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may
La Razón

Dos días después de que el Partido Socialista ganase las elecciones, Pedro Sánchez ya cumplía con una de sus promesas, subir los impuestos. Sin embargo, era una promesa envenenada. Porque rebajó de golpe la euforia entre sus votantes, que se quedaron pasmados ante la noticia del hachazo tributario cuando esperaban que la victoria se celebrase con algo más agradable. Y porque el aumento de la presión fiscal de 26.000 millones de euros hasta 2022 es mayor que el que todos pensábamos. La lectura más positiva es que con el nuevo programa de estabilidad el PSOE muestra su clara intención de cumplir con los objetivos marcados por Bruselas.

El problema es que el coste para los ciudadanos será elevado. También para las clases medias, pues aunque la subida fiscal afectará al 0,5% de los contribuyentes (los más ricos) y al 1% de las compañías (las más grandes), de algún modo u otro alcanzará a las personas con menos ingresos y a las aspiraciones de las empresas más pequeñas. El jefe de investigación de Think Thank Civismo, Javier Santacruz explica que «España tiene una base pequeñísima de grandes empresas (4.700 de un total de 2.900.000) y de rentas altas (apenas 750.000 contribuyentes con rentas superiores a 60.000 y no llega a 100.000 con más de 130.000 ). Esta base está formada por contribuyentes con una enorme facilidad de marcharse y dejar de pagar impuestos en nuestro país. Por ello, si no se consigue llegar al objetivo de recaudación, se tendrá que subir la tributación al resto por orden de mayor a menor renta y es ahí donde terminará pagándolo la clase media trabajadora. También, por supuesto, en términos de nulas mejoras de salario, creación de empleo…».

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Los sueldos y el paro tienen relación directa con el aumento del Impuesto sobre Sociedades, pues de cuanto menos dinero dispongan las compañías, menos posibilidades tendrán para contratar y mejorar la situación de sus empleados. Según el programa de estabilidad, las corporaciones integradas en grupos empresariales cuya cifra de negocio supere los 20 millones de euros se someterán una tributación mínima del 15% sobre la base imponible. Para las que tributan al tipo incrementado, como las del sector financiero y de hidrocarburos, el incremento será hasta el 18%.

Las subidas las sufrirán más directamente las compañías más grandes «que operan en España en las que, a pesar de tener un negocio muy internacionalizado, continúan teniendo sus sedes corporativas en nuestro país y siendo las grandes creadoras de empleo», asegura Santacruz. Sin embargo, también explica que «será perjudicial para las medianas empresas que podrían dar un salto hacia aumentar su tamaño».

Pero estas subidas no sólo recaen en la empresa como sociedad, sino también sobre todos los ciudadanos que tienen intereses en ellas, alcanzando a quienes no posean tantos ingresos. Según el doctor en Economía Juan Ramón Rallo, «las grandes compañías son propiedad de millones de accionistas, la mayoría de los cuales son de clase media: eso significa que la subida de impuesto también impactará en sus ingresos por rentas de capital».

El argumento que pone el PSOE para llevar a cabo este incremento fiscal es el de acercar el tipo efectivo al tipo nominal que enfrentan las grandes compañías. Esto quiere decir que las empresas que forman parte de grupos consolidados, según los datos de la Agencia Tributaria, pagan por un tipo efectivo del 6,14% sobre su beneficio, mientras que las pymes lo hacen por el 15,4%. Así, el Gobierno intenta igualar la balanza porque «hay un enorme diferencia de tributación entre ambos colectivos», afirma el secretario general del Sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo.

El Ejecutivo también reducirá el límite de las exenciones de tributación por los beneficios de fuente extranjera. Ahora son del 100%, pero se pretende rebajarla al 95%. En definitiva, que las empresas no pagaban en España por aquellos beneficios por los que ya habían pagado en el país donde los obtenían. Pero la idea del PSOE es que abonen el 5%. Esto puede ser una doble imposición, como cuenta Santacruz: «Está por ver la legalidad de las medidas que contempla el Gobierno, puesto que no se puede obligar a una empresa a pagar dos veces por una misma cosa, como sería la repatriación de dividendos de filiales extranjeras».

Para evitar la doble imposición, desde Gestha plantean que la exención se sustituya por una deducción del importe que ya se ha abonado en el país de origen de los beneficios. Por ejemplo, si una compañía gana 1 millones de euros en una nación y ese millón lo tributa al 6%, se considera que la cantidad resultante ya ha sido sometida a una carga fiscal y, por ello, no debería volver a pasar por el fisco español.

IRPF

Las reformas fiscales del Partido Socialista dependen cómo se forme el Gobierno. Si consiguen hacerlo en solitario, lo establecido en el programa de estabilidad se cumplirá a rajatabla. Pero si finalmente necesitan del apoyo de Podemos, el plan podría sufrir algunas variaciones y acercarse a lo propuesto por el partido liderado por Pablo Iglesias. Así, los socialistas han manifestado su intención de aumentar el IRPF en dos puntos los tipos impositivos para las rentas superiores a los 130.000 euros, mientras que el tipo estatal sobre la base del ahorro pasaría del 23 al 27% para las rentas superiores a los 140.000 euros. No obstante, Podemos quiere presionar aún más a otros umbrales con menor renta y elevar el tipo máximo al 47% para las superiores a 100.000 euros y hasta el 55% para las que rebasen los 300.000.

