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Expansión

Venezuela sufre graves problemas políticos, económicos y sociales que, desgraciadamente, se han ido deteriorando a lo largo de los últimos años. A las malas políticas económicas y a la inseguridad jurídica se ha unido un descenso en los precios y en la producción de petróleo. En 2013 bombeaba 3,2 millones de barriles diarios frente a 1,17 millones el pasado diciembre. La consecuencia es que su capacidad productiva se está reduciendo drásticamente. Esta contracción de la oferta, junto al elevado déficit público, está colapsando la economía y generando una hiperinflación que, previsiblemente, seguirá aumentando este año con niveles de cuatro dígitos.

Es curioso que, mientras la economía latinoamericana se está recuperando, Venezuela se hunde cada vez más. Según publicó esta semana el FMI, América Latina es la única región del mundo que, durante 2019, tendrá mayor crecimiento económico que en 2018. Efectivamente, el PIB de América Latina podría subir un 2% este año, desde el 1,1% del pasado. Algunos de estos países experimentarán incrementos muy positivos, caso de Perú (3,5%), Chile (3,5%), Colombia (3%) y Brasil (2,5%). Otros tendrán un comportamiento más débil, como México (2%), debido en gran medida a la típica desaceleración económica en el primer año de un nuevo gobierno. En el furgón de cola, con crecimientos negativos, están Argentina (1,6%), y claro, Venezuela (6%).

En 2017, la economía de este último país se desplomó (14%). En 2018, con la reducción del precio del petróleo, la caída del PIB fue todavía mayor (18%). Esto significa que, en tres años (2017-2019), su PIB habrá sufrido un derrumbe del 40%. ¿Cómo es posible este fuerte deterioro si su situación geográfica es excelente, y su clima templado debería favorecer el desarrollo económico? Hay que acudir al pasado más inmediato de Venezuela para entender la zambullida en la miseria de uno de los países con mayores recursos naturales del mundo. Una crisis económica, social y política que no cuenta con precedentes en la historia reciente de América.

El desastre económico tiene su origen en 1999, cuando Hugo Chávez, después de un golpe de Estado fracasado, llegó al poder de forma democrática, con firmes convicciones y promesas de transformar un país en el que la corrupción de las altas esferas se presumía insostenible para los estándares de la época. Las desigualdades entre las élites y la gran mayoría de la población eran muy importantes. Unos pocos oligarcas aglutinaban el poder y una inmensa riqueza, mientras que los demás rozaban la exclusión social y la pobreza. El gran descontento producido por estos contrastes y la esperanza de cambio radical alentaron la llegada a la Presidencia de Chávez.

HUGO CHÁVEZ

Las medidas que éste propuso se centraron, sobre todo, en la reducción de las desigualdades sociales. Para ello, promulgó una serie de programas de gasto público de gran alcance, destinados en su mayoría a la alfabetización, la atención médica a las comunidades pobres, y el subsidio de alimentos y otros productos de primera necesidad para ciudadanos con escasos recursos. Esta enorme presión sobre las arcas del Estado se justificaba y se sustentaba, al principio, por los crecientes ingresos provenientes de las explotaciones petrolíferas (a comienzos de la primera década del siglo XXI, la economía del país dependía en un 70% de este sector). Durante esos años, y hasta la llegada de la crisis financiera mundial, las políticas sociales se pudieron sufragar, con éxito y respaldo social, mediante recursos propios y la emisión de deuda externa (que era obtenida fácilmente por las previsiones favorables de incremento del precio del barril). Pero, lo que al principio se vio como un triunfo, pronto se empezó a percibir como un aumento, cada vez mayor y peligroso, de dependencia económica del petróleo.

Desgraciadamente, con la recesión económica de 2007 y la caída drástica de los precios del crudo, la situación de bonanza se convirtió en una crisis de liquidez: los gastos del Estado eran cada vez mayores que los ingresos. Los precios del petróleo pasaron en pocos años de récords históricos, cercanos a los 150 dólares por barril, a los mínimos de 45 dólares (ayer cotizaba a 61). La mala planificación de los recursos y la mala gestión del Gobierno se evidenciaba en las nulas previsiones dotadas en los presupuestos para estas posibles caídas. Lo que en ese momento debería haber constituido una señal de alerta para reducir los gastos resultó una reafirmación de las políticas populistas, que se limitaron a esperar una nueva subida de los precios, confiando en que sólo sería cuestión de tiempo y aguante que todo retornase a la normalidad. No ocurrió así y la situación económica del país empeoró de manera imparable; para financiar el incesante aumento del gasto, no respaldado por ingresos, se requirió de préstamos de las pocas naciones amigas (China, Rusia o Irán).

