Sociedad civil: el «demos» organizado. El mecanismo más eficaz en el control del Estado
28 de julio de 2020
Por Fundación Civismo
1. Introducción

En la búsqueda del argumento de autoridad, muchos autores emplean conceptos antiguos que, inicialmente, hacían referencia a hechos o entidades sin relación con lo que denominan en la época que el autor desarrolla sus teorías. Esto supone, en numerosas ocasiones, una fuente de confusión y el error implícito de atribuir una continuidad a hechos que pueden no estar vinculados en absoluto. Al estudiar el átomo de Bohr, siempre comenzábamos con una referencia a Demócrito, estableciéndose en nuestras mentes un falso nexo entre las teorías de ambos. En realidad, como es sabido, Bohr partió del modelo de Ruthenford y las investigaciones de Max Planck y Albert Einstein, y utilizó además unos métodos totalmente diferentes a los de los presocráticos.

Como señala Giovanni Sartori, la experiencia histórica ha producido y ensayado dos tipos de democracia: 1. La democracia directa o, vale decir, democracia como participación; 2. La democracia indirecta o, por así decirlo, democracia representativa [1]. La democracia que disfrutamos hoy en día en una parte reducida y privilegiada del mundo, la democracia liberal, tiene muy poco que ver con la de la polis y, por supuesto, dos mil años después, su aparición se explica por hechos muy distintos y con poca relación, salvo la de tener un mismo protagonista, el ser humano.

Como muchos otros autores, Sartori sitúa sus orígenes en el pluralismo. Las guerras de religión devastaron Europa de tal manera que impelieron a «descubrir y entender que la disidencia, la diversidad de opiniones, el contraste, no son enemigos de un orden político-social… Es sobre este cambio revolucionario de perspectivas que se ha ido construyendo a pedazos y bocados la civilización liberal; y es a través de este procedimiento que se llega a las democracias actuales» [2]. Además del pluralismo, la democracia representativa permite y se apoya en otros nuevos conceptos relacionados entre sí, que la desarrollan y la perfeccionan: el individualismo, la libertad de los “modernos” y la “sociedad civil”.

2. Estado moderno

2.1 Estado Leviatán

Antes de que el pluralismo y otras novedades, tanto sociológicas como en los mecanismos de gobierno, permitiesen la democracia actual, tuvo que consolidarse el Estado moderno, cuyo largo proceso de formación, como señalan F. Châtelet, et al., culmina con la caída del Antiguo Régimen: «La primera forma histórica moderna en que se presenta el fenómeno es la del Estado-nación. Su punto culminante son las revoluciones de fines del XVIII, la rebelión americana contra la Corona inglesa y la Revolución francesa» [3].

Desde este momento, el Estado no ha parado de crecer, desarrollando unas estructuras que le permiten un control más efectivo del territorio y de la población, así como un progresivo incremento de la recaudación fiscal, que, a su vez, ha permitido financiar esta expansión. Este feedback, que se aceleró desde la Primera Guerra Mundial, no ha cesado hasta la actualidad. Sin duda, podemos considerar que, en algunos aspectos, este hecho ha sido positivo. Cada vez son más numerosos los autores que consideran el Estado una condición, si no suficiente, sí necesaria para el desarrollo social y económico, hasta el punto de valorarlo como la única forma de gobierno viable hoy en día. En su famoso superventas Por qué fracasan los países, Acemoglu y Robinson afirman: «Cuando el Estado no logra prácticamente ninguna centralización política, la sociedad, tarde o temprano, llega al caos» [4].

Pero, como la mayoría de las creaciones humanas, incluso las más positivas, hay aspectos que, de no controlarse, pueden generar disfunciones. Como diría un famoso superhéroe, «un gran poder, implica una gran responsabilidad». Una responsabilidad que no debemos dejar recaer exclusivamente en el superhéroe “Leviatán”, sino que ha de estar en manos de los ciudadanos, sus legítimos dueños. Las posibilidades de que este inmenso poder se vuelva contra nosotros han despertado recelos desde siempre, con toda la razón. La literatura está repleta de avisos en este sentido, constituyendo algunas obras, como los clásicos Un mundo feliz, de Aldoux Huxley, o Rebelión en la Granja, de George Orwell, auténticas obras maestras. En el caso de la primera, han acuñado todo un género, que, incluso, se ha plasmado cinematográficamente.

2.2 Necesidad de controlar el Estado Leviatán

El periodo medieval, caracterizado por la fragmentación  estructural, acabó cuando el soberano tuvo éxito en su concentración de poder en detrimento del imperio, el papado y los señores, dando paso al Estado moderno, que, al contrario que su predecesor, se distinguía por su centralización. Esta tuvo varios efectos: un enorme crecimiento, la desaparición de frenos o contrapoderes, y una sociedad dividida en gobernantes y gobernados que acentuaba el desequilibrio entre individuo y Estado. La conjunción de todos estos factores implica una consecuencia que, como hemos comentado anteriormente, lo hace muy peligroso: su capacidad real de controlar a la población.

Independientemente del tipo de gobierno (monarquía, aristocracia o democracia), por primera vez, la sociedad se parte en dos desde el punto de vista de ejercicio del poder. La administración del Estado, que lo ejerce en exclusiva, tiene más medios, está mejor organizada y es más poderosa que nunca en la historia de la humanidad, mientras que el pueblo, formado por individuos aislados y desestructurados, sin ninguna posibilidad de acceder al poder en los regímenes no democráticos, y con muchas dificultades para limitarlo y controlarlo, en los democráticos.

El poder de los Estados modernos resulta tan incuestionable que, desde su aparición, únicamente la inacción de la clase dirigente puede propiciar un cambio de régimen. Juan Linz, apoyándose en Trotsky y Charles Tilly entre otros, lo reconoce cuando asevera: «Los teóricos de la revolución, especialmente los propios revolucionarios, están de acuerdo en que el uso ineficaz de la fuerza o la indecisión para usarla es un factor decisivo para que se produzca una transferencia de legitimidad al grupo opuesto al régimen» [5].

 Hemos de coincidir plenamente con él, salvo por la relación que establece entre pérdida de legitimidad y cambio de régimen, pues, como afirma Adam Przeworski, «la teoría de la “pérdida de legitimidad” es una transformación de los regímenes de “abajo hacia arriba” […] que reza así […] Si un régimen pierde legitimidad, debe reproducirla o de lo contrario se derrumba. Afirmaré de inmediato que, ateniéndonos a cualquier definición de legitimidad que no sea tautológica, esta teoría es falsa […]  Solo quiero apuntar que la primera tesis de Weber –según la cual “todo sistema (de dominación) trata de establecer y de cultivar la creencia en su legitimidad”, o incluso más abstractamente, de que existe “la necesidad, observable en general, que todo poder tiene […] de justificarse a sí mismo”– no implica necesariamente que un sistema de dominación sea incapaz de sobrevivir sin dicha creencia» [6].

