04
jul
La Región

Pagar impuestos es una obligación y un deber que el ciudadano asume cuando pretende adaptarse al marco de un ordenamiento al que unilateralmente obliga el Estado bajo la amenaza de su poder sancionador. Esto nos proporciona unas coberturas estatales que teóricamente compensan esta capacidad recaudatoria. Conviene recordar, sin embargo, que muchos ciudadanos perciben esta presión fiscal como excesiva, origen de un subsistema de corrupción, clientelismo y restricción al desarrollo de iniciativas privadas igualmente legítimas; pero quizá otros ciudadanos no adviertan de manera objetiva el nivel de presión fiscal que realmente padecen. Por ello, es a veces conveniente utilizar la demagogia (de la buena) para poder visualizar la creciente carga fiscal, explícita, implícita o silenciosa que estamos obligados a soportar para regar un presupuesto público que, en parte, no nos es devuelto en forma del tan anhelado bienestar social.

Una manera de ilustrar esta realidad es a través del concepto del Día de la Libertad Fiscal o Día de Contribuyente. Es muy simple. Sólo hay que dividir lo que la sociedad en su conjunto (ciudadanos y empresas) ha ganado en un año, dividirlo en doce meses, y situar el día en el que esos ingresos coincidan con el presupuesto estatal. Por tanto, a partir de ese día, se podría decir que el conjunto de la sociedad trabaja para sí mismo, ya que lo que trabajó anteriormente se dedica íntegramente a satisfacer las obligaciones tributarias. Mientras más tarde llegue ese día, más tarde empezará a trabajar en su propio beneficio y viceversa.

Muchos organismos divulgan cada año este esperado día. Entre otros, el “Think Tank Civismo”, que ha publicado su clásico informe el pasado jueves. En el mismo se sitúa el día 27 de junio como el día a partir del cual el contribuyente deja de trabajar únicamente para cumplir con sus obligaciones tributarias; ciento setenta y ocho días para costear las crecientes necesidades de gasto del Estado. Por Comunidades autónomas, en Ceuta y Melilla podrían celebrarlo con anterioridad (24 de junio) y Cataluña, en último lugar, tendría que esperar al 5 de julio. En Galicia se sitúa en el 28 de junio.

No creo que nadie pretenda situar el Día de la Liberación Fiscal el día 1 de enero. Lo que sí deseamos muchos es que el Estado intervenga en la economía lo mínimo, lo imprescindible y que justifique con mucha mayor concreción y transparencia el destino al que dirige los tributos, porque recaudar más en ningún caso se traduce de manera proporcional en el logro de una sociedad más próspera.


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