19
oct
El Mundo

La sentencia del Tribunal Supremo acerca del sujeto que tiene que pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de una hipoteca es un nuevo golpe a los ya de por sí maltrechos márgenes de la banca comercial española y con él se cierran más de cinco años de continuas reclamaciones colectivas sobre los supuestos abusos cometidos por los bancos a la hora de conceder créditos en la época de la burbuja inmobiliaria. Concretamente esta sentencia supone un cambio de criterio sobre lo dictaminado en febrero pasado cuando sí se falló a favor de que los bancos afrontaran los costes de formalización de la hipoteca, pero el más importante de ellos, que es AJD, continuó a cargo del prestatario.

Dejando a un lado la argumentación jurídica, la cuestión económica tiene dos frentes: por un lado, si se considera que la sentencia tiene carácter retroactivo sobre las hipotecas concedidas en los últimos cuatro años (período de prescripción tributaria), afectaría a 1,15 millones de créditos con garantía hipotecaria y considerando el importe individual más frecuente de este tipo de créditos (150.000 euros) y además un tipo promedio del AJD (ya que es un tributo totalmente cedido a las CCAA), sólo el coste para la banca de toda esta actividad hipotecaria oscilaría en un escenario conservador entre 1.640 y 2.460 millones de euros, lo que equivale a entre el 12,72% y el 19% del negocio bancario tradicional de todo un año (margen de intereses). Si a ello se añaden las posibles reclamaciones en otro tipo de préstamos que no tengan garantía hipotecaria, el coste total se aproxima a los 4.000 millones que calculó Moody’s.

Por otro lado, tanto esta decisión del Supremo como las anteriores, en materia por ejemplo de cláusulas suelo, van a suponer un encarecimiento notable de las nuevas hipotecas. Es decir, una persona que acude a una entidad de crédito española y suscribe una hipoteca a largo plazo está pagando ya a día de hoy 10 puntos básicos más que un alemán (en homogeneidad de condiciones de solvencia), 44 puntos básicos más que un portugués o 47 puntos básicos más que un francés, según muestran los últimos datos de la financiación de sectores residentes del BCE. A este sobrecoste se añadirá la liquidación del AJD, dado que el sujeto pasivo último de cualquier impuesto casi siempre es el consumidor final (el impuesto quien lo terminará pagando es el deudor).

En suma, el fallo del Alto Tribunal generará en los próximos meses una dinámica de «ganadores y perdedores», donde los «ganadores» son aquellos deudores a los que se les reintegrará el impuesto cobrado y los «perdedores» serán las entidades financieras pero, sobre todo, los nuevos hipotecados en forma de un mayor coste y condiciones más duras a la hora de acceder al crédito. 


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