En el disparatado ambiente en el que se mueve el nacionalismo radical catalán es fácil encontrar ideas y políticas absurdas. Y lo peor es que, a veces, estas inciden en el mundo de la actividad económica, lo que puede acabar planteando problemas bastante serios. La última genialidad de la Asamblea Nacional Catalana ha sido la creación de un registro de empresas “que estén a la altura del momento que vive Cataluña” para poder recomendar a los consumidores que “tomen conciencia de país”. Se trata, en esencia, de hacer daño a las empresas españolas que, en el alucinante ideario nacionalista, participaron de alguna manera en “la campaña de descrédito de la economía catalana”, y en el traslado de la sede social de muchas compañías fuera de la comunidad autónoma.

Parece que, hasta la fecha, no ha habido una gran afluencia de empresas para inscribirse en tan curiosos registro, ya que solo se han apuntado unas 50. Pero el daño que propuestas de este tipo pueden generar va seguramente, mucho más lejos de lo que sus promotores piensan. No cabe duda de que aquellas empresas catalanas que vendan sus productos o realicen sus actividades en el resto de España no van a inscribirse, ante la posibilidad de que un boicot contra ellas pueda organizarse en otras regiones del país. Y lo más preocupante sería que, ante la actitud de la Asamblea Nacional Catalana, muchos consumidores españoles decidan, simplemente, evitar en lo posible los productos provenientes de aquella región y dejar de contratar con empresas cuya sede se encuentre en Cataluña, al margen de que tales empresas simpaticen o no con los nacionalistas.

Es verdad que en estos casos siempre hay alguien que acaba obteniendo un beneficio particular. En nuestro caso, el registro puede llegar a ser un buen negocio para determinadas empresas locales, que no vendan fuera de Cataluña y que vean incrementada su demanda en la zona, tanto por consumidores nacionalistas como por la propia administración de la comunidad autónoma o de algunos ayuntamientos que, de forma directa o
indirecta, las subvencionen y les den prioridad en la contratación pública.

Para la mayoría de las empresas catalanas (y, desde luego para las más importantes) los efectos, en cambio, pueden ser muy negativos… Y llueve sobre mojado.