, la partida que, previsiblemente, más subirá en los próximos años, debido al fenómeno del envejecimiento y la longevidad, que ya están haciendo crecer el desembolso en pensiones más de un 3% anual.

El otro componente –seguro de desempleo– se está reduciendo de forma acelerada gracias a la generación de trabajo y, por consiguiente, de la disminución del paro, que, desde el tercer trimestre de 2013, se está verificando a buen ritmo. Éste, que constituye uno de los estabilizadores automáticos más relevantes (gastos que crecen en períodos de recesión), volverá a niveles precrisis en 2018.

Gastos ordinarios (6,1% del PIB)

Esta categoría engloba el mantenimiento básico de la Administración Pública, esencialmente los salarios de los empleados públicos, el coste ordinario de los Organismos Públicos, la manutención del Poder Legislativo y Ejecutivo (Parlamentos y Gobiernos, respectivamente) y la representación de España en el exterior a través de Embajadas, Consulados, Representaciones Permanentes y demás instituciones de corte diplomático. En este caso, más que por el efecto de la crisis, la partida crece conforme lo hace la nómina de las personas a sueldo de la Administración y sus presupuestos, en paralelo a la media de la Eurozona.

Sanidad (6% del PIB)

España ha pasado de ser el país que más gastaba en infraestructuras a uno de los que menos lo hacen. La partida de inversión pública es la que más recortes ha sufrido en los últimos años, hasta el punto de que, en 2016, era 16.221 millones de euros menor que la de 2008. De la misma manera se han comportado otras transferencias de capital, como las subvenciones a la agricultura, ganadería y pesca, cuyo sostenimiento depende íntegramente de la Política Agraria Comunitaria (PAC).

Educación (4% del PIB)

El gasto en Educación se ha mantenido prácticamente invariable en términos de PIB, por encima de los 40.000 millones de euros a lo largo de los años de crisis y hasta 2016. Sin embargo, la política presupuestaria de las Comunidades Autónomas ha dado prioridad a otras partidas, aumentando la deuda, por ejemplo, de las Universidades públicas, o congelando la dotación de nuevas infraestructuras tecnológicas para los centros de enseñanza.

Seguridad (1,9% del PIB)

La partida de Seguridad encuadra el mantenimiento de las infraestructuras institucionales básicas de España: seguridad interna (Policía, Guarda Civil y cuerpos policiales regionales y locales), el sistema de Prisiones y el Poder Judicial. España es de los países que más recursos destina a mantener el orden público frente a sus socios europeos, y su dotación prácticamente no ha variado a pesar de la crisis.

Subvenciones y Cultura (1,1% del PIB)

Se trata del capítulo de gasto más castigado, con una reducción acumulada de 7.000 millones de euros desde su máximo, registrado en 2010. En él, se incluye el dinero que las diversas Administraciones Públicas dedican a promoción cultural, financiación directa o indirecta de las confesiones religiosas, subvenciones al cine y a sufragar el coste de los medios de comunicación de titularidad pública.

Defensa (1% del PIB)

El presupuesto de una infraestructura institucional básica hacia el exterior, el Ejército, entra, con escasamente 11.000 millones, en el “top 3” de la cola del gasto público en España. Sin embargo, se trata de una de las partidas con una mayor probabilidad de incrementarse en los próximos años, dado el objetivo que exige la OTAN de destinar un 2% del PIB anual a defensa exterior.

Medio Ambiente (0,8% del PIB)

Este apartado es de los más extensos y heterogéneos, ya que abarca acciones como la conservación del patrimonio forestal (de titularidad pública), el mantenimiento de los Parques Naturales (sean Nacionales, autonómicos o reservas de carácter local), la recogida, procesamiento y gestión de residuos (competencia que, en este momento, ostentan las Diputaciones Provinciales y los Consejos de Alcaldes), la inversión en reducción de la contaminación, y las infraestructuras rurales, entre otros. Aunque apenas supone el 1% del PIB, la variación en los años de crisis no ha sido significativa.

Infraestructuras de vivienda (0,5% del PIB)

El último del ranking es el gasto en vivienda de protección oficial, ordenamiento urbanístico de los municipios, alumbrado de las calles, acometidas de agua, asfaltado de calles y otros desembolsos de competencia municipal. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y las restricciones severas impuestas por Hacienda a los Presupuestos municipales han reducido a la mitad los recursos destinados a esta partida.

