El Grupo Socialista del Parlamento Europeo intenta sacar adelante una propuesta cuyo objetivo es obligar a todos los estados miembros de la Unión a establecer un salario mínimo, que debería alcanzar, al menos, el 60% del salario mediano del país (es decir, el que se encuentra en el centro de la distribución estadística). Parece que, afortunadamente, se deja a un lado —aunque no se descarta por completo para el futuro— la absurda idea de que se fije un salario mínimo común para todos los trabajadores europeos. Pero los argumentos con los que se trata de justificar esta propuesta, por moderada que parezca, siguen sin resultar convincentes. Por una parte, se insiste en la idea de que las clases populares se han visto muy afectadas por la crisis a lo largo de los 10 últimos años, lo cual es muy discutible atendiendo a las estadísticas y reparando en el dato de que el gasto social se ha mantenido siempre, y ahora está por encima de cuando Zapatero abandonó la Moncloa. De otro lado, se postula que un salario mínimo más elevado y extendido a los países en los que hoy no existe ayudaría a conseguir este objetivo. Puede sonar bien, pero lo malo es que tal medida en nada garantiza una mejor situación a los trabajadores de menores ingresos, especialmente si uno de sus efectos es una tasa de paro más elevada en el grupo de empleados de menor productividad.
El segundo argumento se basa en la idea de que una medida como esta ayudaría a combatir lo que suele denominarse “dumping social”, es decir, que las empresas que se localizan en naciones en las que los salarios son más bajos desplazan de los mercados a las empresas situadas en países de salarios más elevados. Pero la idea tiene en sí misma poco sentido.
COMPETENCIA JUSTA. Pretender que solo existe competencia “justa” si los paí- ses más atrasados elevan los salarios significa realmente poner trabas al desarrollo econó- mico de estos. Y si tenemos en cuenta, además, que entre los países europeos en los que no existe salario mínimo se encuentran Suecia, Dinamarca o Austria, y que en Alemania este únicamente se aplica desde el año 2015, el argumento del dumping social resulta bastante sorprendente. Pero, ¡qué le vamos a hacer! Así es el Parlamento Europeo.