En definitiva, lo que apunta Przeworski basándose en Weber no supone sino la contestación que se da a sí mismo el padre de la ciencia política, Nicolás de Maquiavelo, cuando se cuestiona «si es mejor ser amado o temido, o a la inversa. La respuesta es que ambas cosas son deseables, pero puesto que son difíciles de conciliar, en el caso de que haya que prescindir de una de las dos, es más seguro ser temido que ser amado» [7]. Esto, ya por entonces, confirmaba la posibilidad de supervivencia de un régimen a través de la represión de sus ciudadanos.

Para aquellos que afirmamos que el análisis del comportamiento humano debe hacerse desde la integración de las ciencias sociales y las disciplinas biológicas que tienen al hombre como objeto de estudio, resulta llamativo y muy necesario destacar cómo, cinco siglos después, desde el ámbito de la biología, el gran etólogo Irenäus ratifica que, en las sociedades humanas, tal y como señalaba Maquiavelo, «podemos distinguir dos formas de dominio:

1. El dominio represivo o agonístico, basado en la violencia, en el que otros son sometidos o atemorizados mediante el empleo de la agresión física o la amenaza.

2. El dominio protectivo o tutelar, fundado en el asentimiento, en cualidades amistosas como por ejemplo la capacidad de consolar, asistir y compartir generosamente. Basándose en estas cualidades, se eleva a las personas, en cierto modo a través de un procedimiento electivo, a posiciones de prestigio» [8].

A los efectos de este artículo y a pesar de su enorme interés, no parece necesario profundizar más sobre la explicación del cambio de régimen desde la perspectiva del comportamiento estratégico de los actores políticos. Las dificultades que se han plasmado únicamente tratan de resaltar el inmenso poder de los Estados modernos, y por tanto, hasta qué punto “es necesario controlarlo y limitarlo”.

No obstante, no debemos caer en posturas tan extremas como las que mantiene Foucault, que considera el Estado liberal que surge después de la caída del Estado soberano aún peor que este, pues pretende controlar toda tu vida biológica. Con este autor, la conceptualización de «la vida como objeto de la política» alcanza su máximo desarrollo, al definir la biopolítica como «una forma específica de gobierno que aspira a la gestión de los procesos biológicos de la población» [9].

Se equivoca, al igual que Descartes, cuando invierte los términos de su famosa expresión «pienso, luego existo>>, como señala el neurólogo galardonado con el Premio Príncipe de Asturias [10] Antonio Damasio en su imprescindible libro El error de Descartes. En su planteamiento, Foucault comete el mismo error, pues, en primer lugar, surgió la vida y, millones de años después, la especie humana desarrolló una mente que tenía capacidad política. Por lo tanto, la vida se trata de la variable independiente, mientras que la variable dependiente de esta ecuación es la política.

Foucault no se contenta con invertir la relación entre vida y política, sino que persiste en ese error con el fin de justificar su ideología. Insigne miembro de las «inteligencias desprendidas», define un «Estado-jardinero» que contrapone a una sociedad formada por individuos alienados hasta tal punto que no tienen consciencia de ello. Para estos intelectuales, los avances del liberalismo y del capitalismo son siempre negativos. Como en los años 60 y 70 ya no pueden mantener los malos augurios de Karl Marx, deben  buscar otras formas de criticar el “malvado sistema”. Por ello, su argumento a partir de este momento consistirá en que esos avances en calidad de vida suponen siempre un retroceso en la libertad.

Como ya hemos comentando, resulta indudable que el Estado moderno ostenta una capacidad inédita a lo largo de la historia para controlar a la población, pero no podemos dejarnos llevar por planteamientos que se apoyan en parodias que no tienen nada que ver con lo que ocurre realmente. A pesar del peligro que representa el Estado, la opción no pasa por prescindir de esta institución, ya que constituye una figura indispensable para la gobernanza del mundo moderno. Las propuestas utópicas de acabar con él, ya procedan de la derecha o de la izquierda, han fracasado estrepitosamente. Pues, como afirma Irenäus, «sin técnicas sociales de dirección especialmente desarrolladas desde el punto de vista cultural, la gente solo puede organizarse en número limitado. Los grupos locales de los pueblos naturales raramente alcanzan más de 100 personas, a partir de ahí los grupos se dividen por fricciones internas […]. Sin duda un invento clave en la evolución cultural ha sido la “jerarquía dirigente”. Solo a través de ella se hace posible gobernar comunidades mayores sobre la base de la vinculación personal» [11].

Más tarde veremos cómo la única opción viable se traduce en controlar y limitar el poder del Estado, algo que solo es posible en las democracias liberales. Pero antes de entrar de lleno en esta cuestión, veamos las opciones del Estado moderno que se han probado con mayor éxito.

3. Liberalismo Vs. Socialismo. Las dos corrientes de pensamiento político en las que se han basado las dos principales formas del Estado moderno

Desde su aparición, el Estado moderno ha evolucionado, presentándose bajo varias formas. No obstante, después de la Segunda Guerra Mundial, únicamente dos modelos, la democracia liberal y el socialismo, han recabado suficiente éxito como para extenderse por una parte sustancial del mundo. Su enfrentamiento marcó la segunda parte del siglo XX y continúa haciéndolo, a pesar de los augurios de uno de los mejores politólogos actuales, Francis Fukuyama, quien vaticinó: «Lo que podríamos estar presenciando no es simplemente el fin de la Guerra Fría o la desaparición de un determinado período de la historia como tal: esto es, el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de gobierno humano» [12].

3.1 Liberalismo: Estado limitado que permite el desarrollo del individuo

Desde sus inicios, la primera forma de Estado moderna, el Estado-nación, «aparece compuesta por elementos dispares que tironean en sentidos opuestos. Por un lado, el impulso a limitar la libertad a los beati possidentes choca con las exigencias de protagonismo político de otros sectores sociales. De otro, la mera igualdad jurídica es rechazada por insuficiente por quienes no se resignan a que su base sea una permanente desigualdad social» [13].

El liberalismo, que tiene sus orígenes en el pensamiento de Locke, Montesquieu y Tocqueville, entre otros, ha demostrado desde su aparición, que es el único sistema que permite un “progreso” continuo en las sociedades donde se aplica. Su defensa del individuo y sus derechos inalienables (la vida, la libertad y la propiedad), así como su obsesión por limitar el poder tan omnímodo del “Estado Leviatán”, han hecho de Occidente un oasis geográfico y temporal de libertad y desarrollo.

