24
abr
El Mundo

El Gobierno no pudo disfrutar el buen dato del paro de ayer. Las señales de descomposición política son evidentes. El problema ya no es cuándo la población podrá percibir la mejora de la economía –la EPA ha confirmado que se crea empleo a una tasa de alrededor del 3%–, sino si habrá un Partido Popular que pueda defender y aprovechar en las urnas lo que ha hecho bien.

Fue cuestión de que Mariano Rajoy asegurara en el Congreso el miércoles que su Gobierno no daría a conocer los datos de los contribuyentes investigados por Hacienda, para que en apenas un par de horas se conociera que otros dos políticos –Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte– están en la mira de los inspectores. Como ya ocurrió con Rodrigo Rato hace nueve días, la Agencia Tributaria (Aeat) ni siquiera ha contactado con ellos. Quizá deban esperar a ser detenidos.

Parece que los cuerpos de funcionarios no atienden a los deseos del presidente de respetar estrictamente la legalidad. Esto ya ha sucedido en el pasado con unidades policiales que fijan sus objetivos para hacer méritos o servir a intereses subordinados. El problema no es sólo de divergencias orales en el poder.

No voy a analizar aquí la decadencia que los casos de Trillo y Pujalte dejan a la vista. Que las Cortes permitan a los diputados compatibilizar su cargo con asesorías es una muestra de lo bajo que han caído las instituciones. Pero esto se sabía desde hace mucho. Y son decenas, quizá cientos, los diputados que se han beneficiado de ello.

Cristóbal Montoro se preguntaba el miércoles cómo es posible que el Gobierno no se vea favorecido por hacer cumplir la ley. La primera clave es que los ciudadanos esperan, antes que nada, que el Gobierno gobierne. Y cuando las denuncias del Estado, que deben cumplir ciertas formalidades, aparecen primero en los medios de comunicación, eso realmente es desgobierno. La segunda es preguntarse quién ha politizado la Aeat, quién ha alimentado desde el poder este juego de amenazas que se produce con esa «repera» de información.

Los españoles no se han recuperado aún de la chulesca comparecencia del director de la Aeat, cuando ya se está disciplinando ante la opinión pública a presuntos nuevos infractores. La imagen de la Agencia, además, está quedando a la altura de aquella Inquisición que remedaron los Monty Python en su No one expects the Spanish Inquisition y que actuaba basándose en «fear and surprise» (miedo y sorpresa) en vez de en pedir explicaciones y justificantes.

No ayuda a la imagen de la Aeat el trasvase entre el funcionariado y la política que se verifica estos días. Dos inspectores con grandísima reputación profesional, Ransés Pérez Boga y Francisco de la Torre, han decidido saltar con distinto grado de compromiso a la arena política, en el PSOE y Ciudadanos, respectivamente. El año pasado, Podemos y Gestha escenificaron públicamente un acercamiento institucional. Más allá de su compromiso cívico, muchos ciudadanos piensan que esto puede teñir las decisiones técnicas. ¿Con qué autoridad levantarán un acta a un ciudadano que públicamente profese ideas contrarias?


Deja un comentario