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feb

La crisis política en Venezuela ha propiciado polarizaciones a nivel doméstico e internacional. El debate actual gira en torno a quién está legitimado para ejercer el poder, ya que Juan Guaidó y Nicolás Maduro se disputan la presidencia; la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente, el poder legislativo; por su parte, Estados Unidos, el Grupo de Lima y la Unión Europea se han ofrecido como mediadores para que esta Administración salga del poder de forma pacífica, mientras Rusia y China llaman a la no injerencia y defienden la soberanía de la República Bolivariana.

Al cumplirse un mes de la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, la comunidad internacional intentó mandar ayuda humanitaria al país. En algunos puntos fronterizos, los insumos pudieron entrar, gracias a que varios militares reconocieron la autoridad de Guaidó; pero en otros no, ya que Maduro consideró dicho auxilio un show estadounidense y una violación a su soberanía. De los 34 camiones enviados, sólo dos pudieron ingresar en el país, según la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria. Ésta contabilizó 161 protestas, ocho pasos fronterizos bloqueados, 131 heridos y cinco muertos, producto de los enfrentamientos entre civiles y militares. Así, estos últimos impidieron la entrada de los suministros bloqueando las calles y quemando los camiones, que contenían toneladas de comida y medicamentos.

Tras este despliegue de violencia, Guaidó anunció que participará en la reunión del Grupo de Lima para discutir “posibles acciones diplomáticas”, y aseguró en un tuit que los acontecimientos en la frontera le obligan a plantear a la comunidad internacional de manera formal si deben tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de una patria “que lucha y seguirá luchando”.

¿Se abre la puerta a una intervención militar extranjera? No queda muy claro, pero ya se pueden atisbar las alternativas que respaldará cada bloque. Por ejemplo, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, afirmó que es el momento de actuar en favor de la democracia y responder a las necesidades urgentes del pueblo de Venezuela: “Estados Unidos hará responsables a los que se opongan al restablecimiento pacífico de la democracia en Venezuela, y tomará medidas contra ellos”. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, ha advertido de que su país no apoyaría una injerencia militar extranjera en Venezuela y que “no todas las posiciones están sobre la mesa” para solucionar la crisis.

Si Venezuela accede a que el Ejército estadounidense entre en el país, estaría repitiendo la historia de algunos de sus vecinos. Así, ésta no sería la primera vez que EE.UU. interviene en otro país del continente americano, al que considera parte de su “esfera de influencia”, con el fin de provocar cambios institucionales. En 1991, 3.000 militares estadounidenses llegaron a Haití para mantener el orden tras el golpe de Estado que expulsó a Jean-Bertrand Aristide del poder. George Bush envió otros 20.000 efectivos a Panamá para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega en 1989. Se financió a fuerzas contrainsurgentes en 1984 para frenar el comunismo en Nicaragua. En 1970, Washington, a través de la doctrina Condor, coordinó una red de cooperación en América Latina destinada a capturar y ejecutar opositores políticos en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En 1961, intentaron —sin éxito— derrocar a Fidel Castro.

Así pues, la capacidad de EE.UU. para suscitar cambios en países latinoamericanos no se pone en duda. Tal vez, la división en el Ejército venezolano, ocasionada por la irrupción de la figura de Guaidó, posibilite una intervención que halle menos resistencia y violencia por parte de un Gobierno debilitado. Sin embargo, nada garantiza que ésta sea suficiente para expulsar a Maduro, o que el fin justifique los medios. El mundo está a la espera de la decisión del presidente interino, quien, en tan sólo un mes, ha renovado la esperanza de los venezolanos que quieren restaurar la democracia.

Este líder citó varios artículos de la Constitución para respaldar su legitimidad el pasado 23 de enero, como el 233, que faculta al Parlamento para declarar la revocación popular del mandato de un presidente por faltas absolutas como la muerte, incapacidad física o mental, renuncias o destituciones. El 333 blinda cualquier intento de derogar la Constitución por algún mecanismo distinto al previsto en ella. Y el 350 habilita a los venezolanos para desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores y garantías democráticos, o menoscabe los derechos humanos. Ésta se trata de una de las acusaciones más tajantes hacia Maduro tras las más de 200 detenciones de líderes opositores que se han producido, según la ONG Foro Penal; la represión violenta de los ciudadanos que se manifiestan en las calles, o el cierre arbitrario de medios de comunicación.

A pesar de esto, el chavismo no ha dado señales de que vaya a rendirse, y sus partidarios han calificado de ilegítima y creativa la interpretación de los artículos de la Constitución en los que Guaidó se apoya. Mientras camiones cisterna, contenedores de carga y militares con gases lacrimógenos evitaban la entrada de ayuda humanitaria el 23 de febrero, Maduro aparecía en los medios de comunicación bailando salsa con sus seguidores en su Marcha en Defensa de la Revolución, como si no estuviera pasando nada. La lealtad de las fuerzas armadas hacia él ha impedido que las autoridades de la oposición se acerquen a las instituciones del Estado; y el apoyo de potencias como China y Rusia le ha dado oxígeno pese a la asfixia económica derivada de las sanciones que los aliados internacionales de la oposición han implementado para forzar su salida.

El uso de creatividad también se le puede atribuir a Maduro. Tras la petición de convocar elecciones por parte de la Unión Europea, el grupo Lima y otros líderes mundiales, él dijo que estaría de acuerdo en celebrarlas, pero no para elegir a un nuevo mandatario, sino a una asamblea, que es la única institución controlada por la oposición actualmente. Ésta, por su parte, se sigue manifestando para llegar a las urnas, pero un desafío aún mayor será provocar un cambio de bando en las fuerzas armadas. Como gozan de un alto grado de inmunidad en el país gracias al líder chavista, y últimamente han sido señaladas por la justicia internacional como gestoras de varias redes de contrabando y narcotráfico, será difícil convencerlas.

No resulta recomendable que el ilegítimo Nicolás Maduro siga gobernando, por la crisis económica y humanitaria que afronta el país y por el probable aumento de la violencia durante las próximas manifestaciones. Una salida pacífica pudiera ser propiciada por la presión internacional, pero las heridas del pueblo venezolano podrían dificultar que la ciudadanía acceda a negociar con los altos cargos del Gobierno actual. Otra opción, aunque poco probable como veíamos, pasa por que las fuerzas armadas cambien sus lealtades y acompañen a Juan Guaidó hasta la presidencia. Y una tercera posibilidad se cifraría en una intervención militar extranjera. Por ahora, nadie sabe cuántos días más estará Maduro en el poder, pero los venezolanos se deben mantener en las calles y la comunidad internacional ha de seguir apoyando a Guaidó para que se respete la Constitución.


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