La democracia liberal, apoyándose en dichos valores como patrimonio común de los diversos grupos ideológicos y de intereses que conforman la “sociedad abierta”, ha demostrado que es capaz de integrar las fuerzas contrapuestas que, desde sus inicios, la han conformado, logrando extender la participación y el progreso social.

El ser humano es un animal social, cuya principal motivación en este ámbito se cifra en “el poder”. Su búsqueda y consecución constituyen el motor del cambio social. En cualquier época de la historia humana, las relaciones sociales, a nivel individual o institucional, estarán mediatizadas por este impulso de la persona. De nuevo Irenäus apunta a nuestras programaciones biológicas para explicar este comportamiento: «La vida es impulsada por la competición. Es la competencia la que hasta la fecha ha conformado los organismos. Cada planta compite con otras por su lugar en el sol, y los organismos animales por unos bienes limitados. Lo hacen incluso dentro de una comunidad solidaria, los hombres compiten por posiciones que les reportan ventajas» [14].

En este sentido, la democracia moderna se adapta perfectamente a la naturaleza humana, facilitando al individuo vivir en sociedad y competir por el poder sin un coste excesivo. La democracia representativa, como dice Popper, permite «liberarse del gobierno sin necesidad de emplear la violencia» [15], y como apunta Sartori, controlar y limitar el poder. Incluso, el que pierde no pierde del todo, ya que «la democracia representativa […] se caracterizaba por procesos decisionales con suma positiva» [16].

En definitiva, «las sociedades capitalistas permiten que los individuos se desarrollen en función de su capacidad, regulando la competencia de manera que los más productivos son premiados por su esfuerzo; beneficiándose ellos mismos, pero también la sociedad donde conviven y que necesitan» [17].

3.2 Socialismo: ocupar el Estado para controlar al individuo

El segundo modelo, que hoy en día podemos calificar de retrógrado, es el socialismo marxista, que, en contra de lo que pregona, supone un reforzamiento del Estado que anula completamente al individuo. Sus partidarios, en última instancia, aspiran a controlar el Estado para imponer su modelo social. De hecho, cualquier experiencia socialista ha comenzado directamente como un régimen dictatorial o ha terminado así; no hay otra forma de implantar este modelo. Pues, en contra de lo que piensan sus “ideólogos”, que afirman que el problema no reside en la teoría sino en su aplicación, su fracaso se ha producido y se producirá siempre, ya que el socialismo resulta incompatible con la naturaleza humana.

El hombre es un animal social, pero, como toda especie que adopta esta estrategia, los beneficios de vivir en sociedad tienen que superar los costes. Dawkins expresa así esta restricción: «Esta cualidad egoísta del gen dará, normalmente, origen al egoísmo en el comportamiento humano. Sin embargo, como podremos apreciar, hay circunstancias especiales en las cuales los genes pueden alcanzar mejor sus objetivos egoístas fomentando una forma limitada de altruismo a nivel de los animales individuales. “Especiales” y “limitada” son palabras importantes en la última frase» [18]. «En el socialismo, el coste de vivir en sociedad es la anulación del individuo, por tanto esta ideología no se adapta en absoluto a su naturaleza, lo que la hace totalmente inviable e inmoral» [19].

Los defensores de esta vía, además de desconocer al ser humano, suelen tener un concepto muy negativo de nuestra especie, excluidos ellos mismos, por supuesto. Schumpeter señala esta insoportable y por supuesto falsa superioridad cuando dice: «El profesor K. Mannheim enseña que, aunque el engaño ideológico es el común destino de la humanidad, hay, sin embargo, “inteligencias desprendidas” que flotan libremente en el espacio y gozan del privilegio de estar eximidas de aquel sino. Esto se puede decir de un modo ligeramente más realista: todo el mundo es víctima del autoengaño ideológico, excepto el moderno intelectual radical, el cual está erguido en el risco de la verdad y es juez recto de todas las cosas humanas. Ahora bien: si algo evidente hay en estas cuestiones es el hecho de que ese intelectual no es más que un haz de prejuicios, en la mayoría de los casos sostenidos con toda la fuerza de la convicción sincera» [20].

El ser humano se caracteriza por su capacidad de raciocinio y su espíritu crítico; cualidades que le han permitido conocerse a sí mismo y a su entorno, hasta el punto de ser la primera especie que, en vez de adaptarse al medio ambiente, transforma este de acuerdo a sus necesidades.

No debemos pasar por alto la magnitud de este cambio. Desde que Darwin publicase en 1959 El origen de las especies, donde propuso su teoría de la evolución mediante la “selección natural”, este mecanismo se encontró con la oposición no solamente de los teólogos, sino que los propios científicos de su época se negaban a aceptarla, como acertadamente expone Ernst Mayr: «Al principio, muchos la habían rechazado porque no era determinista y, por tanto, predictiva, en la línea de la ciencia del siglo XIX. ¿Cómo podía una “ley natural”, cual la selección natural, ser enteramente una cuestión de azar?» [21]. Pero una vez establecida como núcleo central de la nueva “teoría sintética” de la evolución, nadie la ha cuestionado. Se ha puesto en entredicho su funcionamiento, el último debate se ha circunscrito en torno a qué constituyen “las unidades de selección”, pero respecto al papel “causal” del entorno, la unanimidad es absoluta desde entonces.

Gould lo explica perfectamente recurriendo a la metáfora favorita en tiempos de Darwin: «La selección actúa como una criba cargada con todos los individuos de una generación. El medio circundante sacude la criba, de manera que las partículas de cierto tamaño se concentran, y el resto atraviesa la malla y se pierde. El cribado representa el acto causal de la selección, la interacción del entorno (el movimiento de la criba) con los individuos variables de la población (las partículas cribadas)» [22].

Pues bien, este papel preponderante del ambiente (el movimiento de la criba) es lo que por primera vez una especie, la nuestra, ha puesto en cuestión. Hasta la aparición del ser humano, incluso durante la mayor parte de su existencia, todas las especies han evolucionado para adaptarse mejor al entorno, pero desde el surgimiento de la agricultura durante el Neolítico, hace unos 10.000 años aproximadamente, el hombre ha sido capaz de transformarlo, adecuándolo, para bien o para mal, a sus necesidades, de una manera cada vez más efectiva.

Esta capacidad casi ilimitada para el conocimiento no solo le ha permitido transformar su entorno para aumentar su calidad de vida, sino también desechar multitud de mitos, creencias y teorías falsas, así como crear los mecanismos institucionales pertinentes para mejorar las relaciones sociales, haciendo compatible la vida en sociedad con el desarrollo individual; eso sí, sin perder de vista que el objetivo de los individuos no es la sociedad, sino que esta es el medio para su desarrollo.

