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En un momento en el que la economía española crece por encima del 3% en términos reales, uno de sus desequilibrios más importantes sigue siendo el elevado déficit público y, en consecuencia, la deuda pública. Tanto en uno como en otro, España se sitúa a la cabeza de la Zona Euro. De hecho, junto a Francia y Reino Unido, es uno de los tres países de los 28 que, casi una década después, continúa dentro del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), bajo tutela de la Comisión Europea por incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

A ello se suma un problema estructural y de largo recorrido: el déficit de ahorro de las familias. Una preocupación clave para los españoles, que vuelve a estar encima de la mesa debido a que la caja de la Seguridad Social tendrá que endeudarse de nuevo en términos netos para efectuar el pago de la extraordinaria de Navidad de los jubilados, a lo que hay que añadir el desequilibrio patrimonial de sus cuentas, que arrojarán, previsiblemente, un déficit en torno a los 18.000 millones de euros al cierre de 2017. En este sentido, la Deuda Pública supone un lastre adicional para las finanzas familiares, especialmente para su capacidad de generar el ahorro suficiente con el que financiar la jubilación y las prestaciones sociales. La amenaza de un mayor endeudamiento para sostener el Estado del Bienestar actúa con un “efecto bumerán” primando a los beneficiarios actuales a costa de menoscabar el potencial de crecimiento económico y de creación de riqueza para financiar los servicios públicos futuros, que ya se consideran “derechos adquiridos”.

A partir de esta problemática, Civismo elabora el presente estudio, en el que calcula el impacto que tiene la Deuda Pública actual sobre el ahorro de las familias, en términos de porcentaje de merma en su riqueza neta. O, dicho de otra forma, cuantifica la “hipoteca” que la Deuda Pública supone sobre los recursos familiares, de los cuales el 70% corresponde al valor de la vivienda habitual, tal como puede constatarse año tras año en los Estados Financieros de las Familias que publican instituciones como el Banco de España. Asimismo, realiza un desglose del impacto que tiene la Deuda del conjunto de las Administraciones Públicas (Administración Central, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social) según la comunidad autónoma donde la familia tenga establecida su residencia fiscal.

La cuestión del ahorro familiar y la riqueza neta

En las familias españolas, los conceptos “ahorro” y “pensión” están íntimamente ligados. Si bien a priori esto podría ser un hecho positivo – planificación del ahorro a largo plazo– en realidad no lo es, ya que, cuando se habla de “pensión”, se alude exclusivamente a la pensión pública, y esto actúa como desincentivo al ahorro. ¿Para qué ahorrar de cara a la jubilación si el Estado garantizará la pensión? ¿Para qué ahorrar si todos los meses un 36,25% del sueldo bruto va a la Seguridad Social para pagar pensiones?

Estas son las reflexiones más típicas que recogen diversos trabajos sociológicos, en los que se hace patente la preocupación en torno a la pensión pero, al mismo tiempo, se constata la falta de previsión y el desconocimiento, achacables en gran parte a la protección pública. Lo mismo ocurre con el resto de las políticas públicas: el ciudadano cree que los impuestos corrientes que paga son suficientes para sufragar el gasto sanitario, educativo o de protección social. 

La combinación de estos dos factores –confianza en que el Estado proveerá una pensión suficiente pase lo que pase, y que los servicios públicos son sostenibles con los impuestos presentes– oculta una realidad bien distinta. A saber, que la Deuda aumenta día tras día, hasta alcanzar los límites actuales, y socava el esfuerzo ahorrador de las familias, concentrado en la compra de vivienda y en amplias posiciones de liquidez en depósitos bancarios con escasa planificación a largo plazo. De hecho, hasta tal punto es así que sólo hay una fuente de previsión en la riqueza familiar: la vivienda habitual. Según los datos de patrimonio neto de las familias españolas correspondientes al 20155, publicados por el Banco Central Europeo (BCE), el ahorro mediano total neto (valor de los activos menos deudas) de una familia en la cohorte de edad media de la población (entre los 45 y los 54 años) asciende a 179.300 euros. A partir de este dato común para el conjunto de las regiones españolas –la estadística oficial no ofrece datos particularizados por autonomías–, se pasa a analizar la Deuda Pública total, desglosada por niveles desagregados de la Administración Pública antes de realizar los cálculos. 

