Pablo Casado ha planteado un cambio de la fiscalidad del ahorro para la jubilación. Ésta es una cuestión clave que, desde la reforma fiscal de 2015, permanece acallada. Salvo en el País Vasco, donde existen las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), los españoles sólo disponen de los fondos de pensiones como alternativa para tener un ahorro incentivado fiscalmente, paralelo a su pensión.
Ni PP ni PSOE han abordado esto en serio hasta hoy. Los remilgos del PSOE, que un día se hacía un plan de pensiones (Solbes, 1995) y 11 años después les reducía las ventajas (Solbes, 2006), crearon una zona de sombra a la que los españoles eran conducidos como un rebaño: los fondos de pensiones.
Muy pronto fueron estigmatizados como un mecanismo de planificación fiscal de los asalariados con rentas altas. Y no se hizo esfuerzo por corregirlo. Al contrario, en el camino desaparecieron los incentivos para constituir fondos de empresas, se redujo el techo de la deducción y se endureció la tributación a la hora de rescatarlos, desapareciendo la reducción del 40% de la que gozaron hasta 2007.
Los estudios, principalmente el de los profesores Pablo Fernández y Juan Fernández Acín, del Iese, señalan que los fondos españoles arrojan una bajísima rentabilidad (en 15 años no llegan a la mitad que un bono) por sus elevadas comisiones y pobre gestión. ¿Cómo es posible que un fondo de pensión español rente de media un 2,11% anual en los últimos 15 años y uno chileno, por ejemplo, entregue un 6% anual en igual periodo?
Una de las razones es el mal diseño institucional, la falta de competencia dentro del mercado de fondos como con otros productos que, si contaran con el mismo beneficio fiscal, podrían ser más atractivos. A la clase política esto le ha importado poco. Total, los afectados eran lo que se denomina «ricos».
La propuesta inicial de Casado es simple, consiste en extender la deducción en la base del IRPF (actualmente 8.000 euros o hasta un 30% de la base imponible) a todos los productos que puedan considerarse ahorro para la jubilación y eximirlos de tributar a la hora de cobrarlos. Es decir, usted puede ahorrar comprando su vivienda habitual, unas acciones, constituyendo depósitos, y siempre que los destine a completar su pensión futura podrá deducirse hasta el límite y no pagará impuestos por la ganancia patrimonial futura.
Si esta idea es plasmada con inteligencia, podríamos estar ante una revolución fiscal en el tratamiento del ahorro a largo plazo en España. El ahorro es beneficioso, repercute en el crecimiento, y nuestro sistema tributario no sólo no lo premia, sino que lo penaliza. Ya la propuesta de reforma fiscal de Manuel Lagares en 2014, que Montoro desoyó, abogaba por extender el beneficio fiscal de los fondos de pensiones a ciertos depósitos bancarios.
La medida, además, señala el fin del fallido modelo de fondos de pensiones españoles. La banca y los gestores tendrán que ser mucho más imaginativos a la hora de crear, sobre esta arquitectura, nuevos productos financieros que se adapten a las necesidades de una sociedad que ha envejecido rápido.