Por tanto, hemos de concluir que la visión del hombre “alienado” mental e intelectualmente que tienen estos “modernos intelectuales radicales” no se sostiene y, sobre todo, no se corresponde con la realidad. Lo único que denota es su pobre visión del ser humano y la falta de confianza en sus capacidades. Nuestra especie, a lo largo de su historia, ha demostrado que posee talento sobrado para entender y cambiar la “superestructura”, que no se resigna a “las condiciones objetivas”, y que su inédita inteligencia le permite, no solo entenderse a sí mismo y al mundo, sino “transformarlo”.

El nivel de la catástrofe que han sufrido las sociedades donde se ha instaurado este modelo, en cuanto a pérdida de libertades, miseria y muertes, resulta tan impresionante que el, por lo común, inoperante Parlamento Europeo, para orgullo de aquellos que nos sentimos occidentales, ha dictado una resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro del viejo continente. En ella, equipara el comunismo al nazismo y reconoce «la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y jurídicamente, y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos» [23]. No obstante, como suele resultar habitual, nuestros representantes europeos han pecado de poco ambiciosos. Sin duda, en este tema se podía haber llegado algo más lejos. Si bien el comunismo y el nazismo son equiparables desde un punto de vista político, ambos se consideran regímenes totalitarios, y moralmente resultan igual de execrables, el comunismo ha hecho y sigue haciendo mucho más daño que su homólogo.

4. Sociedad civil

4.1 ¿Qué es la sociedad civil?

Para Giovanni Sartori, la democracia representativa es posible cuando aparece la «distinción entre titularidad y ejercicio del poder… sin “participación total” la democracia representativa subsiste siempre como un sistema de control y limitación de poder. Lo anterior permite a la sociedad civil, entendida como sociedad prepolítica, como esfera autónoma y conjunto autosuficiente, desarrollarse como tal» [24].

De esto se deduce que la sociedad civil es inherente a la democracia moderna, así como la depositaria de la titularidad del poder. Es decir, se trata del soberano; en este sentido, podemos identificarla con el “demos”. Ahora bien, esta escisión del poder entre su titular, la sociedad civil, y el Estado, entendido como «órgano materialmente distinto y funcionalmente supraordenado a la sociedad» [25], y que, en definitiva, es quien lo ejerce, aunque sea por delegación, plantea dos problemas: 1. La relación entre el individuo y el Estado; 2. La posibilidad de que este ejercite el poder de manera despótica. Dos problemas que, en realidad, tienen una misma solución: la necesidad de controlar y limitar el poder del Estado.

Precisamente, la otra acepción de sociedad civil a la que se ha referido, entre otros autores, Alexis de Tocqueville, tiene que ver con este intento: «Resulta evidente que si cada ciudadano, a medida que se va haciendo individualmente más débil y, por consiguiente, más incapaz de preservar por sí solo su libertad, no aprende el arte de unirse a sus semejantes para defenderla, la tiranía crecerá necesariamente con la igualdad (…) Así, el país más democrático de la tierra es aquel en el que los hombres más han perfeccionado el arte de perseguir conjuntamente el objeto de sus comunes deseos» [26]. Tenemos que entender por tanto que, cuando Tocqueville alude a la sociedad civil, lo hace para designar el conjunto de instituciones civiles conocidas como cuerpos intermedios, que median entre el individuo y el Estado. En este sentido, el término “sociedad civil” implica algo más que el “demos”, pues, cuando lo empleamos, además de designar al titular del poder, estamos indicando la voluntad de ese pueblo de actuar conjuntamente. En definitiva, la sociedad civil equivale al “demos organizado” para actuar en defensa de la libertad y la democracia.

4.2 Mecanismos de control del Estado

Anteriormente ya hemos indicado la necesidad de controlar el Estado Leviatán. No obstante, constituye un error muy común, señalado por Brennan y Buchanan, «aceptar implícitamente el supuesto (¿o la creencia?) dominante en el siglo XX de que los procesos electorales nominalmente democráticos son suficientes en sí mismos para garantizar que la actividad del Estado permanezca dentro de los límites aceptables» [27]. Hemos de coincidir con dichos autores, pues la experiencia ha demostrado que nada está más lejos de la realidad.

En primer lugar, el Estado no es un ente neutral que garantiza de forma aséptica el cumplimiento de las normas que la sociedad se ha dado a sí misma. En este sentido, estos mismos autores advierten que «la lógica de las restricciones constitucionales está incorporada en la predicción implícita de que cualquier poder otorgado al Estado puede ser ejercido, en ciertos entornos y en algunas ocasiones, en formas que difieren de la utilización que se deseó de tal poder, la que definieron los ciudadanos tras el velo de la ignorancia. Como resalta la moderna teoría de la elección colectiva, las personas que desempeñan papeles institucionales, como los “gobernantes”, no son básicamente distintas de sus conciudadanos, y la consistencia metodológica sugiere que se imputen las mismas motivaciones de actuación a las personas en las decisiones públicas y en las privadas» [28].

Irenäus explica perfectamente cuáles son estas motivaciones, que justifican plenamente la necesidad de restricciones adicionales: «El que el ansia de poder humana no disponga de frenos en forma de mecanismos de desconexión es una razón más para que las organizaciones creadas por el hombre desarrollen a menudo una dinámica propia por medio de la cual se autonomizan y se convierten en fines en sí mismas. Las personas a las que se les confían determinadas tareas se esfuerzan, de manera absolutamente positiva, en cumplir lo mejor posible su misión, ya que eso les reportará reconocimiento… Naturalmente, las personas que trabajan en tales organizaciones pretenden mantener y mejorar sus posiciones. Esto lleva a que las organizaciones se independicen cada vez más a través del aumento de su poder, se sustraigan al control de la colectividad y en última instancia puedan convertirse en una carga, incluso en un peligro para ella» [29].

Si, como dice Weber, el Estado se caracteriza porque «reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima» [30], todos los mecanismos para evitar que este se vuelva despótico serán bienvenidos. Tradicionalmente, la democracia ha dispuesto de diversos instrumentos para controlar el ejercicio del poder: reglas constitucionales, división de poderes y procesos electorales, algunos de ellos desarrollados paralelamente al proceso de consolidación del Estado.

En un Estado ideal, en el sentido de regular únicamente lo que afecta a la vida pública desde la neutralidad, dichas restricciones quizá resultasen suficientes y, por tanto, no habría necesidad de que la sociedad civil se organizase en instituciones civiles en defensa de su libertad y de la democracia. Con ello, se evitaría un peligro que se está generalizando en nuestras sociedades, a saber, confundir la defensa de los intereses de grupo con la defensa de derechos. En una sociedad donde el Estado fuese democrático, racional y neutral, los ciudadanos podrían ser libres y exigir sus derechos frente a la Administración de manera individual, pues no existiría el indeseable  desequilibrio entre individuo y Estado.