El endeudamiento público y el peso sobre las finanzas familiares

Tal como se señala anteriormente, coexisten dos elementos –pensiones públicas y financiación de los servicios públicos a partir de impuestos presentes– que cristalizan en un aumento estructural de la Deuda Pública. Todo incremento del pasivo público se paga vía tributos, ya sean actuales o futuros, tal como evidencia uno de los principios esenciales de las finanzas públicas: la “equivalencia ricardiana”. Según ésta, lo lógico sería realizar un esfuerzo adicional de ahorro en el presente para cubrir el incremento de impuestos futuros, derivado del crecimiento de la Deuda Pública. De esta forma, las familias se prepararían para un escenario venidero de mayor presión fiscal y, por consiguiente, de menores recursos para gastar y ahorrar.

Sin embargo, en el caso de la economía española, la falta de previsión hace que las familias no sean consciente de que más Deuda Pública implica más impuestos futuros, y fían su bienestar a las prestaciones estatales como las pensiones de reparto. Esta evidencia muestra hasta qué punto la Deuda Pública inflige un daño mayor sobre los ahorros familiares si se compara con los países europeos comparables.

Por ello, es necesario introducir elementos de transparencia en el endeudamiento público, a fin de dirimir qué volumen de deuda tiene que soportar cada familia, de qué Administración procede y, por último, en qué se emplea, tomando los datos presupuestarios del Estado y las CCAA. En primer lugar, según los datos de cierre del segundo trimestre de 2017 publicados por el Banco de España, la Deuda del conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) computable dentro del PDE asciende al 99,8% del PIB7. Por administraciones, la Central acapara la mayor parte, con el 87,4% del PIB; las CCAA, el 25,1%; las Corporaciones Locales, el 2,8%; y la Seguridad Social, el 1,5%. Nótese que la suma de estos subsectores no suma el total de las AAPP, ya que hay que consolidar la Deuda cruzada entre los diferentes niveles de Administración Pública. Concretamente, el perímetro de consolidación resta 17 puntos de PIB para situar la cifra agregada en el 99,8% mencionado. 

El elevado endeudamiento de la Administración Central está justificado en buena medida porque de él sale el grueso de la financiación de los servicios públicos, que se canaliza a través de instrumentos como el sistema de financiación autonómica, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y, a partir de diciembre, de la financiación de una parte de las pensiones. Aquí es donde, en los próximos meses, se verá si el nivel actual de Deuda Pública PDE es estable, para, de ahí, empezar a reducir poco a poco el endeudamiento público. 

En segundo lugar, para realizar el desglose regional se toma la Deuda de las CCAA, y a ella se suma la participación de cada región en la Deuda de la Administración Central, las Corporaciones Locales y la Seguridad Social, mediante el método de participación en el PIB del conjunto de España. En total, a cada español le corresponden 24.454,72 euros de deuda total. Tomando el modelo más frecuente de familia (tres miembros), la deuda total por familia asciende a 73.364,15 euros. Estas cifras sólo incluyen la deuda PDE, lo cual significa que no toda la Deuda Pública está computada: falta la que suponen las empresas públicas, universidades públicas, fundaciones…

Por último, se propone como elemento de transparencia detallar a qué se destina la Deuda emitida por las diferentes AAPP, sin perder de vista que la Deuda Pública no tiene carácter finalista, salvo casos excepcionales (no se emite deuda específica para financiar la sanidad o la educación). Normalmente, el Tesoro Público central y, por mandato delegado, los organismos competentes a nivel regional captan fondos en el mercado y suscriben operaciones de financiación con entidades de crédito, en función de la estrategia que cada Administración quiera llevar a cabo.

Así pues, para medir orientativamente a qué se destina la Deuda, se utiliza una variable proxy, como es la participación de los capítulos funcionales de gasto sobre el total del presupuesto nacional y regional. Para ello, se toma de cada CCAA su estructura presupuestaria a partir de los informes consolidados de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local y de la Intervención General de la Administración del Estado correspondientes al ejercicio 2017. Se consideran los siguientes grupos funcionales de gasto: Sanidad, educación, política social y seguridad, deuda pública (intereses y amortización) y otros gastos corrientes e inversión pública.

Nótese la ausencia en el cálculo de un epígrafe específico de pensiones, ya que, hasta hace dos años, los ingresos por cotizaciones sociales y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social han sido suficientes para financiar este gasto. Al cierre de 2017, con el Fondo de Reserva prácticamente a cero y un déficit de la caja de la Seguridad Social en torno a 18.000 millones, todo hace prever que, en el futuro, también habrá que contemplar un aumento del endeudamiento para sufragar las pensiones contributivas.

