20
mar
El Mundo

La crisis de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y su filial española, el Banco Madrid, presenta aristas polémicas. Ha quedado claro el desajuste entre el tiempo penal y el tiempo financiero, y éste abismo ha generado la ruina de una entidad, daño reputacional al sector financiero y nuevos cuestionamientos a los procedimientos del Banco de España.

Tiene toda la lógica que un país diminuto, manejado por 20 familias ricas, intervenga a la cuarta entidad de su sistema financiero porque EEUU la acusa de blanquear dinero. Dado que el 20% de su riqueza procede de ese sector, se puede considerar que la estabilidad financiera de Andorra se vio comprometida. Lo que ya no tiene lógica es que un Estado con más de 500 años de antigüedad, perteneciente a uno de los clubes más ricos del mundo, corra a anteponer el riesgo reputacional al derecho penal.

El informe de la Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) señala a BPA como una entidad que blanquea dinero y le prohibe operar con EEUU. Esto dispara la intervención por la autoridad andorrana. Horas después, el Banco de España interviene la filial española con el argumento de que debe «asegurar la continuidad de la actividad de la entidad». El mismo día, el Servicio de Blanqueo de Dinero (Sepblac), que llevaba un año con el tema, concluye su propio informe sobre el Banco Madrid. El viernes 13, la Fiscalía recibe su denuncia.

El lunes 16 de marzo, los administradores nombrados por el Banco de España piden el concurso de la entidad que ha sufrido lo que en el argot se denomina corrida bancaria: los clientes han retirado más de 76 millones en pocos días y la entidad se ha quedado sin liquidez.

Intervenir una entidad por razones criminales es un hecho excepcional. Normalmente se hace por motivaciones financieras. Pero, fuera la razón que fuera, la posibilidad de un afluencia masiva de depositantes está en el manual del buen interventor bancario, así que un corralito debió establecerse desde la mañana del miércoles 11. No se hizo así porque, aunque las acusaciones son gravísimas y pueden dar pie a la revocación de la ficha bancaria, el procedimiento penal español aún lo lleva la Justicia y eso impone una velocidad muy diferente a la de los objetivos de EEUU, materializados en su acusación del 10 de marzo.

El procedimiento penal no ha casado bien con los de auxilio financiero. De hecho, se han dado de tortas. Esto ha generado una sensación de indefensión para unos, la ruina económica de otros y el desconcierto de todos.


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