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jul

Levántate pronto, trabaja hasta tarde y encuentra petróleo”, aconsejaba el criticado empresario John D. Rockefeller, sin duda el magnate con mayor capital de la historia. Pero aquellas refinerías de hace dos siglos nada tienen que ver con las actuales técnicas de explotación de recursos naturales. Dentro de estas, cabe destacar la enorme importancia que ha tenido el fracking en las últimas décadas. El fracking o fracturación hidráulica se trata de un procedimiento que facilita la extracción del petróleo, pero sobre todo del gas que se encuentra en el subsuelo. Consiste básicamente en la apertura de un ingente número de pozos para inyectar a través de ellos agua a presión, en la cual se diluye un cóctel de productos químicos y arena. Se consigue así perforar la roca que retiene los hidrocarburos, previamente inaccesibles.

Tras la revolución energética que supuso en Estados Unidos, el proceso acabó por extenderse a España. Así, el grupo Shale Gas, conformado por cinco empresas (BKN Petroleum, Heyco, R2 Energy, San Leon y Shesha), puso su punto de mira en el norte del territorio español, contando con el apoyo del Partido Popular. La aprobación del Gobierno fue tal que incluso se llevó a cabo la reforma de la Ley de hidrocarburos, para instigar a los inversores a explotar nuestro suelo. Cabe señalar, antes de forjar una opinión sobre este respaldo gubernamental, que el subsuelo del norte de la península ibérica contiene reservas de gas equivalentes a casi 70 años de todo el consumo nacional actual, según el informe de 2013 de la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (ACIEP) y el de la consultora Gessal.

Hasta aquí, el desarrollo de los acontecimientos parece bastante favorable, hasta que los grupos de presión antifracking pusieron en tela de juicio esta técnica innovadora, mostrando los perjuicios que esta genera al medioambiente. No solo puede contaminar acuíferos, sino que también libera metano a la atmósfera y puede originar pequeños seísmos.

Las protestas sociales, junto con la bajada de precios del gas, marcaron el inicio del colapso del fracking español. El resultado final no fue otro que el abandono de la gran mayoría de proyectos relacionados. Solo resistieron unos pocos, como el de Oil&Gas Capital en Sevilla, o el de Repsol el Fuengirola. Lo mismo ocurrió en Francia, Reino Unido, Alemania o Países Bajos. El porqué del fracaso de esta técnica en Europa es un tema que no procede  tratar en este artículo, en el que tampoco se pretende adoptar una posición respecto a la cuestión medioambiental. Independientemente de las diferentes posturas frente a la fracturación hidráulica, llama la atención que muchos de los países firmantes del Acuerdo de París de 2015 contra el cambio climático llevaron a cabo el fracking dentro de sus fronteras.

Podemos afirmar con seguridad que la imagen que han ofrecido varios grupos de presión sobre este tipo de extracciones de hidrocarburos de esquisto no se corresponde con la realidad. Es cierto que liberan metano a la atmósfera, ahora bien, no se tiene habitualmente en cuenta que los combustibles obtenidos resultan fundamentales para el funcionamiento de las máquinas en el sector agrario, al igual que los gases, necesarios para la elaboración de fertilizantes. Diversos estudios muestran la compatibilidad del fracking con el medio ambiente si este se practica en los lugares idóneos. A todo esto se suma que la quema de gas natural es menos perniciosa que la de carbón, ya que libera menos emisiones.

En este debate, pocas veces se toma en consideración el plano económico y la gran cantidad de puestos de trabajo que se derivan de la implementación de esta técnica. Además, gracias a ella, se obtienen muchos más recursos naturales que con otros métodos de extracción, como el de percusión o el de rotación. Un mayor número de recursos disponibles implica que bajen sus precios, lo que repercute positivamente en las familias. Así, el importe de la factura energética para un hogar estadounidense medio es aproximadamente de 800 dólares al año, menor que el de uno europeo.


La disparidad de sentencias por parte del Tribunal Constitucional ha generado inseguridad jurídica


La fracturación esconde también un importante dilema jurídico. Muchos ayuntamientos tardaron poco tiempo en manifestarse en su contra, difiriendo cada vez más de la postura del Gobierno. Esto desembocó en la elaboración de leyes antifracking en las comunidades autónomas, que fueron recurridas por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. Este declaró en varias ocasiones que estas leyes excedían las competencias autonómicas, por lo que fueron anuladas. Cataluña y País Vasco se lanzaron a la lucha contra la nueva técnica por cauces de prohibición más discretos, como dificultar su ejecución. Ahora bien, estas vías también fueron vetadas por el TC en 2016 y 2018, respectivamente.

Tras estos fallos, sin embargo, el mismo tribunal ha aceptado que Castilla-La Mancha establezca una serie de zonas donde el fracking quede excluido, restringido o permitido. La disparidad de sentencias por parte de este órgano, independiente e intérprete supremo de la Constitución, ha generado bastante inseguridad jurídica. Lo peor es que el problema no acaba aquí, ya que los precios de los combustibles están escalando de nuevo, por lo que no resultaría extraño que las empresas que en su momento abandonaron sus proyectos vuelvan a interesarse por las reservas españolas.

Se ve que el simple consejo de Rockefeller tenía todo el sentido en su época, cuando no existía ninguna traba en lo que se refiere a la extracción de recursos, y nadie barajaba conceptos como “cambio climático” o “cuidado del medioambiente”. Ahora, el magnate tendría, con suerte, que levantarse más temprano y trabajar hasta mucho más tarde para lograr sus objetivos. Y ni por esas.


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