Ésta es la fotografía de las principales partidas del gasto público en España. Sin embargo, no hay que confundir la dotación con efectividad, ni mucho menos con eficiencia. Que España gaste sobre PIB menos que otros países del entorno europeo no quiere decir que se consigan con menos eficacia los objetivos marcados por la política económica.

Comparar en términos de PIB presenta la ventaja de ofrecer una medida sencilla, pero puede resultar engañoso. La estructura productiva de España es muy diferente a la de sus socios comunitarios y, precisamente, la actual arquitectura de gasto refleja mejor las preferencias de los españoles, quienes anteponen tener asegurado un sistema de pensiones con sanidad universal a dedicar más dinero a cultura, subvenciones, defensa o, incluso, a aumentar el presupuesto en educación pública.

Gráfico 20. Distribución del gasto público en España (2016)

Fuente: Elaboración propia
Balance entre contribución y prestación. ¿Quién se beneficia más del Estado?

Una vez vista la distribución del gasto público en España, se pasa a determinar el valor económico de los servicios públicos recibidos por cada ciudadano, en función de la cohorte de población donde se encuentra. Se calcula tomando en consideración la distribución demográfica de España, con datos del último Censo disponible, y la demanda de servicios públicos como sanidad y educación, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares.

Gráfico 21. Gasto público recibido por individuo por cohortes de población

Fuente: Elaboración propia

Como puede verse en el gráfico, el principal beneficio público que percibe un contribuyente es la pensión pública en el momento de su jubilación (15.454 euros anuales a precios corrientes), seguido del gasto sanitario (1.919,68 euros). En la cohorte de población donde se sitúa la edad media de la población (entre 45 y 64 años), los tres beneficios sociales más importantes son la educación (1.624,25 euros anuales), seguida de los servicios públicos (1.461,84 euros anuales) y la sanidad (1.451,47 euros anuales). Detrás se sitúan otros gastos, como la protección social (prestación por desempleo, complementos de rentas y ayudas familiares, que ascienden a 1.134,59 euros anuales), o la inversión pública (946,66 euros), entre otros.

Para las cohortes más jóvenes, los gastos más relevantes son los relativos al funcionamiento de los servicios públicos, seguidos de la sanidad y la protección social. Por tanto, conforme la edad avanza, crece la percepción de beneficios sociales, hasta incrementarse de forma exponencial con la llegada de la edad de jubilación. Concretamente, el valor económico de lo recibido por una persona se más que triplica, pasando de 6.934,42 euros nominales en la cohorte de 16 a 29 años hasta los 22.388,80 euros a partir de los 65 años. En cuanto a los impuestos pagados, la distribución es la siguiente, a partir del cálculo realizado en epígrafes anteriores para saber el número de días de salario bruto empleados en pagar impuestos cada año: 

Gráfico 22. Impuestos pagados por individuo y cohorte de población

Fuente: Elaboración propia

El máximo pago de impuestos (15.662,24 euros) se produce en la edad laboral madura del individuo, ya que soporta una carga por cotizaciones sociales que supone dos tercios del total de los impuestos pagados. El “pico” se produce en el pago, sobre todo, de IRPF, Impuestos Especiales, autonómicos y municipales. Conforme llega la edad de jubilación, los tributos abonados caen dramáticamente, hasta cifrarse, para el individuo tipo contemplado en este estudio, en 4.620,31 euros. El único impuesto que incrementa su presión nominal sobre los jubilados es el IVA, dado que la demanda se desplaza de bienes de inversión (no gravados con IVA) a bienes de consumo (que sí lo soportan, sobre todo, al tipo reducido del 10% y al general del 21%). Finalmente, el total de impuestos pagados y de gasto recibido es el siguiente:

Gráfico 23. Balance entre impuestos pagados y gasto público percibido por cohorte

Fuente: Elaboración propia

Por tanto, a la luz de la evidencia empírica para España, menos de un quinto de los contribuyentes reciben más de lo que han aportado al Estado, mientras que prácticamente el 80% paga más de lo que percibe hasta la edad de jubilación. En este sentido, el factor que hace que cambie el balance entre impuestos y beneficios públicos obtenidos es la acción del sistema público de pensiones. Éste explica por sí mismo el 70% de la diferencia entre impuestos pagados y prestaciones recibidas para la población en edad de trabajar.

