Los trabajadores españoles tienen que destinar hasta un 52% de su salario al pago de impuestos. O dicho de otra forma: los asalariados de España, de media, sólo disponen de un 48% de su sueldo una vez abonados el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), los impuestos especiales con los que están gravados el alcohol, los hidrocarburos y el tabaco, y todos aquellos pagos que la Administración exige.
Así se desprende de un estudio elaborado por el Foro Económico Mundial y en el que, además, se observa que España es el cuarto país del mundo que mayor esfuerzo exige a sus trabajadores. Por delante sólo están Suecia y Dinamarca, en donde el pago de impuestos para mantener su desarrollado Estado del Bienestar supera el 56% del salario, y Francia, cuyos trabajadores deben destinar el 54% de su sueldo a este concepto.
Por detrás de España, y todavía por encima del 50% del sueldo destinado a impuestos, se encuentran otras potencias económicas como Japón, Austria y Holanda. Sin embargo, en este grupo también está Portugal, país cuya situación no es tan favorable como la de las anteriores naciones y en donde el alto nivel de impuestos tiene, al menos en parte, el mismo origen que en el caso español: los ajustes exigidos por Bruselas, que en muchos casos se han traducido en una mayor presión fiscal ante la imposibilidad o incapacidad para obtener de otro modo los fondos y ahorros necesarios. Una situación similar es la que se puede observar en Italia, en donde los trabajadores se ven obligados a comprometer casi un 48% de su sueldo para el pago de impuestos y tasas, mientras que en Alemania, cuyos asalariados llegan también a esta misma cifra, la razón parece más cercana a la de los países nórdicos. Los 15 primeros puestos de esta clasificación, elaborada a partir de datos de Reuters, la OCDE, KPMG y los diferentes institutos de estadística, los completan Israel, Canadá, Finlandia, Irlanda y Australia.
DAÑO A LA COMPETITIVIDAD
Estas obligaciones tributarias, así como la distribución que los dirigentes políticos hacen de lo recaudado, también tienen una importante repercusión en la competitividad que presenta cada economía. Así lo indica el propio World Economic Forum, que hace referencia en este punto al Informe de Competitividad Global 2015-2016 que publicó el pasado mes de octubre y en el que la economía española ocupa el puesto 33, precedido de Estonia, República Checa y Tailandia y seguido por Kuwait, Chile y Lituania.
En este ránking, en el que los citados países con altos impuestos están muy por delante de España, a excepción de Portugal, destacan las infraestructuras y el sistema sanitario español; en cambio, el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, el entorno macroeconómico y el funcionamiento y la flexibilidad del mercado laboral son los aspectos más negativos en España, que en algunos de estos puntos no está ni siquiera entre los 100 primeros puestos.
Precisamente este último factor, el del mercado laboral, es uno de los principales perjudicados de la alta presión fiscal, según el estudio realizado recientemente por el think tank Civismo. Un marco fiscal para el empleo, que es como se titula el documento de este laboratorio de ideas, defiende que «los impuestos al trabajo en España son tan elevados que dificultan la creación de empleo».
Los cálculos de este informe apuntan que «la cotización a cargo del empleador supone más del 50% del conjunto de impuestos al trabajo», así como que «España es el segundo país con las cotizaciones a la Seguridad Social más elevadas de Europa». Por ello, Civismo concluye que «la solución al paro está en reducir los impuestos al trabajo, desde el nivel de Grecia al de Reino Unido».
