Una de las mayores críticas a los anteriores gobiernos, tanto estatal como autonómico y local, fue la ‘herencia envenenada’. Muchos de estos políticos dejaron un agujero tan grande que era difícil desarrollar políticas encaminadas a reducir el déficit, bien fuera disminuyendo el gasto público o subiendo impuestos. Aunque es una falacia que los gobernantes no tuvieran otra opción, lo cierto es que muy pocos se han atrevido a perder popularidad por dejar unas cuentas más saneadas que sus antecesores. De hecho, las comunidades autónomas cerraron 2014 con un déficit del 1,66% del PIB, frente al 1% permitido.
Al cierre del último ejercicio hubo catorce gobiernos autonómicos incumplidores y todo apunta a que eso volverá a suceder este año, de acuerdo a un reciente estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que muestra que las comunidades autónomas han inflado sus previsiones de ingresos para disponer de mayor margen para gastar.
En concreto, las comunidades autónomas supusieron, por razones inconfesables, que sus ingresos propios crecerían tanto que les permitirían impulsar el gasto en 0,6 puntos del PIB en 2015 y, aunque resulte irrealizable, reducir el déficit. ¡El papel lo aguanta todo! En concreto, sólo Navarra, Canarias y País Vasco quedaron dentro de los límites de un endeudamiento ‘responsable’ en 2014, y todo apunta a que las dos primeras volverán a lograrlo este año. En cambio, es más dudoso que País Vasco pueda conseguir un déficit menor del 0,7% del PIB necesario para 2015. Galicia, al contrario, registró un desequilibrio ligeramente mayor que el pactado, pero ha mantenido sus presupuestos muy contenidos, por lo que podría experimentar mejoras.
En segundo lugar, se encuentran las comunidades agrupadas en torno a la media, que han incumplido el déficit y que apenas tienen propósito de enmienda. Se trata de Castilla y León, Andalucía, La Rioja, Asturias, Madrid, Cantabria, Aragón, Baleares y Castilla-La Mancha. De todas estas regiones, tan sólo Asturias y Baleares han decidido incrementar sus presupuestos sustancialmente por debajo de la media, estimación que exige que sus ingresos fiscales aumenten muy por encima de lo habitual.
Finalmente, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Cataluña y Murcia son los grandes ‘yonquis’ del gasto público. Estas regiones no sólo han puesto en riesgo la estabilidad financiera de toda España, sino que ocho años después del inicio de la crisis seguirán aumentando el mayor agujero fiscal del país. Es más, en el caso de Extremadura, quizá el más grave, no se entiende que Moncloa haya hecho la vista gorda, ni siquiera por un mero interés partidista.
Hay que ser muy ingenuos para creer que, en ausencia de unas reglas fiscales estrictas, el Ejecutivo regional saliente no fuera a aprovechar las elecciones para contratar más personal o ejecutar más gasto para determinados colectivos, por puro clientelismo. El Gobierno central pierde su autoridad cuando no sólo consiente a las comunidades más indisciplinadas competir con la ventaja de disponer de más financiación, sino que además premia los comportamientos más irresponsables con un interés más reducido a costa del resto de los españoles.
