Autor: Javier Santacruz, economista y miembro del Consejo Asesor de Civismo
La presentación del cierre de déficit público de 2015 muestra un desequilibrio presupuestario que apenas se corrige en seis décimas de PIB en el último año, incumpliendo ampliamente el objetivo pactado con los socios comunitarios.
Civismo estima que el próximo Gobierno tendrá que enfrentarse a un ajuste estructural superior a los 25.000 millones de euros si quiere cumplir el objetivo del 2,8% del PIB de déficit para 2016. Pero lo más grave es que el objetivo de que España generara este año superávit primario (superávit en las cuentas públicas descontando los intereses de la Deuda) tendrá que ser pospuesto hasta 2018.
El retraso en la generación de superávit primario supone una pesada carga para todos los contribuyentes y un fracaso en el intento de estabilizar el crecimiento de la Deuda Pública. Desde Civismo calculamos que, para estabilizar el endeudamiento público de España, se necesita generar un superávit primario del 1% del PIB, lo cual implicaría un ajuste en el saldo primario de 32.000 millones de euros desde el nivel actual de déficit primario (2,17% del PIB).
En un escenario de incertidumbre política, de estancamiento de la recaudación y con un presupuesto más expansivo si cabe para 2016 (el gasto público, descontando los componentes cíclicos, crecerá un 2,6% este año), el incumplimiento de los objetivos de déficit pueden causar una crisis fiscal aguda que afectaría a la confianza de los inversores en la economía española.
A la luz de estos datos, el próximo Gobierno se enfrenta a un desequilibrio difícil de solucionar a corto plazo, así como con un grave riesgo de subidas de impuestos y ajustes en el gasto que más afecta a los ciudadanos. Supondría más presión fiscal sobre las clases medias (con un esfuerzo que supera ya el 60% de la renta disponible bruta) y sobre las empresas. Tanto el IVA como el Impuesto de Sociedades son dos de los tributos que más rápido se incrementarán, mientras que en IRPF y Cotizaciones el margen sigue siendo muy estrecho, ya que la recuperación de la actividad económica no ha servido para elevar sustancialmente su recaudación.
Un Estado que gasta más, y cuyo único objetivo es el de buscar ingresos para justificar dicho gasto, introduce un componente recesivo en economías como la española. La crisis de confianza sobre las cuentas públicas –todavía controladas por las compras de deuda del BCE– es la siguiente consecuencia por la negativa a continuar con las reformas estructurales que sí favorecen el crecimiento.