El gasto público en España es 5 puntos de PIB (51.125 millones de euros) inferior a la media de los 18 países de la Unión Monetaria Europea (UEM). Y, sin embargo la deuda pública española está creciendo más rápido que en la anterior legislatura y está en un nivel sin precedentes desde 1909, el déficit fiscal no ha logrado ser encauzado –este año será el mayor de la Eurozona, según las previsiones– y las cuentas soberanas españolas son las únicas del área en situación de déficit primario (antes de contabilizar el coste de la deuda), lo que ya no ocurre ni en Grecia.

Que el gasto público español es inferior al promedio de los países del euro no es nuevo ni consecuencia de los ajustes. Entre 2004 y 2007, antes de que el desempleo y el coste de la deuda dispararan los desembolsos estatales, el gasto público español se mantuvo entre el 38,9 y el 39,2% del PIB, también por debajo de la media.

Ahora España sigue preocupando a las instancias europeas y al Fondo Monetario Internacional (FMI) por el saldo negativo de su presupuesto público porque, aunque con tendencia descendente, aún no se ha conseguido cumplir de forma escrupulosa con el objetivo de déficit ni un solo año desde 2008.

Que esto ocurra cuando su gasto público es menor al de los países del área evidencia que España no tiene un problema de dispendio sin perjuicio de que todas las partidas deban ser revisadas en aras de una mayor eficiencia en la gestión pública del conjunto de las administraciones– sino una grave insuficiencia recaudatoria.

Los datos de Eurostat (la oficina estadística europea) avalan este diagnóstico. Mientras el sector público español gasta 5 puntos de PIB menos que el promedio, sus ingresos fiscales son casi 9 puntos inferiores a la media de sus socios. Éste es el hecho diferencial. El Estado desembolsa menos pero recauda muy por debajo (8,9 puntos de PIB, equivalentes a 91.002 millones) de lo que debería para estar en el rango medio de la eurozona.

Esto significa que si España recaudase lo que se tributa por término medio en la eurozona en relación al PIB, el sector público español no tendría déficit y el año pasado, en vez de culminar con un saldo negativo total de 72.597 millones, hubiese cerrado el ejercicio con un superávit de 18.405 millones.

Es en este contexto en el que el Gobierno acaba de anunciar para los dos próximos años una reducción fiscal respecto al nivel tributario actual (aunque no la merma prometida sobre la situación vigente con Zapatero en 2011) y el compromiso de no hacer más recortes sociales. El ejecutivo confía en que la recuperación económica y el incremento del PIB exima a los españoles de más sacrificios para cumplir con el compromiso de bajar el déficit del 6,62% de 2013 (sin contar el rescate bancario) al 2,8% en 2016, lo que supone una exigencia de reducción (a PIB constante) de 39.059 millones de euros.

El gasto comparativo de las administraciones públicas españolas respecto a las europeas no dejan mucho recorrido y el potepotencial de recorte por esa vía es mínimo comparado con las necesidades de ajuste del déficit.

El PP alimentó en la oposición el discurso de que el déficit era causado por el dispendio, pero desde que está en el Gobierno tanto el presidente, Mariano Rajoy, como el ministro Hacienda, Cristóbal Montoro, se han lamentado sucesivas veces de que el “drama nacional” (así lo definen) es el hundimiento de los ingresos. Y tanto Montoro como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, mantienen el discurso novedoso de que la elefantiasis de la administración pública es un mito. El catedrático de Economía Oriol Amat recordó en abril que en Europa “sólo países como Bulgaria tienen menos funcionarios por habitante” que España.

El colectivo de economistas liberales Civismo, muy críticos con los impuestos –que juzgan excesivos– y con el gasto –que apuntan como desmedido–, evaluó en mayo que España gasta en salarios públicos el 11,9% del PIB, un “porcentaje superior”, dijo, “al 11,3% del conjunto de los países desarrollados”. Esto supone que el coste del empleo público en España es 0,6 puntos de PIB superior al promedio de la OCDE. Pero 0,6 puntos no explican un déficit público que en 2013 fue del 7,1% del PIB.

La desproporción de las cifras es evidente: 0,6% del PIB significa 6.134 millones. El déficit de 2013 fue de 72.597 millones y el fisco ingresa 91.002 millones menos de lo que debería para situarse en la media de carga fiscal de la eurozona. España es el país desarrollado en el que más se desplomó la recaudación respecto a la caída de su PIB en la crisis.

La creencia de que España tiene un problema de gasto y tributos excesivos es muy habitual en España pero no fuera del país. La Comisión Europea el 5 de mayo y la OCDE al día siguiente le dijeron al Gobierno que no tiene margen para bajar impuestos. Y el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para España, James Daniel, sostuvo el 28 de mayo en Madrid que “si los españoles quieren mantener su Estado de Bienestar y los mismos servicios públicos que tienen sus socios europeos, deben pagarlos y recaudar más”.

Todos estos organismos temen que la recuperación no sea tan pujante como para que España aumente ingresos y recorte gastos de desempleo de forma suficiente para cumplir con los objetivos de déficit. La agencia de medición de riesgos Moody’s expresó la misma cautela en abril. “La proporción entre impuestos y PIB de España sigue siendo una de las más bajas de la Unión”, sostuvo el Consejo Europeo.

Esta conclusión, con la que son coincidentes otros estudios, es compatible con que muchos sujetos fiscales asuman elevadas cargas tributarias. Una cuestión es la presión fiscal (la recaudación total de un país en relación a su PIB o producto interior bruto) y otra, el esfuerzo fiscal que deben afrontar quienes contribuyen.

En España el reparto de las cargas está desequilibrado porque, como apuntó en junio el Banco de España, y otros estudios, hay una gran economía sumergida y un fraude elevado y porque también han existido hasta ahora muchas bonificaciones, exenciones, desgravaciones y ventajas fiscales que permiten evitar cargas impositivas sin vulnerar la ley. La Comisión Lagares evaluó en 70.000 millones los ingresos que pierde el fisco por estos subterfugios que permiten eludir impuestos. La consecuencia es que una parte de la sociedad evita sus obligaciones fiscales en detrimento del resto, cuya carga impositiva se acrecienta sin que, aún así, el Estado recaude lo que precisa para sostener los servicios, las prestaciones, las inversiones y el gasto corriente.