08
oct
Expansión

Se cumple en estos días el 150 aniversario de la denominada revolución “gloriosa” que, a finales del mes de septiembre de 1868, derrocó a Isabel II y trató de reformar el país, modernizando sus instituciones y su economía. Pero, como tantas veces ha ocurrido en España, las cosas no funcionaron bien. El fracaso de la monarquía de Amadeo de Saboya dio paso a una república que se arrastró penosamente durante algunos meses, hasta que terminó, muy a la española, con un golpe de estado protagonizado por un general.

Algunos medios de comunicación –no muchos ciertamente– se han hecho eco de la efeméride. Pero apenas se ha hablado de la política económica de los gobiernos de la época, que hicieron aportaciones muy interesantes cuya influencia ha llegado, en algún caso, prácticamente hasta nuestros días. Cuando estalló el movimiento revolucionario, la economía española pasaba por una crisis seria, en la que confluían problemas en los sectores ferroviario, financiero y textil con una Hacienda pública al borde de la quiebra. Por ello, el nuevo Gobierno tuvo que adoptar medidas de emergencia. Pero pronto trató también de dar respuesta a, por lo menos, dos cuestiones muy relevantes a largo plazo: la moneda y el comercio exterior.

Protagonista indiscutible de estas reformas fue el ministro de Hacienda Laureano Figuerola, liberal convencido, que trató de aplicar un programa que desarrollara una serie de principios que él y algunos de sus contemporáneos venían defendiendo hacía años, y en los que coincidían con movimientos similares que se habían formado en otros países europeos en la misma época.

El fruto más duradero de esta política económica fue, sin duda, la creación de la peseta, que, por decreto de 19 de octubre de 1868, fue establecida como unidad monetaria para todos los dominios españoles. La reforma suponía una clara aproximación a la Unión Monetaria Latina, que había sido creada el año 1865 por Francia, Bélgica, Italia y Suiza, con el objetivo de desarrollar las relaciones económicas con estos países. No llegó España a integrarse plenamente en ese grupo y, como se afirma en el citado decreto, el Gobierno prefirió mantener un mayor grado de autonomía. Pero, de una u otra forma, la peseta se convertía así en nuestra moneda y lo sería hasta la creación del euro 130 años más tarde.

Pero la reforma más ambiciosa de las emprendidas por Figuerola fue la referida al comercio exterior. Su objetivo era abrir la economía española y terminar con la protección, en muchos casos desmedida, de la que se aprovechaban numerosos sectores y constituía un serio freno al desarrollo del país. También en este punto la política del nuevo Gobierno estaba en línea con las políticas de apertura que se estaban planteando en Europa en aquellos años, en especial desde la firma del tratado de comercio Cobden-Chevalier de 1860, entre Francia y Gran Bretaña.

Reducción arancelaria

El texto legal básico para la reforma arancelaria fue el artículo 9 de la Ley de Presupuestos de 1869, que recogía sus principios en catorce bases. La más importante de ellas era la quinta, que establecía una reducción paulatina de aranceles a partir del sexto año, de modo que en los seis siguientes –es decir, a partir del duodécimo– los derechos sólo podrían llegar al tipo de los derechos fiscales que, en aquella época, aún constituían un instrumento relevante para la financiación del gasto público.

La reforma era, por tanto, paulatina y sensata. Pero fue atacada de forma inmisericorde desde el primer momento, en especial por los fabricantes del sector textil catalán que, el mismo año 1869, habían promovido la creación del Fomento de la Producción Nacional, organización que funcionaría como lobby proteccionista para combatir cualquier cosa que sonara a comercio internacional libre. Con el tiempo, el proyecto de Figuerola fracasó. Seguramente no fue una buena idea intentar una reforma liberal con un plazo tan largo que permitiera a sus adversarios organizarse en defensa de sus intereses particulares. Y los cambios políticos contribuyeron también a terminar con el proyecto librecambista; en especial desde que Cánovas y su partido abrazaron de forma manifiesta la causa proteccionista.

En historia no resulta siempre fácil establecer la relación causa-efecto entre una determinada medida de política económica y lo que sucedió más tarde en el mundo real. Pero hay buenos argumentos para defender la idea de que en los mediocres resultados de la economía española durante el período de la Restauración tuvo mucho que ver la política proteccionista, que impidió su modernización y la creación de una industria competitiva en el mercado internacional, que nunca existió en aquellos años.

Ha transcurrido siglo y medio. Pero no está de más reflexionar sobre los problemas económicos de aquella época que, en muchos casos, constituirían una constante en un país que, desde hace mucho tiempo, viene luchando, con resultados muy variables, por alcanzar los niveles de desarrollo de los principales países europeos.


Deja un comentario