La incertidumbre política, la ausencia de gobierno a finales de 2019 y comienzos de 2020, y la sobredimensión de la cuestión catalana independentista, así como otras prioridades social-comunistas del Ejecutivo de coalición, no han dejado ver que, más allá del territorio peninsular, nuestra soberanía también está en juego.
De este modo, coincidiendo con una complicada situación política interna en nuestro país, Marruecos y Argelia han reactivado los planes para reforzar su soberanía territorial y marítima, con sendos proyectos de apropiación que afectan a las aguas españolas de Canarias y Baleares.
Estas maniobras, impulsadas por sus respectivos gobiernos, no tienen como meta un enfrentamiento directo con España, considerado por ambos como un aliado cercano con el que establecer una estrecha colaboración y diversas relaciones diplomáticas. La causa se halla en el prolongado conflicto que estos dos rivales mantienen entre sí, desde el fin de los protectorados español y francés en Marruecos (1956) y la independencia de Argelia entre 1954 -1962. Desde entonces, ambos han efectuado un rearme continuo, que se ha visto acentuado estos dos últimos años.
A ello hay que añadirle el anhelo marroquí de dominar el territorio del Sáhara Occidental, que reclaman para sí desde la interrupción del proceso de descolonización español y la invasión que protagonizaron el 6 de noviembre de 1975 con la denominada “Marcha verde”. Se trata de un objetivo primordial para Marruecos, que define, en gran medida, su política exterior. Por esta razón, la monarquía alauí busca evitar cualquier conflicto con España: somos el principal mediador entre ellos y la UE. Así, llevan a cabo una estrategia “paciente”, por la que, mediante unas buenas relaciones con Europa, sostenidas en el largo plazo y a través de España, intentarán que poco a poco se reconozca su soberanía sobre el Sáhara.
Ante esta situación, nuestra ministra de Exteriores, Arancha González Laya, visitó Marruecos el pasado 24 de enero, y Argelia el 4 de marzo, con el fin de aclarar las pretensiones territoriales sobre las costas de Canarias y Baleares, y negociar la delimitación de las aguas, según establece la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.
Si bien es cierto que no se trata de resolver un conflicto directo, las demarcaciones realizadas por estos países ponen en duda la soberanía de España, clave para la defensa de los derechos y libertades de sus ciudadanos. Por ello, aunque nuestro país mantenga buenas relaciones diplomáticas con Marruecos y Argelia, como el “Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular” (firmado en Madrid el 8 de octubre de 2002, en vigor desde 2005), es vital que se respeten los límites territoriales, y España debe guardar una cierta cautela en sus declaraciones, pero también mostrar una imagen de firmeza en la protección de sus espacios marítimos.
Y es que, Marruecos aprobó el 22 de enero, por unanimidad de La Cámara de los Representantes, dos proyectos de Ley, el 37.17 y el 38.17, o “Dahir”, en los que se fija la extensión de las aguas territoriales hasta 12 millas marítimas, y se instaura una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas, y de un máximo de 350 con la plataforma continental, en las costas del Sáhara. Pese a que la ministra González Laya indicó que dicho proyecto no marcaba unos límites específicos, a diferencia del plan argelino, en verdad sí lo hace. En cuanto a su homólogo marroquí, Nasser Bourita, declaró que esto supone “la armonización con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982)”, es decir, un intento de normalizar su ocupación del Sáhara y de que se legitime internacionalmente. A su vez, aclaró que “no se busca en absoluto imponer unilateralmente cualquier hecho consumado en la zona de delimitación de sus fronteras marítimas”, y que “España es considerada como un socio estratégico vinculado a Marruecos por fuertes relaciones políticas, económicas e históricas”. Sin embargo, también afirmó que “Marruecos se aferra a su soberanía y cualquier diálogo con España se va a desarrollar en el marco de los derechos estratégicos de Marruecos”. Este asunto choca, como veremos, con la soberanía española en las islas Canarias.
Refiriéndonos ahora a la cuestión de Baleares, debemos mencionar que el recientemente conocido decreto argelino ya lo aprobó en 2018 el entonces histórico presidente de esta República, Abdelaziz Buteflika. Contiene una delimitación unilateral por la que Argelia expande su ZEE hasta incluir aguas que corresponden a la ZEE española, al sur de la isla de Cabrera, con la excusa de realizar extracciones de petróleo y gas natural. González Laya rechazó este movimiento y se reunió en Argel con su ministro de Exteriores, Sabri Bukadum, y posteriormente, con el nuevo presidente, Abdelmadjid Tebbun, a fin de negociar el territorio y evitar superposiciones de las aguas nacionales, según afirmó el ministro argelino. González Laya, por su lado, aseguró que la delimitación de las aguas debía ser negociada con el Estado adyacente, en este caso España (aunque también afecta a Italia), como estipula la Convención de los Derechos del Mar de 1982 en su art.74, y de acuerdo con lo dispuesto en el art.38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que rechaza todo tipo de decisión unilateral.