Evidentemente, esto no es así. Como hemos señalado, el aparato administrativo del Estado está formado por personas que, además de subjetivas, pueden querer utilizarlo en su propio provecho. J. S. Mill nos previene: «El verdadero principio de un gobierno constitucional exige que se presuma que se abusará del poder político para alcanzar los objetivos particulares de quien lo detenta, no porque siempre sea así, sino porque esa es la tendencia natural de las cosas, y en la protección contra esto radica la utilidad específica de las instituciones libres» [31].

La historia está llena de ejemplos de cómo los políticos, cuando alcanzan el poder, intentan, si no eliminar, sí sortear las restricciones que la sociedad les ha impuesto para protegerse del despotismo. Con este fin, no tienen ningún escrúpulo en utilizar los medios del Estado para permanecer en el poder, así como anular los controles a su ejercicio. El objeto principal de sus ataques suele hallarse en el principio de división de poderes, el cual tratan de reducir a una mera formalidad mediante la politización de la justicia y la subordinación del legislativo. Las otras grandes víctimas de sus antidemocráticos fines suelen ser los derechos de propiedad y de información, que intentan recortar a los ciudadanos en su propio provecho.

4.2.1 Controlar los procesos electorales

Son muy pocos los que, en mayor o menor medida, una vez que controlan la administración del Estado no utilizan sus instituciones y sus inmensos recursos para perpetuarse en el poder; influyendo en el menor de los casos para desnivelar el terreno de juego político, o adulterando los procesos electorales en las situaciones más extremas.

4.2.2 Matar a Montesquieu

La separación de poderes, a pesar de constituir un principio básico en las democracias modernas, quizá sea, no solo el más agredido, sino, incompresiblemente, aquel cuyos ataques levantan menos suspicacias entre los ciudadanos. La politización de la justicia es algo tan peligroso como asumido por todos. Las soluciones propuestas por los distintos líderes políticos en España configuran una falsa disyuntiva: los nombramientos de los principales cargos del poder judicial, o los hace el legislativo formalmente, pues, como veremos a continuación, este poder también está controlado por el ejecutivo en numerosas ocasiones, o los hacen los propios jueces, con el peligro que supone el corporativismo.

Los ciudadanos debemos rechazar esta alternativa que se nos presenta como un ‘trágala’. Si en una democracia se puede elegir el presidente del gobierno, la persona con más poder, ¿por qué no escoger a los principales cargos judiciales? Y, además, por periodos no coincidentes con los del Ejecutivo. De esta manera el poder judicial tendría que rendir cuentas ante los ciudadanos, no ante los políticos que pretende controlarlo en beneficio propio.

La primacía del poder ejecutivo sobre el legislativo no debiera discutirse en el país de don Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, conocido entre otras cosas por ser autor de la famosa frase «Hagan ustedes las leyes y déjenme los reglamentos»; un país, donde, además, la laxa interpretación del concepto de “extraordinaria y urgente necesidad”, de una figura legislativa tan excepcional como el decreto ley, ha permitido periodos donde se han aprobado más leyes por este procedimiento que por el ordinario. Este problema se acentúa en naciones que, como la nuestra, poseen un sistema parlamentario. Pero, sin duda, la principal responsabilidad de la preponderancia del Ejecutivo se deriva del control total que ejerce el líder “carismático”. Este, a través del control del partido, decide quiénes integran las listas a las Cortes Generales. Los candidatos, conscientes de ello y en “justo” agradecimiento, actúan como mera correa de transmisión de su jefe político y no como representantes de los ciudadanos que los han votado. Lo que, en la práctica, supone una subordinación total del legislativo al ejecutivo, una vez que un partido alcanza el poder.

4.2.3 Recortar derechos

Aunque formalmente todos los dirigentes políticos, incluso los dictadores, hacen gala de la defensa de los derechos humanos, ni siquiera en las democracias se está a salvo del deseo de perpetuarse en el poder de muchos de ellos. Con este deleznable fin y amparándose en “nobles” objetivos, generalmente el bien común o acabar con las mentiras, intentan recortar derechos, fundamentalmente “el de propiedad y el de información” [32].

  • Derecho de propiedad
    Incluso en los países donde este derecho está reconocido, el Estado se comporta como «un Leviatán maximizador de ingresos» [33], que encuentra las “excusas” para aumentar la recaudación, «tales como el de la promoción del “bienestar social”, la “utilidad social” o el “interés público”» [34]. De hecho, como apuntan Brennan y Buchanan, «para el ciudadano normal, el poder fiscal es la manifestación más conocida del poder de coacción del Estado» [35]. No debemos extrañarnos: el poder de “apropiación” es consustancial a cualquier forma de Estado y ni siquiera hoy en día en los Estados democráticos resulta sencillo ponerle límite.
  • Derecho de información
    La libertad de opinión siempre ha sido percibida por los que ejercen el poder como un peligro, pero, además, en las democracias, donde la opinión pública es fundamental para alcanzarlo y conservarlo, el deseo de controlar los medios de comunicación resulta casi irresistible.

4.3 La sociedad civil, el último y más eficaz mecanismo de control del Estado

El diseño de cualquier sistema político debe tener en cuenta que, además de regular las relaciones entre las personas, son estas las que lo van a hacer funcionar. Por ello, resulta imprescindible hacerlo desde el conocimiento de nuestra naturaleza.

El ser humano tiene una doble moral, una para sí mismo y otra ante los demás, lo que hace imprescindible plantear dichos sistemas en función de la primera, que se trata de la real. Si los adaptamos a la moral pública, como hace el socialismo o las distintas religiones, no funcionarán correctamente, pues parten de una visión errónea del ser humano. El gran pensador J. S. Mill, ya avanzada la segunda mitad del siglo XIX, lo llegó a intuir: «Los gobiernos deben hacerse pensando en los hombres tal y como estos son o pueden llegar a ser en poco tiempo» [36].

La experiencia ha demostrado que las ya clásicas restricciones que regulan la institución de los Estados democráticos (reglas constitucionales, separación de poderes y procesos electorales, fruto del ingenio, el esfuerzo y el sacrificio de numerosas generaciones en Occidente, así como otras que hayamos omitido o incluso puedan inventarse) son necesarias, pero no suficientes para preservar la libertad y la democracia.

La tendencia de la “jerarquía dirigente” pasa por perpetuarse en el poder. Por tanto, habrá que disponer de una sociedad organizada, informada y crítica si queremos mantener dichos controles a salvo de sus ataques. Es más, resultará imprescindible profundizar en su eficacia si pretendemos avanzar hasta conseguir el necesario equilibrio entre individuo y Estado. Un equilibrio que debe erigirse en el faro de cualquier sociedad que aspire a alcanzar su mayor grado de progreso y desarrollo.

