Pocas situaciones políticas son tan instructivas como la de Guatemala antes y después de la elección como presidente de Jimmy Morales; actor, empresario y político. El impulso que le ha hecho llegar inesperadamente a tan alto puesto es la indignación del pueblo guatemalteco por la corrupción general de las autoridades políticas de la República.
Comienzo por subrayar una sorprendente innovación constitucional aceptada por ese país. Naciones Unidas, de acuerdo con el Gobierno guatemalteco, creó en 2006 una “Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala” (CICIG). El objeto inicial de esta comisión fue el de denunciar los posibles crímenes cometidos durante la guerra civil contra la guerrilla comunista. El objetivo era benemérito, pero sesgado: llevar a los tribunales a los militares y paramilitares que hubieran cometidos abusos durante esa larga guerra. El resultado recibió el rechazo de quienes estuvieron del lado de la legalidad constitucional frente a la insurgencia comunista por la siguiente razón: la paz firmada con el objeto de integrar a los guerrilleros en la vida civil había sido especialmente generosa con ellos, olvidando sus crueles atentados contra las leyes del país con el apoyo de la Cuba de Fidel y el Che.
La CICIG se volvía contra una sola de las partes en la contienda, la de los militares. Sin embargo, tras la tercera renovación, el objetivo de las pesquisas del nuevo comisionado, Iván Velásquez, de nacionalidad colombiana, fue otro, lo que ha reconciliado a la opinión pública con la comisión: el de acabar con la impunidad de los políticos corruptos. Su colaboración con la Fiscalía de la República está resultando en sorprendentes revelaciones y procesamientos.
Daré sólo dos ejemplos del tipo de delitos investigados. El primero, conocido como La línea (por la línea de teléfono usada para acordar los desfalcos), relaciona a muchas autoridades del Estado con el impago de aranceles. Determinados importadores evadían la liquidación en aduanas a cambio de repartirse la suma debida al Fisco con un amplio número de políticos: por el momento y entre otros muchos, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina, además del gobernador del Banco Central, se encuentran en prisión preventiva. El otro escándalo toca uno de los muchos contratos públicos bajo sospecha: el referente al servicio de diálisis renal, concedido a una empresa sin experiencia, que ha resultado en 25 muertes. Otros escándalos de contratación pública han llevado a que el Tribunal Electoral esté considerando las suspensión de 35 diputados electos en los recientes comicios.
El factor decisivo ha sido el de las tres manifestaciones populares contra la corrupción, que consiguieron la renuncia de la vicepresidenta y, luego, del presidente de la nación. Esta misma marea es la que ha nutrido de votos a Jimmy Morales. Ahora, el nuevo presidente tendrá que prepararse para una difícil labor para la que él sabe que no está preparado. Persona poco afecta a la intervención pú- blica, creadora de un capitalismo de compadrazgo, se ha entrevistado en los últimos días con Leszek Balcerovicz, el ministro que lideró la transición de una economía comunista a una economía de mercado en la Polonia de 1989; y, luego, como presidente del Banco Central, consiguió armonizar la política monetaria con los objetivos económicos de su llamado “Plan de Choque”. Sé que Morales escuchó atentamente el consejo de llevar a cabo una drástica reforma del Estado y la economía. Para ello le hará falta convicción y conocimientos, y así no limitarse sólo a las medidas indispensables para evitar la catástrofe. Debe atreverse a cambiar fundamentalmente el sistema –y no reducirse a medias tintas, como ha hecho Rajoy–.
¿Por qué aranceles?
Si es necesario mantener aranceles como recurso para la Hacienda, deben ser “bajos y parejos”, como los de los sucesivos gobiernos de Chile, pero nunca proteccionistas ni sujetos a favores especiales que pronto se tornan en corrupción. El libre comercio unilateralmente proclamado beneficia a los países de cuatro modos. El primero es el gran favor que hace a los consumidores, por la mejora en precio y calidad, tanto directamente como indirectamente por la competencia de las importaciones con los productos nacionales. El segundo es la ayuda a los exportadores: todo arancel es un impuesto sobre la exportación, en la medida en que emplean insumos extranjeros. Esto no se resuelve con la maquila, que permite a manufactureros locales importar elementos libres de aranceles para luego reexportar (“Maquilar” quiere decir fabricar por encargo y viene del hispano-árabe, como entregar una porción de grano, harina o aceite al molinero por la molienda). Todo el país debería tener privilegio de maquila. El tercero es la mejora de la productividad por la competencia extranjera. Algunos productores nacionales sufrirían pero pronto se especializará el país en aquello en que goza de ventaja comparativa que, no se olvide, es siempre dinámica, pues el país en desarrollo pronto aprende nuevos modos. El cuarto es la menor tentación de delinquir.
Otra fuente de corrupción es el Servicio de Salud. Las concesiones al sector privado no han resultado en una gran mejoría. Quizá lo mejor sería ir a un sistema de bono médico intransferible que cubriera parte del gasto, al estilo del seguro de automó- viles a todo riesgo (no digo “coches”, que es como allí se llama a los cochinos): el primer tramo del pago tendría que ser a costa del enfermo. También sería aplicable el bono a la enseñanza, tan deficiente para los pobres que más la necesitan; aunque temo la resistencia de los sindicatos de enseñantes. Por fin, y no menos difí- cil, es remover los obstáculos planteados por la legislación laboral y mercantil: con más de la mitad de la población en la economía sumergida, ya me dirán ustedes si no hay margen para el crecimiento. ¿Nos aplicamos el cuento en España?
