Fiscalidad recaudatoria & ficalidad confiscatoria
12 de mayo de 2016
Por admin

La gestión de lo público lleva aparejada, inexorablemente, la administración, entre otros, de los recursos provenientes del pago de todo tipo de impuestos, tasas y precios públicos y que tienen como finalidad contribuir a financiar la prestación de una serie de servicios (¿públicos?) considerados “necesarios” por el poder político.

Tal y como ya hemos hecho referencia en innumerables ocasiones, es imperiosa la exigencia en reformar esa consideración de “necesario”, por cuanto de ello radica la quiebra o no del sistema. En el presupuesto público no cabe “todo”.

Abordar la reforma del sistema significa transitar desde la actual consideración de “necesario” a una nueva consideración de “esencial/estratégico”. Analizar las variables para la prestación de cualquier servicio que prestan las diferentes AAPP es una tarea improrrogable e imperiosa por cuanto, muchos de ellos son, a día de hoy, perfectamente prescindibles dada su ínfima tasa de utilización, dadas sus duplicidades, dadas su obsolescencia, dada su escaso nivel de eficiencia y eficacia, dado que el sector privado ya los presta (y que en muchos casos el poder político le hace una flagrante competencia desleal), etc.

En el terreno de lo teórico, es irrebatible el hecho de que cuantos menos impuestos paguen los ciudadanos, éstos dispondrán de más dinero en sus bolsillos y, por tanto, dispondrán de más capacidad de compra, ahorro o inversión. En el terreno de lo ideológico surgen dos visiones: a) la intervencionista que aboga por más impuestos, más AAPP, más poder político, en resumen más sector público y menos sector privado, con el objetivo de gestionar su acción de gobierno desde el “dirigismo”, todo ello encarnado en lo que podríamos llamar la izquierda política y social, b) la liberal que aboga por menos impuestos, menos intervención de las AAPP en las relaciones entre particulares, menos poder político en la toma de decisiones, en resumen, menos sector público y más sector privado, con el objetivo de una acción de gestión de lo público desde la libertad, todo ello encarnado en el centro derecha político y social.

El sistema intervencionista, requiere de grandes “aparatos” (estructuras) administrativos, muy pesados (de ahí el término para su definición como elefantiásico), que conlleva el destino de un enorme gasto corriente (personal) y, que requiere, para su financiación, de una gran carga fiscal sobre los ciudadanos y empresas, por cuanto los servicios aludidos como “necesarios”, se tienen que pagar. A día de hoy este tipo de fiscalidad en Baleares sobrepasa cualquier adjetivo moderado, considerándose ya como una fiscalidad confiscatoria, o, popularmente conocido, como infierno fiscal. Según el Think Tank Civismo, en su informe relativo al esfuerzo fiscal de los ciudadanos en cada una de las CCAA, a fecha 1 de julio 2015 (antes del cambio de color político en el Govern IB), en Baleares se alcanzó el día de la “liberación fiscal” el día 1 de julio (en el año 2014 fue el día 3 de julio), de entre una horquilla del 28/junio (menor esfuerzo fiscal) al 5/julio (mayor esfuerzo fiscal).

Hoy, gracias al sablazo impositivo al que hemos sido sometidos por el nuevo Govern IB, la fecha citada del 1 de Julio se retrasará varios días, yendo en la senda contraria a lo que se había conseguido respecto del año 2014, que fue adelantar 2 días el día de la liberación fiscal.

Así, como ejemplos de este tipo de política, el actual Govern IB, desde el mes de julio del año 2015, hace ahora 10 meses, ha incrementado el personal al servicio de la CAIB en un 5,36%, ocupando el tercer lugar en el ranking de CCAA en este criterio, por detrás de Valencia 6,57% y Cataluña el 9,15%. Otro ítem que caracteriza este tipo de ideologías es el aumento de gasto público, pues bien, en IB desde el principio de la legislatura el actual Govern IB ha incrementado el gasto público en un 10,1%, situándonos en el primer puesto del ranking autonómico, en donde Cataluña ocupa el segundo puesto con un incremento del 8,3%, seguido de Castilla la Mancha con un 7,5%, la comunidad Valenciana con un 6,2% y Navarra con un 5,9%.