Dicho de otra forma: los trabajadores, tanto de forma directa como indirecta (la cotización que abona el empleador), aceptan pagar durante 35 años (carrera de cotización tipo) entre 3.515,33 euros anuales (en edad laboral temprana) y 7.775,23 euros anuales (en edad laboral adulta) por encima de lo percibido en servicios públicos, para luego recibir un beneficio neto en forma de pensión, sanidad y dependencia por importe de 17.768,49 euros anuales durante 20 años.

En el fondo, lo que están haciendo los trabajadores es redistribuir su renta a lo largo del tiempo, sacrificando ingresos en el presente para disfrutar de ellos en el futuro, a cambio de una rentabilidad implícita en términos de seguridad o confianza en que el Estado siempre pagará dicha pensión. Sin embargo, esta transferencia inter-temporal de recursos está sometida a diversas incertidumbres que el ciudadano no controla:

(i) Subidas de los tipos y de las bases de cotización

(ii) Modificaciones de los derechos consolidados de pensiones debido a factores demográficos, laborales o políticos (bajada de la tasa de sustitución, factor de sostenibilidad, indexación al IPC, evolución de los salarios, de la relación cotizantes-pensionistas…)

Por ello, la rentabilidad de pagar impuestos en España va a depender, por un lado, del valor neto actual de las pensiones devengadas y a cobrar a partir de los 65 años hasta la esperanza de vida actual (85 años de media) y, por otro, del valor esperado de las contribuciones, tanto del empleador como del empleado hasta la fecha de jubilación.

En una carrera como las actuales de cotización, de 35 años, con bases promedio en torno al salario mediano por cohorte de población, tal y como se usa en este estudio, y tomando los últimos 25 años para elaborar el cálculo de la pensión, es difícil recuperar en las dos décadas que se vive tras la jubilación todo lo pagado, tanto por empresario como por trabajador. Para equilibrar contribuciones y prestaciones en términos inter-temporales en una cuantía en torno a los 300.00 euros a los 65 años, habría que usar un índice de revalorización de las pensiones (IRP) del 1%, lo cual está ciertamente alejado de la realidad, dada la tasa de inflación del promedio histórico.

Sin embargo, los jubilados actuales que hayan tenido cotizaciones más bajas sí disfrutan de una pensión pública ciertamente generosa, y que les devuelve mucho más de lo cotizado. Por ejemplo, a un jubilado que cotizó por la base más alta de toda su carrera durante los últimos 15 años de vida laboral, el sistema público de reparto le habrá pagado, por un importe de 158.237,92 euros, todo lo cotizado a valor actual (tanto por él como por la empresa) a los 11 años de estar jubilado, es decir, cuando cumpla 76 años. La cifra que recibirá hasta su muerte, bajo un índice de revalorización anual del 2%, se multiplicará hasta casi los 300.000 euros.

Gráfico 24. Evolución de la pensión media bajo IRP

Fuente: Elaboración propia

En resumen, una persona recibe más dinero del Estado del que ha pagado en función de cuál sea la cuantía de la pensión pública que perciba en el futuro y de la evolución de las cotizaciones abonadas durante su vida laboral. Excluyendo el sistema de Seguridad Social, el pago de impuestos no sale rentable para más del 80% de los contribuyentes en edad laboral.

Conclusión

Este estudio muestra un balance empírico de los impuestos que una familia paga en España y los beneficios sociales que obtiene a cambio de dicha aportación al Estado. A medida que fenómenos como el de la longevidad avanzan, los beneficios del sistema público disminuyen, mientras que el coste en términos de impuestos aumenta. Por ello, junto a la necesidad de reformas que impulsen la competitividad y la productividad de la economía española, hay que articular mecanismos complementarios que alivien la carga fiscal en la vida laboral y eviten una situación de irreversible pérdida de valor de los servicios públicos. En este sentido, el balance entre impuestos pagados y ganancias recibidas mejorará si se obtienen recursos suficientes por vías no impositivas, a fin de no perjudicar la capacidad de crecimiento de la economía española.


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