Después de la victoria electoral de Pedro Sánchez el pasado 28 de abril en las elecciones generales, el plan para elevar la recaudación remitido a Bruselas, que ya incluía en su programa electoral, y que contempla como palanca clave una reforma fiscal, ha sido objeto de debate tanto en el ámbito de los medios de comunicación como a pie de calle. Una subida impositiva que tiene, entre sus principales medidas, el impuesto sobre servicios digitales, conocido popularmente como tasa Google; el nuevo tributo a las transacciones financieras; la subida del diésel; o los repuntes del IRPF a rentas superiores a 130.000 euros y del impuesto de sociedades para las grandes empresas.

En relación al IRPF, esto es, el tributo que grava las rentas del trabajo, ya hay una primera aproximación del impacto de la iniciativa socialista. En Cantabria, según Técnicos del Ministerio de Hacienda, (Gestha), la subida del IRPF a las rentas superiores a los 130.000 euros apenas afectará al 0,42% de los contribuyentes en la Comunidad.

En este sentido, Gestha calcula que en Cantabria el aumento recaudatorio anual por incrementar dos puntos los tipos impositivos sobre la base general del IRPF para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros será de tres millones de euros.

Por otra parte, los técnicos sostienen que cada uno de los 1.095 contribuyentes regionales con rentas que oscilan en esta horquilla tendrá que abonar, de media, unos 2.371 euros más al año.

Si bien el 73% de las personas con mayores rentas reside en Madrid y Cataluña, Cantabria será la octava comunidad autónoma en la que más se recaudará con la subida de este impuesto. No obstante, ocupa el quinto lugar en el ranking autonómico de residencia de estas personas con mayores ingresos.

Los técnicos recuerdan que los ingresos adicionales derivados de este incremento serán superiores a los previstos por el Gobierno, que escalarán hasta los 524 millones, que serán pagados por 121.550 contribuyentes (la subida no afectará al 99,33% de los declarantes del IRPF en España) y que cada una de estas personas tendrá que pagar –de media– unos 4.300 euros más al año por este impuesto.

La propuesta ya se ha incluido en la actualización del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas. La medida ya figuraba en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no recabó los apoyos suficientes en el Congreso para su aprobación.

Ahora resta comprobar cómo se aplicarán estas propuestas, que en su conjunto pretenden obtener 20.000 millones adicionales por ejercicio, con objeto de que las administraciones públicas puedan elevar su gasto social. Si el Gabinete de Sánchez pretende que el efecto de su plan se deje sentir ya en las cuentas de 2019 de forma íntegra tendrá que aplicar retroactivamente las alzas fiscales propuestas, de manera que se implementen en todo el año.

Dudas en Civismo

Más allá del ámbito tributario, la hoja de ruta que Sánchez ha trasladado a Bruselas ya ha despertado las primeras dudas. Por ejemplo, el ‘think tank’ Civismo sostiene que «el Plan Presupuestario arroja aún más interrogantes sobre la marcha de las cuentas públicas en los próximos meses, especialmente en materia de ajuste para cumplir con los objetivos de déficit», que marcan el límite para 2019 en el 1,3%. Para la organización que preside Julio Pomés, «los números presentados pretenden usar recursos de naturaleza cíclica para financiar gastos estructurales. Esto perjudica la estructura productiva de España, y más con un déficit estructural del 2,7% del PIB y uno primario del 0,5% del PIB. Antes bien, habría que preparar las cuentas (fortaleciendo el PIB potencial) para afrontar la más que probable entrada en recesión de las economías occidentales entre el tercer y el cuarto trimestre de 2020».

Según Civismo, «uno de los puntos más necesarios pasa por la estabilización del nivel de Deuda Pública sobre el PIB y por su posterior reducción. El Gobierno podría trabajar en ello mediante la generación de un superávit primario por encima del 2% del PIB, para lo que tendría que acometer un importante ajuste de gasto público. Sin embargo, las medidas contempladas en el acuerdo con Podemos tienen un coste de 5.730 millones de euros en un solo año, del cual un 95% acabará siendo de carácter estructural», diagnostican.

En este sentido, recuerdan que «para financiarlo optan por una serie de subidas fiscales y nuevas figuras tributarias, como el Impuesto Digital, sobre el que descansa casi la mitad de la recaudación adicional, cifrada en 7.200 millones de euros. No obstante, estimar los ingresos que puede generar un nuevo tributo es un ejercicio que reviste una probabilidad muy elevada de desviación. A ello hay que añadir que esta previsión se basa en una elasticidad de los ingresos fiscales sobre el PIB totalmente irreal, y que la legalidad de algunos de los nuevos impuestos entraña serias dudas si no se articulan bajo una legislación comunitaria».

En todo caso, habrá que ir comprobando la evolución económica, tanto nacional como global, para ver el acierto de los diferentes diagnósticos, más si cabe en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica.