Las Comunidades Autónomas han presentado al Ministerio sus Presupuestos para el año que acaba de empezar, y están ya en proceso de aprobación. La mayoría de las regiones ha dado por concluidos los ajustes del año pasado, por lo que se prevé un aumento medio del 4% en las cuentas del 2014. Resulta comprensible que la carga de intereses se haya disparado algo por el retraso del ajuste en los años anteriores, pero lo que no tiene justificación es que diez regiones sigan aumentando sus gastos corrientes en el presente ejercicio.
En un momento en el que gran parte de las CCAA no van a cumplir con el objetivo de déficit, este incremento de presupuesto constituye una irresponsabilidad. Hasta ahora, cinco comunidades ya han rebasado su objetivo de déficit para el 2013 solo con los gastos de los diez primeros meses del año: Murcia (2,05% del PIB),Navarra (1,65%, si bien los datos son provisionales y pendientes de un ajuste), Cataluña (1,60%), Aragón (1,38%) y la Comunidad Valenciana (1,35%).
Es cierto que las CCAA han establecido subidas de algunos impuestos y la venta de su patrimonio, pero resulta difícil que consigan aumentar la recaudación cuando el IRPF está en caída libre (-3,9%) y el IVA se estanca (+0,4%).Además, las alzas proyectadas en el Impuesto de Patrimonio y en el de Donaciones son escuálidas desde el punto de vista de los ingresos fiscales. Estos supondrían unos 691 millones de euros más que en el 2013, lo que es sangrante para el ciudadano porque se aplican sobre bienes que ya han tributado.
En cualquier caso, a la hora de amortizar la deuda pública, postergar lo inevitable acaba por consumir un porcentaje cada vez mayor del presupuesto. En concreto, esta partida ha pasado del 13,8% del presupuesto de las CCAA al 19,1%, reduciendo el dinero público destinado a servicios tan sensibles comosanidad y educación. Las cifras hablan por sí mismas: para el 2014 se han comprometido 9.381 millones de euros más para el pago de intereses (un 43,5%más que el año anterior), en definitiva, una carga de impuestos asfixiante para los trabajadores, que son quienes aportan la mayor cantidad. En resumen, cada trabajador catalán destina 2.774 euros de su salario anual al pago de intereses; un valenciano, 2.379; un manchego, 2.278; un gallego 2.058, etc.
Ante esta situación, parece que la única opción es seguir endeudándose más. Solo Andalucía ha reducido el pago de intereses porque juega con la ventaja de contar con un calendario de vencimientos a mayor largo plazo. Resulta también meritorio el esfuerzo de Cataluña por reducir en un 8,4% el gasto corriente, pero sin duda habría ahorrado más si lo hubiera mucho antes y se hubiera centrado en el gasto político en lugar de en el social y en el productivo. Por último cabe elogiar a La Rioja que, sabedora de que el déficit actual se paga con más recortes y más impuestos, es la única que se ha fijado un objetivo de déficit más ambicioso: el 0,7% del PIB, frente al 1% del resto.
Cuando los políticos nos prometen más servicios e infraestructuras deberían también informarnos cuánto nos va a suponer en nuestra nómina. Quizá así serían más prudentes en sus compromisos electorales y los ciudadanos en sus peticiones.