A efectos impositivos, por lo que respecta al IRPF, aunque el gobierno central haya bajado el tramo estatal, el Govern IB ha incrementado al máximo el tramo autonómico, implicando un impuestazo que en algunos casos alcanza el 47,5%, y, siendo esto muy perjudicial para los ciudadanos, lo peor y censurable es que a través de una triquiñuela legal, aprobando su entrada en vigor el 31.12.2015 y no el 01.01.2016 como ese normal, este sablazo impositivo ya lo estamos pagando en la renta correspondiente al año 2015.

También se ha incrementado el impuesto sobre el patrimonio, cuya naturaleza es profundamente injusta por cuanto penaliza el ahorro, increíble. Pues bien no siendo esto suficiente, el Govern IB baja al mínimo, valga la redundancia, el mínimo exento y, también con efectos “retroactivos”, ya para 2015, se vuelve a fijar el mínimo exento en 700.000€ y se incrementa la tarifa de forma muy importante, con tipos del 0,28% al 3,45%.

También se ha incrementado el impuesto de sucesiones y donaciones a través de la derogación de la deducción autonómica existente hasta ahora y, como no, introduciendo una nueva tarifa aplicable con carácter progresivo a las herencias.

También se incrementa el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el que se paga cuando se compra/vende una casa, que se incrementa hasta el 11 % en algunos casos.

Así mismo y, a modo de resumen, los ciudadanos de Baleares padecen un esfuerzo fiscal, mucho mayor que en otras comunidades autónomas y ello, según los que gobiernan, es porque el Estado infra financia a Baleares siendo éste el principal axioma a defender, “Madrid me mata”, que por otro lado, es largamente conocido.

Dicha cuestión forma parte del plan de reformas a aplicar, por cuanto es necesario un nuevo sistema de financiación, igual para todos, que sustituya al actual sistema que, conviene recordarlo, sólo se pactó entre el señor Zapatero y el Sr. Artur Más. Ahora bien, siendo esto importante, no lo es menos poner en marcha un plan de valoración de la eficiencia y eficacia en nuestros servicios públicos que le dé la vuelta a un sistema de funcionamiento donde sólo importa la cuantía del gasto “per se” y no el “cómo y porque “se gasta.

Así, la reducción de la fiscalidad en Balares tiene un amplio margen cuya aplicación es, únicamente, voluntad de sus gobernantes.

Atendiendo al cuadro resumen que sigue, se considera que de los casi 700 millones de euros que el Govern IB prevé como ingresos para este ejercicio 2016, por cuenta del pago de impuestos, éstos podrían reducirse, considerablemente, siempre y cuando se actualizaran los parámetros definitorios en aras a seguir prestando o no determinados servicios, con el objetivo de ir equilibrando el nivel de esfuerzo fiscal respecto del resto de CCAA, pasando de una fiscalidad confiscatoria (abusiva), como la actual, a una fiscalidad que pudiera considerarse, meramente, recaudatoria, con el objetivo del mantenimiento de una serie de servicios (los menos) considerados esenciales/estratégicos en la construcción de un sistema fiscal para crear empleo y fomentar la actividad económica y no ahogar el desarrollo.

Por tanto, la consideración actual de servicio “necesario” es muy relevante por cuanto de ello devienen los costes de su prestación y, por tanto, el montante de ingresos que precisan las AAPP para su mantenimiento y que son asumidos por todos los ciudadanos y empresas, vía impositiva. Es por ello, que si las AAPP, después de la realización del análisis de diagnóstico y la toma de decisiones respecto a la continuidad o no de los mismos, en base a una reducción del asistencialismo endémico de los poderes públicos, el presupuesto público de gastos podría reducirse y dicha mengua podría ser compensada con menos ingresos, es decir, con menor carga fiscal para los ciudadanos.

Dado que la izquierda política y social ha demostrado la nula voluntad de la racionalización de las AAPP, aunque Zapatero acuñó que “bajar impuestos era de izquierdas”, el centro derecha político debe zafarse en estas lides y programar sus propuestas electorales en el fundamento de su ADN por cuanto lo que pueda hacer el sector privado no debe hacerlo el sector público.

Decía Winston Churchill: «Una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse estirando del asa».

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