Una vez más, como cada año, los contribuyentes tienen durante estos meses su cita con el fisco, lo que mueve a que Hacienda ponga en marcha su campaña de concienciación para combatir el fraude fiscal. La evasión de impuestos es un hurto que, además, implica un comportamiento insolidario. Con el fin de que no se produzcan estos lamentables delitos, convencer es clave, de modo que los ciudadanos colaboren de buen grado en el cumplimiento con Hacienda. Para lograrlo, es imprescindible una política fiscal bien diseñada, que no traslade al contribuyente informado una sensación de grave injusticia, lo que constituye todo una coartada para aliviar su conciencia ante una práctica corrupta.
En el Índice de Libertad Econó- mica del Mundo de Heritage Foundation que en España difunde Civismo, uno de los capítulos se centra en analizar el volumen de economía sumergida presente en los países, y encuentra una correlación entre esta variable y la carga de impuestos y de contribuciones a la Seguridad Social: cuanto más elevada es esta última, mayor es aquella.
Si ponemos el foco en el caso de España, hallamos una correspondencia similar. Las comunidades autónomas que soportan un mayor esfuerzo fiscal son las que, según cálculos de la agencia de calificación Fitch, presentan un nivel más alto de actividad económica desarrollada al margen de la legalidad. Así, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, –las regiones peor posicionadas en el ranking que elabora Civismo sobre esfuerzo fiscal– son precisamente las que concentran un mayor porcentaje de economía sumergida respecto a su PIB: alrededor de un tercio de éste.
Por el contrario, todas las comunidades sobre las que pesa un menor esfuerzo fiscal tienen un porcentaje de economía sumergida inferior a la media nacional, con la excepción única de Canarias. Son Navarra, País Vasco, Cataluña, La Rioja, Aragón, Cantabria y Madrid, la cual, con un 17,3% del PIB, presenta casi la mitad de economía sumergida que Extremadura.
Los políticos dicen una verdad a medias cuando afirman que soportamos una presión fiscal baja respecto a la UE. El indicador que importa no es ese, sino el esfuerzo fiscal o Índice de Frank. Esta variable tiene la ventaja de incorporar el nivel de renta per cápita de las personas, lo que se traduce en tener en cuenta al contribuyente real, quien es el que sufre los impuestos. El ciudadano tiende a una legal elusión fiscal o la evasión de tributos cuando tiene la impresión que le han ‘apretado’ en exceso y que el dinero se ha gastado mal. Y esto acaba redundando en perjuicio de todos, porque cuando uno evade impuestos, los que cumplen con Hacienda están pagando por el defraudador.