Tanto en la comparecencia del presidente del Gobierno en las Cortes como en los acuerdos del Consejo de Ministros de ayer, es evidente que el Gobierno Sánchez ha emprendido una senda clara de expansión del gasto público tanto en términos nominales como sobre PIB, rompiendo con la política de contención del gasto que ha dominado la política fiscal desde 2010. Si bien el anterior Gobierno ya había acometido subidas notables del gasto estructural en los dos últimos Presupuestos, el techo de gasto ahora presentado va mucho más allá, con un incremento del gasto no financiero del 4,4 por ciento, casi la misma tasa a la que crece el PIB nominal (5 por ciento interanual) y situando a la Administración Central en un incumplimiento flagrante de la regla de gasto que sí se exige a las corporaciones locales y que fue durante años, junto a la ratio de gasto público sobre PIB, la bandera que España exhibía en Bruselas para ganarse la credibilidad de sus socios europeos.
Si a ello se añade la modificación de los objetivos de déficit marcados hace unos meses en la Actualización del Pacto de Estabilidad, tenemos tres señales que están sembrando la desconfianza en las instituciones europeas, en los mercados financieros y en el propio BCE, garante en última instancia de que el coste financiero de la deuda siga en el mínimo histórico del 2,54 por ciento y la prima de riesgo por debajo de los 100 puntos básicos. A sabiendas de esto y de que España es el país con el mayor déficit de la eurozona, el Gobierno prosigue con una ofensiva fiscal preocupante, en la que se fía cuadrar las cuentas a una recaudación tan incierta como dañina proveniente de nuevos impuestos sobre la banca, las grandes empresas y medio plazo en el entorno que estima el FMI del 2–2,7 por ciento hasta 2020.
Es evidente que el Gobierno está tomando el camino más fácil ante la precariedad de su apoyo parlamentario, proponiendo algo en lo que todos los grupos que le apoyan están de acuerdo: subir sin reparos el gasto público, porque no tienen que asumir la responsabilidad de recaudar. Un ejemplo es el resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde en vez de abordar lo más necesario, como es reformar de arriba abajo el sistema de financiación autonómica, se ha preferido repartir dos míseras décimas de las tecnológicas; o la subidas fiscales de Especiales y otros tributos.
Incluso, suponiendo que se pudieran poner en marcha, en el mejor de los escenarios no recaudarían más de 5.000 millones one-off, es decir, agrandando el agujero presupuestario a medio plazo, ya que los gastos extra son permanentes pero los ingresos extra serían transitorios, y alejando a España de la estabilidad presupuestaria necesaria para afrontar una futura crisis que se pueda presentar a partir de 2020.
Por no decir la importancia que esto tiene para mantener un crecimiento económico equilibrado a PIB de margen de déficit y premiar a las CC. AA. incumplidoras. Un caso de manual de riesgo moral que acabaremos pagando caro.
Es, en resumidas cuentas, un giro irresponsable en política fiscal, populista para conseguir réditos electorales en 2019 y cuyo coste pagarán todos los españoles.
