Los políticos más perversos son aquellos que prefieren asegurar los votos mediante el clientelismo del PER y otras bicocas, en lugar de fomentar la iniciativa empresarial de los particulares.

En 1984, Felipe González instituyó este subsidio que permite cobrar seis meses tras trabajar 33 días, período que ahora Moncloa ha reducido a 20. Tras más de 30 años de permanencia del PER (ahora se llama Profea) se ha instalado en Andalucía una cultura corrosiva que impide emprender y crear empleo. Entre los 420 euros de ayuda mensual y los beneficios de la rentable economía sumergida se puede vivir aceptablemente en el campo. ¿Quién arriesgaría su dinero para montar un negocio legal, cuyos beneficios no son seguros y que, en caso de que los hubiera, se reducirían con onerosos impuestos?

Otro rasgo que caracteriza a Andalucía es la escasa eficiencia que han tenido los 80.000 millones de euros recibidos de fondos europeos a lo largo de estos 25 años. Esta subvención no ha mejorado su convergencia con el resto de España. Sigue siendo la penúltima en renta per cápita (16.842 euros), un 25,2% menos respecto a la media, y la peor en el paro (34,25%). Tampoco la fiscalidad ayuda. Su Impuesto de Sucesiones y Donaciones elimina el incentivo al ahorro y su alto IRPF expolia a quienes considera ricos: los que ganan más de 60.000 euros.

¿A quién le seduce invertir en semejante infierno fiscal? No en vano, Andalucía permanece como segunda peor región en el Índice de Libertad Económica (elaborado por Cabrillo, Albert y Biazzi) que el «think tank Civismo» hará público el próximo mes.

Ignoro cuánto influyen los 27 años de gobierno socialista en tan malas cifras. Lo que sí sé es que Andalucía nunca progresará con tanta sobreprotección. Lo primero que espabila el ingenio personal y colectivo es la necesidad. ¿Por qué no invertir las ayudas en reducir impuestos? Si se hiciera eso y se recortara su hipertrofiada Administración, Andalucía se convertiría en la región europea más atractiva para invertir.