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La Razón

Las medidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado perjudicarán a la economía española más de lo que el Gobierno prevé. Para empezar, el Ejecutivo estima un crecimiento del 2,3% para 2019, pero la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) lo ha rebajado una décima. Asimismo, en lo que afecta a las empresas, las exportaciones de bienes y servicios sufrirán «una fuerte desaceleración» en la que jugará un aspecto fundamental la incertidumbre internacional, como la guerra comercial, las tensiones con Italia, el Brexit o el conflicto con los chalecos amarillos en Francia, según apunta el director de coyuntura y análisis internacional de Funcas, Raymond Torres. Bien apunta Javier Morillas cuando dice que las medidas incluidas en los PGE, que gravan a las empresas, provocará que estas exporten menos e importen más. Les costará más producir en España, así que la tendencia de los últimos años, en los que cosechábamos un superávit externo, podría revertirse totalmente. De hecho, según Funcas su crecimiento se reducirá hasta el 0,8% en 2019 y para el 2021 espera que el ritmo de aumento haya bajado hasta el 0,5%. Por su parte, el director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha declarado que en el periodo 2019-2021 se podría dar «un desequilibrio» entre el sector exterior y el interior porque el primero de ellos está «amenazado». Así, desde Funcas advierten de que «todas las recesiones anteriores han venido precedidas por un fuerte deterioro de las cuentas externas». Y como confi esa Javier Santacruz, la recesión llegará en 2020.

Precisamente, los datos son cada vez más negativos porque el ciclo de crecimiento se está agotando y el conjunto de la economía se está resintiendo. De hecho, no tardará en contraerse. El economista de la Think Thank Civismo, Javier Santacruz opina que «en el tercer o cuarto trimestre de 2020 las economías desarrolladas entrarán en recesión», y deberemos estar preparado para ello. Por eso, a Pedro Sánchez se le achaca que haya decidido aumentar el gasto y no amortizar más deuda para que sea lo más reducida posible cuando lleguen tiempos peores. El catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, Javier Morillas, destaca que «la amortización de la deuda es clave si queremos asentar la recuperación y tener un colchón para la próxima crisis que venga, que vendrá».

DEUDA PÚBLICA

El Gobierno estima que la deuda cerrará 2019 en un 95,4%. Pero claro, sus ingresos están infl ados y siendo lo más realistas posibles no descenderá tanto. Así, Funcas calcula un 95,9%, y Santacruz es aún más pesimista situándola en el entorno del 97%. El principal escollo para amortizarla puede ser los tipos de interés del bono a español a 10 años. En defi nitva, si el interés al que pagan la deuda se disparase tendrían un problema. Aunque Santacruz admite que no ascenderán sobre el 2%, no hay que olvidar que los compradores de bonos reaccionan a cualquier incertidumbre y el pasado octubre el interés pasó del 1,65% al 1,76% en una semana auspiciado por el trasiego con el impuesto de las hipotecas y la presentación del borrador de los Presupuestos para los que parecía imposible encontrar apoyos.

En estos momentos, el interés del bono a 10 años se encuentra en el entorno del 1,4%, y conviene tener contentos a los compradores para que se reduzcan. Y es que si se mantienen en ese rango, el Gobierno no logrará una de sus metas, alcanzar un superávit primario en 2019. Según Javier Santacruz, sólo se puede lograr desde un «punto de vista teórico» si se ingresa más de lo que se gasta, pero en la práctica «resulta imposible» y se registrará un déficit porque el pago de la deuda (al nivel de interés que se prevé en 2019) superará al superávit primario.

El índice de referencia para conocer si los inversores confían en nuestra deuda es la prima de riesgo, que es el resultado de la comparación del interés de los bonos españoles y alemanes. Durante la crisis sus altos niveles acapararon telediarios. Y desde cuando Sánchez aterrizó en el Gobierno ha vuelto a hacer amagos de fuertes subidas. Entonces, a principios de junio, rondaba los 100 puntos y desde el día en que se presentó el borrador de los Presupuestos, el 11 de octubre, no ha bajado de la barrera de los 110 puntos. Y así, estos primeros días del año protagonizados por la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de forma oficial, la primera de riesgo ha estado entre los 118 y los 131 puntos.

