Mandato electoral y pacto de investidura
7 de septiembre de 2023
Por Fundación Civismo

Más allá de la ajustada aritmética parlamentaria y la dificultad de lograr los apoyos necesarios para su investidura el 26-27 de septiembre, el candidato tendrá la oportunidad de presentar un programa de gobierno y contrastar su proyecto con la mal llamada alternativa ‘progresista’ que el presidente del gobierno en funciones intentará articular si la investidura de Feijóo resulta fallida. Y digo mal llamada porque lo que Sánchez pretende colarnos, esta vez sin hacer trampas, no es otra cosa que la reedición de los gobiernos de la pasada legislatura, cuya gestión podría calificarse como populista y divisiva, no como progresista.

Ya me dirán qué hay de progresista en la ley del “sólo sí es sí” que ha puesto en la calle a cientos de agresores sexuales, incluidos decenas de violadores condenados, o en la llamada “ley trans”, que deja en manos de jóvenes de 16 años la decisión de hormonarse para cambiar de sexo, o en financiar el aumento del gasto en pensiones y otros programas sociales, la oferta de empleo público y la subida salarial de los empleados públicos incurriendo en elevados déficits que trasladan la carga de la deuda a los más jóvenes. Por no hablar de las ayudas a los adolescentes para viajar y las subvenciones a las salas de cine para sufragar las entradas de los mayores de 65 años. El abuso del Presupuesto del Estado y de los Reales Decretos con fines electoralistas es algo que merecería la atención de la Fiscalía. Claro que Sánchez ya nos aclaró de quién depende.

Aznar acudió en el año 1993 al Majestic, céntrico hotel barcelonés en el que la ya extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) solía celebrar sus victorias electorales, para cerrar un acuerdo con este partido nacionalista catalán y asegurarse el respaldo de la coalición Convergencia i Unió (CiU) en el Congreso. Seguía la estela del presidente González, cuya corta victoria en 1993 le obligó a buscar también el apoyo de CiU. Aznar aceptó pagar un precio muy alto, al entregarle a Pujol la cabeza de Vidal-Cuadras, el líder del PP catalán que había sido capaz de plantarle cara y sacar de quicio al intocable ‘president’. Aznar correspondió el gesto de Pujol enviando a Vidal-Cuadras al Parlamento europeo, un golpe del que no se ha recuperado todavía el PP en Cataluña.

La ruptura entre PP y CiU

Cuando Rajoy ganó las elecciones generales a finales de 2011, apostó, como en su día Aznar, por alcanzar acuerdos con Mas, sin reparar en que las circunstancias eran muy distintas a las de 1996. Sánchez-Camacho, elegida presidenta del PPC en 2008, respaldó al gobierno de Mas en el Parlamento catalán hasta que éste consideró un lastre apoyarse en un partido con el que había prometido ante notario no pactar en 2006. Poco han podido hacer sus sucesores, García Albiol y Alejando Fernández, para recomponer un partido maltratado por la cúpula de Génova, incapaz de comprender la gravedad de la situación en Cataluña. Tanto el ‘president’ Mas como Pujol votaron en la consulta independentista organizada en Barcelona el 10 de abril de 2011, y tres años después fue el propio Mas quien organizó la primera consulta en toda Cataluña el 10 de noviembre de 2014.

Tras intensas negociaciones entre CDC y ERC, Mas y Junqueras acordaron la hoja de ruta del proceso independentista y concurrieron con una lista única, Junts pel Sí (a la independencia), a las que según el plan acordado iban a ser las últimas elecciones autonómicas en Cataluña. Celebradas el 27 de septiembre de 2015, el plan descarriló porque la CUP se negó a investir a Mas presidente por su implicación en la financiación ilegal de CDC que había aflorado en el caso Palau y el descrédito de este partido tras conocerse la fortuna oculta acumulada por el nada honorable ‘president’ Pujol y la imputación de su hijo Oriol, acusado de tráfico de influencias. Mas optó en el último minuto por nombrar sucesor a Puigdemont, entonces alcalde de Gerona, quien una vez investido presidente y con Junqueras como su vicepresidente económico apretó a fondo el acelerador para crear ‘estructuras de estado’ y aprobar en el Parlamento catalán leyes para dar cobertura ‘legal’ a su plan de constituir unilateralmente una república en Cataluña.