Esto obliga a replantearse la teoría según la cual la democracia representativa no precisa de la participación agrupada de los individuos. En principio, según esta, los ciudadanos eligen a sus representantes para que ejerzan el poder desde la neutralidad; de esta manera, los individuos pueden dedicarse tranquilamente y por entero a las actividades propias de su vida privada, recurriendo a la Administración cuando surja un conflicto entre ellos o con el propio Estado, en la confianza de que esta les hará justicia.

Como ya hemos visto, en la realidad esto no sucede así.  La necesidad de su puesta en práctica a través de seres humanos, que pueden sentir la tentación de utilizar su posición de privilegio para perpetuarse en el poder y defender sus propios intereses, hace necesaria la organización de instituciones que ejerzan de contrapeso al Estado y permitan su control.

La búsqueda del poder (el motor del progreso social) en sociedades cada vez más numerosas implica una cada vez mayor competencia entre los individuos. Si su regulación parte de la igualdad de todos ante la ley, incluida la propia Administración, y el reconocimiento más absoluto de la libertad individual, el resultado de este proceso competitivo, lejos de constituir un problema como aseguran algunos, permitirá el desarrollo de las personas y el perfeccionamiento de las instituciones.

No obstante, como ya hemos comentado, los ciudadanos aislados no tienen capacidad de enfrentarse de igual a igual con la Administración de los Estados modernos. Para que esta competencia resulte efectiva, es preciso que estos se organicen en instituciones capaces de disponer de los medios con los que poner freno a su enorme poder. A la sociedad civil, como titular de esta potestad, y organizada mediante cuerpos intermedios, le corresponde garantizar la eficacia de los controles que aseguren que su delegación de la administración del Estado no se vuelve en su contra. 

Si queremos profundizar en la democracia, solo hay un camino. Robert Dahl lo señala claramente: «La democratización consta de dos dimensiones por lo menos: el debate público y el derecho a participar» [37]. En las democracias avanzadas, caso de España, la participación es prácticamente plena. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en aumentar el debate público, en el que nuestro margen de mejora todavía puede ampliarse.

En las democracias modernas, la opinión pública, la que en última instancia configura los gobiernos, se forma desde los medios de comunicación. El problema es que, desde el poder, se tiene una capacidad única para controlarlos: asignación de licencias, publicidad institucional, un acceso privilegiado, y la información y los expertos para establecer la opinión que les beneficie. Aquí es donde los cuerpos intermedios de la sociedad civil cobran un especial protagonismo, pues, además de contribuir a aumentar la pluralidad, un bien en sí mismo, solo a través de ellos se puede competir con el Estado en la generación y consolidación de las ideas.

No estamos proponiendo desandar el camino que nos llevó al Estado moderno. Antes bien, se trata de descentralizar el poder para dividirlo y enfrentarlo en su ejercicio, no en su titularidad; así como de incrementar la competencia en su acceso y en la batalla de las ideas, evitando los privilegios de los que en ese momento lo ejercen.

5. Conclusiones

Al comentar las dos formas principales del Estado moderno, la democracia liberal y el socialismo, hemos apuntado el error que cometió Fukuyama cuando predijo el triunfo incontestable de la primera. Pero al hacerlo, también hemos aludido a su solvencia intelectual. Quizá se precipitó, pero desde un punto de vista teórico, no podía estar más acertado. “La democracia liberal es el modelo que mejor se adapta a la naturaleza humana”, y desde esta óptica, representa «el punto final de la evolución ideológica de la humanidad» [38]. Como toda obra humana, será perfectible, pero su núcleo central se trata del único que garantiza la libertad y el progreso de los individuos y su sociedad.

El capitalismo permite el equilibrio perfecto entre competencia y colaboración, entre libertad e igualdad, en definitiva, entre individuo y sociedad. Este modelo es el único en el que “los beneficios de vivir en sociedad superan a los costes” para todos sus miembros; cumpliendo así con el objetivo de todos los integrantes de una especie social. Por ello, al igual que Ayn Rand, podemos afirmar que «el capitalismo no es meramente “lo práctico”, sino el único sistema moral de la historia» [39].

Evidentemente, los partidarios del modelo socialista no estarán de acuerdo. Estos centran sus críticas en una falacia: culpan al modelo liberal de originar las desigualdades sociales, cuando, en realidad, estas son consustanciales a las sociedades. Su desconocimiento de la naturaleza humana y, principalmente, su intento de establecer una moral “perdedora”, les impide aceptar que la única igualdad absoluta posible es la “igualdad ante la ley”. Las democracias occidentales disponen además de unos Estados de bienestar que garantizan unos mínimos recursos materiales y culturales, los cuales permiten un punto de partida competitivo. No obstante, siempre van a existir individuos que partan de una mejor posición que sus compatriotas, pues forma parte de la esencia humana el derecho de trabajar para garantizar el futuro de su descendencia.

Cuando de manera totalitaria se quiere imponer una igualdad absoluta, la libertad, como dice Tocqueville, se pone en peligro y, por ende, se pone en peligro el ser humano, pues «la libertad forma parte de su naturaleza, mientras que la “igualdad”, en todo caso, puede ser la aspiración de los que no están dispuestos a ser ellos mismos. Detrás del progreso siempre ha estado la libertad, mientras que la búsqueda de la igualdad absoluta se ha tratado del pilar sobre el que se han apoyado todos los totalitarismos» [40].

Sin duda, Maquiavelo siempre será recordado por señalar la independencia entre la política y la moral, pero cinco siglos después, debemos volver a aceptar la relación entre ambas, aunque en un sentido contrario al que se pensaba antes de que el genio florentino revolucionara el conocimiento político. Todos los avances en el conocimiento de la naturaleza humana que se han producido en este tiempo nos indican que “la moral es una de las estrategias que los individuos utilizan para alcanzar el poder”. En este sentido, no debe extrañarnos que los defensores del modelo socialista reivindiquen una moral en la que el vencedor siempre es el “malo” y el perdedor, el “bueno”, según la cual además, el resultado no depende de los méritos de cada uno, pues sus partidarios suelen ser los menos cualificados para competir en una sociedad libre.

 La principal característica de la vida consiste en la variabilidad y, por supuesto, nuestra especie no es una excepción. No existen dos personas iguales en el mundo. Por tanto, toda pretensión de igualdad que no se limite a la ley no solo constituye una quimera, sino que resulta muy peligrosa. Los sistemas capitalistas admiten toda la variabilidad de los individuos, permitiendo que estos se desarrollen en función de sus capacidades, realizándose así individualmente, a la vez que hacen avanzar con ello a toda la sociedad. Los líderes salen beneficiados, pues reciben el premio a su esfuerzo, pero benefician también a los que viven en su misma sociedad, ya que estos pueden disfrutar de sus creaciones.