HIPERINFLACIÓN

Con la muerte de Chávez, en 2013, su vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, Nicolás Maduro (por deseo explícito del fallecido dirigente) asumió las responsabilidades de la Presidencia del Gobierno. Lejos de cambiar el rumbo de las políticas que habían llevado al país al colapso económico y social, decidió profundizar más en ellas. La brecha social aumentó, debido a una hiperinflación galopante (una de las más altas registradas en la historia mundial), provocada por la impresión descontrolada de dinero y motivada por la imperante necesidad de pagar deudas que ningún organismo internacional quería refinanciar. El dinero pasó a valer prácticamente nada, y los precios de los productos, incluidos los de primera necesidad, comenzaron a multiplicarse de un día para otro. No se cuenta con datos oficiales, pero en su informe de octubre de 2018, el FMI estimaba que la inflación se situará en el 10.000.000%, al menos, hasta 2020. Como nota curiosa, Bloomberg ha señalado que una taza de café con leche cuesta ahora unos 800.000 bolívares, frente a 0,45 bolívares en enero del año pasado: un aumento del 177.678%.

Con estas subidas salvajes de precios, el Gobierno instrumentó políticas para controlarlos, a la vez que aplicaba medidas de racionamiento, más propias de periodos de guerra o postguerra. Entre éstas, se encontraban excentricidades como la ampliación del fin de semana a tres días, el racionamiento del agua o la electricidad en las ciudades (a algunas, incluso, no llega suministro alguno) o la introducción del carné de la patria. Éste actúa de cartilla de racionamiento ante la escasez de productos de toda clase que sufre el país por la incapacidad de importar.

Una calamitosa situación, que todavía hoy impera, y que ha dado como resultado un descontento social generalizado. Las condiciones de vida, si antes eran malas, ahora son mucho peores, con índices de paro oficial que rondan el 30%, índices de pobreza y de miseria que siguen subiendo, y unas desigualdades entre ricos (cada vez menos) y pobres (cada vez más) que se han visto aumentadas. Los niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana se encuentran entre los más altos del mundo; a la cabeza se halla Caracas, que tiene la tasa de asesinatos por habitante más elevada del planeta, peor incluso que la de Ciudad de México, donde operan los poderosos y violentos cárteles de la droga.

REPRESIÓN

La represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad y el Ejército se han convertido en una constante en las cada vez mas regulares manifestaciones contra el Gobierno y su gestión de una crisis que va a peor. Por si fuera poco, éste niega responsabilidad alguna sobre las causas de esta desesperada situación, y achaca toda la responsabilidad a una supuesta “guerra económica” instigada por EEUU, parte de sus vecinos latinoamericanos y la UE, con el supuesto objetivo de desestabilizar al Ejecutivo y dañar la estabilidad política de la patria bolivariana.

El futuro de Venezuela resulta borroso y difícil de descifrar. Lo que sí parece claro es que las políticas que se han llevado a cabo hasta ahora no servirán para salir de la crisis. Hace falta cambiar el rumbo y, como ha pasado antes en la Historia, para ello se necesita un nuevo liderazgo, que aporte credibilidad y seguridad, y que dirija al país en una dirección muy distinta. Por ello, ante esta situación de parálisis política y económica, muchos venezolanos han creído que la única solución pasa por el derrocamiento de este Gobierno mediante un golpe de Estado, promovido por fuerzas internas o internacionales.

NUEVAS MEDIDAS

Las probabilidades de que Venezuela tenga una recuperación limpia y rápida con Maduro es sumamente remota. Pero un nuevo gobierno podría adoptar una serie de medidas que facilitasen la salida de la crisis: 1. Un control riguroso de la inflación, que la reduzca a niveles razonables; para ello, es preciso recobrar la independencia del Banco Central. 2. Aprovechar el actual crecimiento económico de América Latina para llevar a cabo una política de restablecimiento de relaciones internacionales con los países vecinos, que conduzca a acuerdos comerciales beneficiosos para todos. 3. Parece necesario un redimensionamiento del gasto público, hasta ahora desbocado, y reorientarlo hacia políticas que aumenten la productividad y competitividad del tejido empresarial, actualmente ahogado y desmantelado por los imposibles costes de producción. 4. Conseguir privatizar (o cerrar) muchas empresas que fueron nacionalizadas durante el chavismo y que se han vuelto lentas e ineficientes. 5. Diversificar las exportaciones (la dependencia del petróleo y sus derivados asciende ahora a casi el 100%) hacia actividades productivas no relacionadas, algo que no debería ser muy complicado en un país tan rico en materias primas y con una localización tan atractiva.

Por último, pero no por ello menos importante, reinstaurar el orden y la seguridad en las calles, a la vez que se cortan de forma tajante las corruptelas tan instaladas en la Administración. Se conseguiría así asentar las bases para la mejora progresiva de la convivencia entre los venezolanos y de su calidad de vida, tan degradada durante estos últimos años.


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