26
jul
Expansión

No hay que ser un genio de la economía para darse cuenta de que elevar el techo del gasto público en un país que tiene serios problemas para reducir su déficit presupuestario y una deuda pública cercana al 100% de su PIB es un auténtico disparate. Pero esto es, exactamente, lo que pretende hacer nuestro gobierno. Supongo que hasta el propio Sánchez es consciente de lo absurdo de la idea; y no me cabe duda de que, si no fuera así, en su partido hay economistas con suficientes conocimientos y sentido común como para explicárselo sin mayores problemas. Pero parece evidente que la razón de esta propuesta tiene poco que ver con lo que conviene a la economía española y mucho con lo que conviene a un partido con una gran debilidad parlamentaria que necesita comprar votos y voluntades con el dinero del contribuyente. Porque el nuevo gasto sólo podría financiarse de dos maneras: con más impuestos hoy o con más deuda pública, lo que significaría más impuestos mañana.

Pero lo que más me llama la atención es cómo, a la hora de intentar justificar tal medida, se presentan argumentos simplistas y demagógicos de todo tipo. Y mi política favorita, a la hora de hacer tales planteamientos, es hoy la presidenta de Andalucía, la Sra. Díaz. Como es sabido, el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado ya, con muy buen sentido, que va a oponerse a la aprobación de la norma que permita este incremento del gasto público. Y Díaz ha afirmado que no puede concebir que el PP vaya a votar en contra del aumento del techo del gasto. “Me parece irresponsable- ha aseguradovotar que no, sólo por hacer daño a un gobierno de otro color político”. Es decir, que en su cabeza no cabe la idea de que hay razones de mucho peso que desaconsejan que el sector público gaste más en estos momentos, al margen de quién proponga tal cosa. Y su argumento continúa de una forma que no sorprenderá, seguramente, a nadie: ¡si estos recursos van para la sanidad, la educación o la dependencia y benefician a los ciudadanos! Supongamos que esto es cierto y que nada de este dinero, si la Junta de Andalucía lo consiguiera, iría a parar a esas actividades menos presentables, a las que estamos bastante acostumbrados. Aun así parece que a la presidenta se le ha olvidado añadir que la factura de este gasto que, en su opinión, tanto beneficia a la gente tendría que ser pagado, antes o después, por los mismos supuestos favorecidos.

El problema no es, por tanto, que un mayor control del gasto público prive a los ciudadanos de bienes y servicios que necesitan. La cuestión realmente importante es si esos recursos, que son escasos, van a ser administrados en mayor o menor grado por los propios ciudadanos que los han generado. Más gasto público implica que una parte mayor de la renta nacional es controlada por el Estado; y que la renta disponible de las personas, en consecuencia, disminuye. Si la Sra. Díaz fuera capaz de demostrar que quitarle más dinero a la gente para devolvérselo en forma de bienes y servicios gratuitos o subvencionados eleva su nivel de bienestar, tendríamos que darle la razón. Pero la evidencia es abrumadora en sentido contrario, a partir de un determinado nivel de gasto. Y, llevando el caso al límite, ¿no tendrían entonces razón los políticos de Podemos cuando afirman que el aumento del gasto que defiende el PSOE es demasiado pequeño, ya que hay mucha gente que necesita más servicios públicos? ¿Por qué el gobierno no les hace caso si se trata -en palabras de Díaz- de recursos empleados en sanidad, educación o dependencia que benefician a los ciudadanos?

Un resultado muy conocido de la teoría de la elección pública establece que un aumento del gasto público tiende a elevar las probabilidades de reelección de un gobernante en el poder; mientras un aumento de los impuestos las reduce. Y tal resultado tiene algunos efectos de gran importancia práctica. El primero, que analizó Buchanan hace ya bastante tiempo, es que los sistemas democráticos tienden a generar déficit presupuestarios, al aplicar los políticos las medidas que les favorecen – más gasto- y retrasar lo más posible las que resultan contrarias a sus intereses -más impuestos para financiar el gasto-. Y que por ello es necesario que existan normas de carácter constitucional -o cuasi constitucional- que limiten la discrecionalidad de los gobernantes en política económica. Y el segundo que, en un sistema federal -o autonómico como el nuestro- la financiación de las regiones -o Comunidades Autónomas mediante cesión parcial de tributos recaudados por la hacienda central hace crecer al gasto público regional, ya que los gobernantes autonómicos pueden obtener los beneficios electorales del gasto y no asumir directamente los costes de los mayores impuestos. No cabe duda de que nuestra hacienda pública constituye un excelente campo de estudio de tales problemas.

Hace sólo unos días se daba casi por seguro que el aumento del techo de gasto finalmente se produciría. Hoy parece que hay esperanzas de que se pueda evitar tal error. El nuevo PP tiene una buena oportunidad para demostrar que realmente quiere que las cosas cambien


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