En cualquier caso, Rallo comenta que «subir los tipos marginales del IRPF supone expulsar o no atraer a personal altamente cualificado». Por lo tanto, es una medida opuesta a la que debería tomar el Gobierno para resolver uno de los problemas que tiene nuestro país, la fuga de talentos y la ausencia de profesionales cualificados en determinados sectores como el tecnológico o el de la construcción.

TRANSACCIONES FINANCIERAS

El Gobierno socialista ha incluido en el programa de estabilidad dos impuestos a sectores concretos, el financiero y el digital. Dos gravámenes que se están debatiendo en la Comisión Europea para intentar de que se apliquen en el conjunto de la Unión. Sin embargo, ambos tributos se encuentran dentro de un mecanismo de cooperación reforzada, por el cual las naciones que lo deseen pueden ponerlo en marcha antes de que se alcance un acuerdo continental.

El Ejecutivo quiere acogerse a esa cooperación reforzada pero en Gestha tienen «ciertas dudas de que España pueda aplicar estos impuestos unilateralmente. No creo que se adopten aquí si no va en consonancia con el resto de Europa», apunta Mollinedo. Y, en los últimos meses, en el seno de la Unión no se ha avanzado al respecto porque están pendientes de las elecciones continentales del próximo 26 de mayo y de la evolución del Brexit, pues, en el caso del impuesto de transacciones financieras, Reino Unido es uno de los estados que más se opone a aprobarlo. La razón es que «gran parte del Producto Interior Bruto del país proviene de las empresas financieras de la City», señala Mollinedo. Por lo tanto, el tributo supondría una merma para la riqueza del estado. Mientras, Francia, uno de los principales impulsores del gravamen, ya lo ha establecido; y en Austria se están dando serios pasos para imponerlo a partir de 2020.

Es la misma fecha que maneja el PSOE, cuya medida específica sería la de gravar con un 0,2% la compra de acciones españolas por parte de operadores del sector financiero con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan o del lugar donde se negocien. Santacruz manifiesta que «el impuesto discrimina entre fuentes financieras (perjudica a las acciones frente a otros productos financieros de mayor riesgo) en un mercado de valores tan pequeño como el español, con un coste que multiplica por 20 los costes normales de corretaje y ejecución de operaciones de los broker, lo cual hace que el cliente final termine siendo su pagador».

SERVICIOS DIGITALES

Por su parte, en el programa de estabilidad no se especifica en qué consistirá el impuesto sobre determinados servicios digitales, aunque en su día se habló de un tipo impositivo aplicado a la base imponible del 3%, que afectará principalmente a la publicidad en la red y a la intermediación en productos y servicios. De este modo, «se gravarán los ingresos obtenidos en España por grandes empresas internacionales en actividades que ahora escapan del marco fiscal», cuenta Mollinedo.

Para Javier Santacruz, se trata de «una de las medidas más nocivas que se quieren implementar rompiendo el consenso al que se llegó en el seno de la UE de posponer su debate a 2020. Es un impuesto que en realidad se convierte en un arancel a los productos tecnológicos, daña al consumidor y especialmente a todas las empresas que necesitan de tecnología para sus procesos productivos». Y cifra el coste sobre los márgenes de la industria de servicios digitales en España de 178,14 millones de euros anuales.

Desde la patronal de tecnología, Ametic, han admitido que esta figura fiscal «tendrá un impacto negativo sobre el bienestar de los consumidores españoles. Este perjuicio, con un valor económico estimado de entre 515 y 665 millones de euros (según ha calculado en un estudio PwC), se deriva del incremento del precio de los productos y servicios, lo que conlleva pagar más por ellos (repercutiendo negativamente en el ahorro) e incluso, en algunos casos, no poder permitirse su adquisición y disfrute».

Las empresas que más sufrirán este impuesto son estadounidenses, como Amazon, Google o Uber. Por eso mismo, la oposición al impuesto ha llegado, sobre todo, desde el Gobierno del país norteamericano. «Donald Trump lo considera una agresión a sus compañías», sostiene Mollinedo.

Alemania, que no desea enfrentarse todavía más a EE UU, tampoco se muestra a favor de este tributo. Su otro enemigo europeo es Irlanda, pues se trata de la sede en nuestro continente de las multinacionales que se enfrentarán al impuesto. Su aplicación podría deslocalizar dichas empresas, que contribuyen en gran medida a la pequeña economía irlandesa.

PATRIMONIO

Entre los impuestos que más debaten suscitan se encuentran los que tienen competencias cedidas a las Comunidades Autónomas, como el de Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones. Respecto al primero, los gobiernos regionales pueden cambiar el mínimo exento, el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones de la cuota. De todas formas, hay una base estatal que el Ejecutivo modificará, ya que aumentará el 1% del tipo aplicable a patrimonio superiores a los 10 millones de euros. No obstante, las comisiones de expertos para las reformas tributarias han abogado por la supresión de esta figura fiscal.

SUCESIONES Y DONACIONES

En este sentido, el Gobierno no pretende eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el que sí quieren suprimir el PP y Ciudadanos. Ahora mismo, se trata del gravamen que crea más diferencias territoriales. En Madrid, por ejemplo, se bonifica el 99% del tributo, mientras que en otras comunidades como Valencia, un descendiente de más de 21 años debería pagar unos 16.000 euros por una herencia de 300.000 euros. Por último, el programa presentado por el Gobierno a Bruselas tiene un agujero de 20.000 millones en ingresos, calcula Juan Ramón Rallo. Y concluye que se cubrirá a lo largo de la legislatura «con más impuestos, los cuales necesariamente recaerán sobre las clases medias».


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