11
mar
Actualidad Económica

Los incidentes de orden público que se han producido hace algunos días en el centro de Madrid han convertido el asunto de los desahucios, una vez más, en noticia de primera página en numerosos medios de comunicación. La imagen que algunos de ellos han presentado del problema refleja una visión muy crítica del hecho mismo de que una persona que no pague la
renta de su vivienda y se encuentre en una situación económica difícil pueda ser desahuciada, y se afirma que al menos se le debería permitir continuar en dicha vivienda hasta que el sector público le encontrara una residencia alternativa.

No cabe duda de que puede resultar muy duro obligar a una familia a abandonar su casa, pero la opinión publica no parece ser consciente de los enormes costes sociales que tendría prohibir los desahucios de todas aquellas personas que carecieran de medios para seguir pagando la renta. Ante la inseguridad jurídica que tal regulación legal implicaría, los propietarios de viviendas preferirían, en muchos casos, no alquilar y la oferta de pisos para arrendar se reduciría de forma importante. Y algo similar ocurriría en el mercado de los préstamos con garantía hipotecaria, si no se permitiera al prestamista recuperar la posesión de la vivienda en caso de impago repetido de las cuotas del préstamo.

Se argumentará que lo que se pide no es la supresión total de lo desahucios, sino solo que no tengan lugar en determinados casos, que
afectan a familias de escasos medio económicos. Pero esta solución podría ser también muy perjudicial para muchos inquilinos potenciales, ya que del mercado de alquileres quedarían excluidas todas aquellas personas que no ofrecieran suficiente garantías al arrendador. Quienes, al reformarse la ley, tuvieran pocos medios económico y fueran ya inquilinos, verían su posición reforzada. Quienes tuvieran capacidad para presentar al propietario un aval bancario o una garantía de otro tipo seguirían alquilando viviendas sin problemas. Pero quienes buscaran un piso y no pudieran ofrecer garantías tendrían muy difícil encontrar en el futuro una casa en la que vivir.

Y me pregunto cómo es posible considerar “social una reforma lega que impediría alquilar un piso a tanta gente que realmente lo necesita.


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