A tenor de estos datos, en el conjunto de España la partida de gasto presupuestario más importante (y, por tanto, el que supone mayor aumento de la deuda pública en situación de déficit permanente) es el sanitario, que representa un tercio del total, seguido del epígrafe “Otros”, con un 22,88% en el que se incluyen la inversión pública, justicia, defensa y gastos corrientes de la Administración, y el de educación, con un 21,54%; la partida de servicio de la Deuda asciende al 15,4% y, por último, las políticas de protección social suponen el 7,01% del total del presupuesto.

El peso de la Deuda Pública y la “hipoteca” sobre el ahorro familiar

Combinando los dos factores ya analizados –ahorro familiar y Deuda Pública per cápita y por familia– calculamos cuánto pesa la Deuda Pública sobre el valor de la vivienda, primero en el conjunto de España y, posteriormente, por regiones. Para ilustrar estos números gráficamente, se utiliza la silueta de una vivienda –teniendo en cuenta que la mayor parte de la riqueza familiar (70%) está depositada en la residencia habitual–, dividida en diversas estancias. Cada una de ellas representa qué porcentaje de la riqueza neta inicial de una familia media estaría “hipotecada” por la Deuda, sin tener en cuenta el endeudamiento público y el porcentaje neto final. La superficie gris corresponde al patrimonio que la familia podría conservar para sí, mientras que las porciones rojas serían las “hipotecadas”. Los resultados son los siguientes:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España (octubre 2017)

Tabla 1. Desglose de la Deuda Pública por familia y porcentaje sobre ahorro neto

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Porcentaje de la Deuda sobre el ahorro total por gasto funcional

Fuente: Elaboración propia

El porcentaje de Deuda Pública sobre el total de la riqueza neta familiar (que puede interpretarse como el porcentaje del patrimonio que tendría que vender una familia para sufragar su parte de Deuda Pública) es del 40,92% y, en consecuencia, le queda disponible del total de su ahorro el 59,08%.

En proporción sobre el patrimonio neto familiar, el mayor peso de deuda se lo lleva la Sanidad (el 13,57%), seguido de Otros (inversión pública, seguridad…), que pesa un 9%, y el resto se lo reparten el servicio de la deuda, la Educación y las políticas sociales. Esta cantidad varía en función de la región donde la familia resida. Las familias de Extremadura, Andalucía o Canarias son las que tendrían que hipotecarse menos para hacer frente al endeudamiento público; mientras que las catalanas, madrileñas y navarras tendrían que emplear la mitad de su patrimonio neto en amortizar el volumen de Deuda que les corresponde.

Referencias

Banco de España, “Encuesta Financiera de las Familias 2014”, Principales resultados y Balance de Activos Reales y Financieros:
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/eco240117.pdf

Martínez Muñoz, J. y J. Santacruz Cano, “Pensiones, Envejecimiento y la Equivalencia Ricardiana”. Expansión, 24 de septiembre de 2014.
http://rsocial.expansionpro.orbyt.es/epaper/xml_epaper/Expansi%C3%B3n/24_09_2014/pla_3634_Nacional/xml_arts/art_11370480.xmlSHARE=6C23C0F29C6C4F158F7CA6264B48630581AB2FD5761FD3F2BA7402A52AD0093DDB6CC32849AB5A693D81903FF3DA0546754EB61EDA4FCFE69241D64B2BEB2E7E16758105F35FF0FD1217353B79E6891C5FC2CF2CDA4D796E2A982E3D68DFCDBA
V Encuesta del Instituto BBVA de Pensiones, “Las pensiones y los hábitos de ahorro en España”, Noviembre 2017. https://www.jubilaciondefuturo.es/encuesta2017/

Santacruz Cano, J. (2017): “Longevidad y Cambios en el Ahorro y la Inversión”. Fundación de Estudios Financieros y Fidelity International. Documento Nº 2 Foro de Temas de Inversión, Madrid, Junio 2017, pp 36-41. https://www.ieaf.es/images/IEAF/estudios%20y%20actividades/Documento%20%202%20FORO%20DE%20TEMAS%20DE%20INVERSION.pdf

Banco Central Europeo, “Household Finance and Consumption Survey” 2nd wave, Abril 2017.
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave2.pdf?58cf15114aab934bcd06995c4e91505b Table A3 Net wealthmedians – breakdowns- EUR thousands


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