BCE

Está por ver cómo reaccionarán las deudas de las economías europeas a la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de abandonar el progama de compra de deuda (QE; expansión cuantitativa) vigente desde 2015. El Catedrático de Estructura Económica Santiago Niño-Becerra indica que, a día de hoy, el BCE «tiene 220.000 millones de euros de deuda pública española (el 22,3% del total) y 23.000 millones de deuda de las empresas. De momento, la institución ha dicho que mantendrá embalsada esa deuda (pública) e irá renovando los vencimientos, pero la dependencia de España será máxima: un simple rumor de que eso vaya a dejar de ser así ocasionará una incertidumbre enorme».

Igualmente, el secretario general del Sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, cree que el BCE tiene tanta deuda española acumulada que el fin de la QE «traerá más tensiones de tesorería para el pago de pensiones, subsidios, y demás; también para las empresas, dado que aumentará tipos de interés, habrá menos inversión y afectará al empleo y al consumo de las familias».

Además de la deuda pública, Javier Morillas considera que las empresas y las familias españolas siguen «hiperendeudadas». A pesar de haberse disminuido hasta el 153,5% del PIB, según los últimos datos publicados en las Cuentas Financieras de la Economía Española, el débito privada (junto a la de las Administraciones Públicas) es motivo para creer en que nos encontramos en una «crisis de deuda», explica Morillas. Y el aumento de los impuestos a las compañías y del IRPF a los ciudadanos no ayudará a que puedan deshacerse de lo que aún deben.

Los PGE incluyen impuestos que afectan a sectores concretos, como la imposición a las transacciones financieras que consiste en gravar un 0,2% la compra de acciones españolas cotizadas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. Este tributo tendrá especiales consecuencias sobre quien traspase acciones de grandes compañías, como las entidades financieras y los mayores operadores bursátiles, «los fondos de inversión, de pensiones o las sicav», cuenta el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

El Ejecutivo también quiere zanjar la polémica de la tributación de las empresas que basan su negocio en internet, como Google. Para lograrlo, creará un impuesto del 3% para servicios como la publicidad en línea y la venta de datos de usiarios online. Sólo afectará a las compañías con ingresos anuales superiores a los 750 millones de euros en todo el mundo o a los 3 millones en España, y la recaudación estimada es de 1.200 millones.

La patronal de la industria tecnológica digital en España (Ametic), ha avisado del fuerte perjuicio que supondría para nuestro país la creación de este impuesto aún no desarrollado en el continente porque estados que en principio lo defendían, como Alemania, se han bajado del barco por los peligros de la guerra comercial, apunta Mollinedo, porque las corporaciones afectadas serán multinacionales estadounidenses. De todas formas, en el contexto de «digitalización», se ponen trabas a las empresas del sector. «La mayor parte del coste de este impuesto será soportado por las pymes que usan las plataformas digitales y por el usuario, que verá cómo se incrementan los costes de los productos y verá reducida las opciones en el canal digital», afirma la patronal.

En total, las medidas tributarias incluidas en los Presupuestos Generales del Estado deberían recaudar un 9,5% más que el año anterior, pero el economista de la Think Thank Civismo, Javier Santacruz, opina que se quedará en torno al 4%, es decir, menos de la mitad. En el mismo sentido, Lacalle advierte de que el desfase entre lo que espera ingresar el Gobierno y la realidad será de entre 3.000 y 3.500 millones de euros. Y eso pensando en positivo pues admite que otros expertor lo sitúan alrededor de los 6.000 millones.

Lo que se cuestiona de las reformas fiscales que afectan a las empresas no es sólo su recaudación, también su legalidad. Santacruz pone en duda que incluso se puedan aprobar porque «te los tumba cualquier tribunal». Por un lado, el impuesto a las transacciones financiera se limita a la compra de acciones españolas cotizadas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros, y no es legal gravar a unos productos de acciones y a otros no, explica. Por otra parte, el impuesto a la banca y a los determinados servicios digitales generan una doble imposición porque las compañías ya están tributando por sus beneficios en España, concluye Santacruz.


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