Incluso durante esta fase álgida del proceso independentista, Rajoy seguía sin comprender la gravedad de lo que el gobierno de la Generalidad tramaba y envió a su vicepresidenta Sáenz de Santamaría para encontrar una salida negociada ofreciendo mejorar la financiación de Cataluña. Así llegamos en 2017 a la aprobación en el Parlamento de Cataluña de la Ley del 6 de septiembre, del referéndum, y la Ley del 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, a la celebración de un referéndum ilegal el 1 de octubre empleando como colegios electorales centros educativos y locales de propiedad pública, y, en fin, a la culminación del proceso con la proclamación unilateral de la independencia en el Parlamento el 27 de octubre. Ahora Puigdemont, presidente del consejo de la república catalana en el ‘exilio’, exige ‘legalizar’ el referéndum del 1 de octubre y amnistiar a todos los condenados o prófugos.

¿Con quién pactar?

Cualquier persona con cierta memoria y algo de luces debería tener claro a estas alturas que el propósito de todo el proceso independentista y de la negociación actual para la investidura con ERC y Junts per Catalunya (JuntsxCat), el partido creado por Puigdemont en 2020 para capitalizar los frutos del procés, no era alcanzar la independencia, empresa completamente imposible, sino sembrar dudas sobre la legitimidad de la democracia española. Y buena prueba de ello es que Puigdemont, tras cantar el himno de “Los segadores”, abandonó a toda prisa la nave nada más estampar la botella de cava en el casco de la recién inaugurada república catalana. Reclamando ahora la amnistía, el prófugo pretende que el gobierno reconozca que España no es un Estado de Derecho y los líderes independentistas padecen persecución política y fueron juzgados y condenados arbitrariamente por el Tribunal Supremo, u obligados a marcharse al exilio.

No me sorprende que Alejandro Fernández, tras la tímida recuperación del PP en Cataluña el 23-J, haya estallado al contemplar incrédulo los torpes balbuceos de quienes en la calle Génova siguen sin comprender todavía que un prófugo de la Justicia no es un interlocutor válido, ni la amnistía una opción legítima en un Estado de Derecho, por mucho que algunos pretendan “constitucionalizarla”. Doctores tiene Sánchez. Pérez Rubalcaba, lúcido líder socialista, lo expresó con rotundidad en 2016 cuando decía “imagínense la que tendríamos montada si vamos a la investidura con Podemos, que está en el derecho de autodeterminación, y de los independentistas, que ni le cuento”. Sánchez convirtió el 1 de junio de 2018 en triste realidad aquel imagínense que Rubalcaba rechazaba rotundamente por chapucero y monstruoso para España.

PP y PSOE, Feijóo y Sánchez, si ustedes lo prefieren, están obligados moralmente a entenderse para reforzar la estabilidad institucional y el Estado de Derecho, y a acordar políticas beneficiosas para la mayoría de los ciudadanos que les votaron, en lugar de enredarse en pactos que están socavando y sembrando dudas sobre los mayores logros de nuestra historia contemporánea: la Transición que puso fin a las dos Españas y la Constitución aprobada y refrendada por los españoles el 6 de diciembre de 1978. El apoyo que Feijóo, como ganador de las elecciones, reclama a Sánchez para gobernar los dos próximos años (cuatro sería incluso mejor) es, sin duda, la mejor opción para sortear el chantaje permanente y bajar las ínfulas a los partidos populistas e independentistas. Tras la entrevista que mantuvieron ambos, está claro que Sánchez prefiere seguir ignorando la advertencia de Rubalcaba y dejar el gobierno de España a merced de quienes quieren irse.

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