La necesidad de los individuos de realizarse hasta donde sus posibilidades lo permitan es tan fuerte que el modelo socialista solo se puede implantar bajo un régimen totalitario. Sus líderes no es que no tengan capacidad para crear nada, sino que no pueden permitir que otros lo creen si no es bajo su tutela, ya que, en su búsqueda del poder, solo pueden ofrecer las creaciones arrebatadas a otros bajo el pretexto de la “igualdad”. Pero la suya es una igualdad sin libertad, que impide la creatividad y el desarrollo individual; una igualdad por abajo, donde, salvo sus dirigentes, todos son pobres; una igualdad falsa, pues el socialismo, lejos de su pretendido “paraíso”, y como temía Lenin, se parece más al modelo asiático de producción, que se caracteriza «por la explotación de la sociedad entera por el Estado o por la clase burocrática» [41].

En definitiva, el socialismo se trata de un sistema antinatural, que no se adapta a la condición humana, empática, pero, sobre todo, competitiva; que anula al individuo y acaba con su libertad; que impide el progreso y no permite la movilidad social; que genera pobreza, excepto para la oligarquía extractiva, la cual, a pesar de su autopropaganda, establece un grado de desigualdad tal que sus dirigentes disponen de la vida, la libertad y la propiedad del resto de individuos que forman su “pretendida” sociedad igualitaria.

Hemos dedicado una parte de este artículo al origen de los Estados modernos y, sobre todo, a la defensa de su forma liberal en contraposición al modelo socialista. Para contextualizar y definir la “sociedad civil”, hay que hacerlo así, ya que, como hemos visto, esta es un producto genuino de las democracias representativas. Por tanto, su existencia solo resulta posible en las sociedades liberales, donde los individuos alcanzan el estatus de ciudadanos libres e iguales ante la ley para ser ellos mismos y defender sus intereses.

Una vez conseguida la igualdad ante la ley, la libertad, que constituye el bien más preciado en la vida de todo ser humano, debe erigirse en el pilar básico sobre el que ha de apoyarse cualquier gobierno que pretenda ser justo y eficaz. Consciente de ello, Montesquieu diseñó toda su teoría política con el objetivo de preservarla. Como todos los grandes pensadores, sabía que el respeto a la ley constituye su mayor garantía. Sartori muestra su adhesión cuando resalta las afirmaciones de algunos de los autores más reputados: «Lo decía ya, con espléndida concisión, hace más de dos mil años, Cicerón: “Somos siervos de la ley con el fin de poder ser libres” (Oratio pro Cluentio); y volvía a decirlo, de forma aún más concisa, Locke en el siglo XVII: “Donde no hay ley no hay libertad”» [42], y así muchos otros.

Pero para entender por qué la libertad necesita de la ley, nada mejor que la respuesta que el propio Sartori se da así mismo cuando reflexiona sobre dicha cuestión: «Porque si gobiernan las leyes –que son reglas generales e impersonales– no gobiernan los hombres, y a través de ellos, la voluntad arbitraria, despótica o simplemente estúpida de otro hombre. Es verdad que la ley es también coerción, pero al mismo tiempo nos tutela porque está constituida por normas que se aplican a todos sin distinción, incluso a quienes las hacen. Lo que es un formidable freno» [43].

El genio francés, consciente de que en última instancia el imperio de la ley descansa en individuos concretos, así como fino conocedor de la naturaleza humana, sabía que esto no bastaba para acabar con el despotismo.  Por ello, en la seguridad de que solamente un poder puede frenar a otro, propuso su famosa división de poderes, única manera de que los individuos puedan ser libres. Como él mismo advierte, «todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares» [44].

Sin duda, esta redefinición de la teoría de Locke se trató de un paso decisivo para el establecimiento de las democracias liberales, pero si, como el mismo autor reconoce, siempre han sido fuertes las tentaciones autoritarias de los gobernantes, ahora que disponen de unos medios infinitamente superiores a los de su época, las ya mencionadas clásicas restricciones (constitucionalismo, división de poderes y competencia electoral) se muestran, si cabe, aún más insuficientes para hacer frente a sus pretensiones. 

Por tanto, en defender con uñas y dientes dichos controles nos va la libertad. La sociedad civil debe organizarse para asegurar que la competencia en el acceso a los cargos públicos tenga lugar en un terreno de juego “nivelado”, denunciando y evitando el uso partidista de los privilegios que el ejercicio del poder lleva aparejados. Pero, sobre todo, en una sociedad mediática, donde, como hemos dicho, la opinión pública conforma en última instancia los gobiernos, hay que asegurar que el debate de ideas se articule de un modo plural y equitativo en cuanto a medios. Hace falta que triunfen las mejores ideas, no las que dispongan de más recursos.

La necesidad del Estado en las sociedades modernas tan solo puede compararse a la necesidad de su control. Por ello, la sociedad democrática, además de “abierta”, es decir, «que pone en libertad las facultades críticas del hombre» [45], ha de ser “multipolar” en la competencia por la primacía de las ideas y el acceso al ejercicio del poder del Estado.

La delegación del ejercicio del poder en la Administración del Estado implica la creación de una institución que, de no limitarse, hace imposible la competencia real. Pues produce un enorme desequilibrio al crear una única entidad dirigida por unos individuos con todos los poderes a su disposición, frente a individuos aislados. El éxito en la centralización del poder del Estado moderno supone la mayor concentración de poder de la historia de la humanidad. Por ello, como plantea Tocqueville, hay que sustituir el papel de contrapeso que la nobleza ejercía en las sociedades medievales por la creación de cuerpos intermedios: «En los pueblos democráticos, las asociaciones deben reemplazar a los individuos poderosos que la igualdad de condiciones ha hecho desaparecer» [46].

Esta sustitución no representa un mero cambio de actores, sino que aporta otras ventajas. En primer lugar, mientras que el papel preponderante de los nobles en el feudalismo tenía su origen en el reconocimiento por parte del soberano por servicios prestados, generalmente relacionados con la guerra, la consideración de los cuerpos intermedios está relacionada con la importancia de la causa que encarnan y su capacidad para defenderla. En segundo lugar, sus posicionamientos no dependen de la capacidad o el capricho de un individuo, por muy importante que sea, sino que representan a un significativo número de ciudadanos que han llegado a un consenso mediante reglas democráticas internas. Por último, si el debate previo solo atiende a la capacidad y a la razón, probablemente las conclusiones, además de representativas, sean también más sólidas.