Aunque la ampliación territorial de Argelia se realice conforme a sus líneas de base reconocidas por la UNCLOS, y no implique, como hemos dicho, un enfrentamiento directo con España, sí que forma parte del juego estratégico de “guerra fría” que mantiene con Marruecos, quien, como ahora veremos, no parte de unas líneas de base reconocidas por la ONU, sino que lo hace desde las costas del Sáhara.
El punto conflictivo en cuestión se encuentra al sur de las islas Canarias, en la zona que España lleva reclamando desde 2014 a la ONU, y que conllevaría una ampliación de su ZEE hasta las 350 millas de la plataforma continental, caracterizada por la formación del monte submarino Tropic y la riqueza en sus aguas de telurio y cobalto (para la fabricación de coches eléctricos y paneles solares).
La soberanía territorial española no puede formar parte del juego entre dos países del Magreb en continuo rearme
La inexistencia de un Estado ribereño reconocido, como debería serlo el Sáhara, permite a España reservarse los derechos de explotación de estas aguas, aunque la ONU todavía no se ha pronunciado sobre ello ni ha resuelto las controversias. Según el art.74 de la citada Convención, toda delimitación debe realizarse de “mutuo acuerdo”. Sin embargo, este constituye un caso único en el mundo. El proceso de descolonización del Sáhara iniciado el 6 de noviembre de 1975 quedó interrumpido por la Marcha Verde que Marruecos emprendió para ocupar los territorios saharauis, por lo que el acuerdo tripartito de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania del 14 de noviembre de ese mismo año, presentado en las Naciones Unidas, no concluyó con la proclamación de la independencia del Sáhara Occidental.
Esto significa que España sigue siendo su potencia administradora “in iure”, reconocido así internacionalmente, incluso por la Unión Africana. Sin embargo, la potencia administradora “de facto” es Marruecos, al ocupar desde hace más de 40 años la mayor parte del territorio saharaui, aun sin la aprobación de la ONU, que declara ilegal la perpetuación de dicha ocupaciónsobre un territorio en proceso de descolonización.
Por tanto, debido a la ausencia de un Estado ribereño, España podría reservarse los derechos de explotación de esta ampliación de la ZEE. En cambio, Marruecos no tiene legitimidad para imponer su soberanía al sur del paralelo 24o 40’, que le separa del Sáhara, pues parte de unas líneas de base que no le corresponden, al no tratarse de una potencia administradora lícita ni reconocida.
El trasfondo de todo este asunto reside, sin duda, en el paciente y ambicioso plan marroquí por el dominio del Sáhara Occidental. Estrategia expansionista que provoca la reacción de su vecino y rival: Argelia, que apoya al Frente Polisario en su empeño de recuperar los territorios arrebatados por Marruecos, y que responde con otra delimitación frente a las islas Baleares.
Pero nuestra soberanía territorial no puede formar parte del juego estratégico entre estos dos países del Magreb en continuo rearme. Aunque, en efecto, Marruecos y Argelia afirmen gozar de unas buenas relaciones con España y no querer romperlas con actos unilaterales, nuestro Gobierno debe actuar con cautela y, asimismo, con firmeza. No puede dejar a Marruecos tensar la cuerda y marcar el ritmo, porque, de este modo, favorecerá también sus aspiraciones sobre Ceuta, Melilla, o las islas Chafarinas, territorios españoles que el país magrebí no reconoce como tal.
La defensa de nuestras fronteras no puede consistir solo en un rechazo de aquellas acotaciones que atenten contra la soberanía del territorio español. La actual pretensión de Marruecos en Canarias constituye la continuación de un ambicioso plan que urde con paciencia, y que aprovecha la inactividad de España en su papel de administrador legítimo del Sáhara. Dicha pasividad no puede regir nuestra política exterior en el Magreb, ya que, de lo contrario, los territorios españoles próximos, o los que se encuentran ahí, serán solo peones en la estrategia de “guerra fría” argelino-marroquí.