Estas entidades de la sociedad civil resultarán más efectivas cuando defiendan intereses de todos, no de un gremio. No se trata cuestionar la infinidad de cuerpos intermedios que abogan por multitud de causas con las que individualmente podemos estar o no de acuerdo, pero que representan las opiniones o los intereses de un colectivo determinado, no de toda la sociedad. Ya hemos señalado en otros artículos el peligro que supone que, en las sociedades actuales, «se está generalizando la confusión de la defensa de los intereses de grupo con la defensa de derechos» [47]. Se trata de concienciar a la sociedad para que centre sus esfuerzos en fomentar y proteger aquellas instituciones que se dediquen a la defensa de los derechos humanos y de la democracia representativa, incluido sus mecanismos de control. Estos logros constituyen el núcleo central de los regímenes liberales occidentales, los únicos en toda la historia de la humanidad donde los individuos se consideran ciudadanos libres para progresar.

Si queremos seguir avanzando, debemos tener presente que su eficacia corre paralela a su vulnerabilidad y que únicamente una sociedad civil organizada, informada y capaz de influir en el Estado y en la opinión pública es lo que hoy en día garantiza su pervivencia, y con ella, la calidad de nuestras democracias.

 Hasta ahora, la sociedad civil ha sufrido el gobierno de sus propios representantes. Ha llegado la hora de cambiar esto y que, por primera vez, los cargos públicos actúen como lo que realmente son: nuestros empleados.

«Despierta, Juan Nadie, eres la esperanza del mundo» [48].


[1] Sartori, G. (2003). ¿Qué es la democracia?, Madrid: Santillana Ediciones Generales, S.L, p. 197.

[2] Sartori, G. (2003), op.cit., pp. 212,213.

[3] Châtelet, F. et al. (1992). Historia del pensamiento político, Madrid: Editorial Tecnos, S.A., p.18.

[4] Acemoglu, D. y Robinson, J. A. (2013). Por qué fracasan los países, Barcelona: Ediciones Deusto, p. 103.

[5] Linz, Juan J. 1987, La quiebra de las democracias, Madrid: Alianza Editorial, S.A. pág. 50.

[6] Przeworski, A. (1988). “Algunos problemas en el estudio de la transición hacia la democracia” en O´Donnell, G; Schmitter, P y Whitehead, L. (comps.), Transiciones desde un Gobierno autoritario, Vol. 3, Buenos Aíres: Editorial Paidós, pp. 84, 85.

[7] Maquiavelo, N. (1992). El príncipe, Madrid: Espasa-Calpe, S.A., p.116.

[8] Eibl-Eibesfeldt, I. (1996). La Sociedad de la Desconfianza, Barcelona: Empresa Editorial Herder S. A., p. 72.

[9] Becerra Rebolledo, Mauricio 2012, “La biopolítica de Foucault: un concepto esencial para comprender sociedad contemporánea”. El ciudadano 11/11/2012. Disponible en:http://www.elciudadano.cl/2012/11/11/59961/la-biopolitica-de-foucault-un-concepto-esencial-para-comprender-la-sociedad-contemporanea

[10] Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 2005.

[11] Eibl-Eibesfeldt (1996). Op.cit. pp. 99, 100.

[12] Fukuyama, F. (2017). ¿El fin de la historia? Y otros ensayos, Madrid: Alianza Editorial, p. 57.

[13] Châtelet, et al. (1992). Op.cit., p.19.

[14] Eibl-Eibesfeldt (1996). Op.cit. 1996, pág. 71.

[15] Marcuse, H; Popper, K. y Horkheimer, M. (1976). A la búsqueda del sentido, Salamanca: Ediciones Sígueme, p. 52.

[16] Sartori, (2003) Op.cit. p. 119.

[17] Carmona, D. (2020). “Feminismo: El último falso ariete en manos del socialismo”, Razón Española, núm. 220, p. 218.

[18] Dawkins, R. (2002). El gen egoísta. Las bases biológicas de nuestra conducta, Barcelona: Salvat Editores, p. 3.

[19] Carmona, (2020). Op.cit., p. 218.

[20] Schumpeter, J. A. (2012). Historia del análisis económico, Barcelona: Planeta, p. 73.

[21] Mayr, Ernst 1982 “La evolución” en INVESTIGACIÓN Y CIENCIA Evolución, Barcelona: Editorial Labor S.A. pág. 6.

[22] Gould, Stephen Jay 2010, La Estructura de la Teoría de la Evolución, Barcelona: Tusquets Editores, S.A. Pág. 652.

[23] Resolución del Parlamento Europeo sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa (2019/2819(RSP)).

[24] Sartori (2003). Op.cit., pp. 200-203.

[25] Sartori (2003). Op.cit., p. 208.

[26] Tocqueville, A. (2009). La democracia en América V. 2, Madrid: Alianza Editorial, S.A., pp. 139-140.

[27] Brennan, G. y Buchanan, J. M. (1997). El poder fiscal, Barcelona: Ediciones Folio, S.A., p. 28.

[28] Brennan y Buchanan (1997). Op.cit., p. 27.

[29] Eibl-Eibesfeldt (1996). Op.cit., p. 81.

[30] Weber, M. (2007). El político y el científico, Madrid: Alianza Editorial, S.A., p.83.

[31] Mill, J. S. (19779. Considerations on Representative Goverment, in Essays on Politic and Society, vol. XIX, Collected Works, Toronto: University of Toronto Press, p.505.

[32] Artículos 17 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. París, 10 de diciembre de 1948.

[33] Brennan y Buchanan (1997). Op.cit., p. 19.

[34] Brennan y Buchanan (1997). Op.cit., p. 18.

[35] Brennan y Buchanan (1997). Op.cit., p. 31.

[36] Mill, J. S. (2019). Consideraciones sobre el gobierno representativo, Madrid: Alianza Editorial, S.A., p. 174.

[37] Dahl, R. A. (2009). La poliarquía. Participación y oposición, Madrid: Editorial Tecnos, p. 16.

[38] Fukuyama (2017). Op.cit., p.57.

[39] Rand, A. (2008). Capitalismo: El ideal desconocido, Buenos Aires: Grito Sagrado Editorial de Fund. De Diseño Estratégico, p. 13.

[40] Carmona, (2020). Op.cit., p. 226.

[41] Aron, Raymond 2010, El marxismo de Marx, Madrid: Siglo XXI de España Editores, S.A., pág. 41.

[42] Sartori, Giovanni 2009, La democracia en treinta lecciones, Madrid: Santillana Ediciones Generales, S.L, pág. 68.

[43] Sartori, op.cit., 2009, pág. 69.

[44] Montesquieu 1995, Del Espíritu de las Leyes, Madrid: Editorial Tecnos, S.A., pág. 107 y 108

[45] Popper, K. R. (2006). La sociedad abierta y sus enemigos, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., p. 15.

[46] Tocqueville (2009). Op.cit., p. 143

[47] Carmona, (2020), Op.cit., p. 226.

[48] Capra, F. (productor) Capra, F. (director). (1941). Meet John Doe. EU. Frank Capra Productions

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