Hace unos días tuve una reunión en el Club Liberal Español que resultó muy interesante. Antes de pronunciar mi conferencia, estaba yo temeroso de que mis sugerencias parecieran chocantes. Sin embargo, después de larga discusión, muchos socios quedaron de acuerdo conmigo en que no cabía hablar de «estado de bienestar», sino de «estado de malestar». El gasto social, pese a su alza continua, no parece satisfacer a nadie. ¿De qué cuantías estamos hablando? La porción de los presupuestos generales del Estado español dedicada a ese gasto es de un 57 %, lo que no es baladí. Si sumamos el gasto social privado al público y lo comparamos con la producción bruta de bienes y servicios (PIB) de nuestro país, la proporción es de nada menos que un 16%. Cierto es que ese porcentaje en la eurozona tomada en su conjunto es más alto, aproximadamente el 20%. ¿Deberíamos clamar por colocarnos a nivel europeo? Quizá la UE, incluida España, debería seguir el camino contrario, el de reducir la cuantía de gasto social y cambiar su forma, para evitar sus efectos contraproducentes. Vistas las opiniones expresadas por los asistentes, a muchos ya no les pareció tan escandaloso que yo defendiera una drástica reducción del gasto social ¡y de los impuestos!
La reforma sueca
El nudo de si es posible en una democracia reformar a fondo un estado de bienestar que hace agua. La rama de la economía iniciada por Buchanan y Tullock y que conocemos como public choice o teoría de la elección pública nos lleva a conclusiones deprimentes. Los políticos y los burócratas buscan prolongar la situación administrativa que les da empleo y poder. Los votantes, por su parte, temen que una reforma los prive de beneficios que consideran les son debidos y desoyen a los jeremías que les avisan de que el sistema no es sostenible. En el caso de la afamada socialdemocracia sueca, tuvo que intervenir una gran crisis económica para que el público se mostrara dispuesto al cambio. Mauricio Rojas nos lo ha contado en un libro Reinventar el estado del bienestar: la experiencia de Suecia (Gota a Gota, 2008).
Las raíces del estado de bienestar sueco se hunden hasta los años 30. Hasta entonces, la singladura era próspera, apoyada en la quilla del libre comercio y empujada por los vientos de una ética de trabajo y honradez. Pero terminada la Segunda Guerra Mundial, los suecos pensaron que había llegado el momento Chile hoy!). Muestra del cambio de mentalidad es el libro de los esposos Alva y Gunnar Myrdal de 1934. Cita Rojas sus palabras: «La política social no solo brinda una herramienta para lograr una nivelación radical de los ingresos [] sino para dirigir el consumo nacional de acuerdo a líneas distintas de aquellas que surgirían de la así llamada libertad de elección de los consumidores».
En especial, había que quitar de manos de los padres la decisión de cómo se formaban y qué consumían sus hijos. (Parece ser que Myrdal montó en cólera al enterarse de que habían concedido el Nobel de Economía a Friedrich Hayek al mismo tiempo que a él). La ingeniería social propuesta por los Myrdal se puso en marcha en 1969 bajo el Gobierno de Olof Palme. Los sindicatos se lanzaron a comprar acciones de las compañías privadas para gobernarlas. Los salarios se aumentaron por decreto sin atender a la productividad. Comenzó a faltar dinero para hacer política socialista. Llegó la crisis. La inflación entró en la zona de los dos dígitos. El PIB per cápita cayó un 6% entre 1991 y 1993. El paro subió del 2% en 1989 al 13% en 1994. En consecuencia, los votantes, a los que la prosperidad había acostumbrado a la libre elección, concedieron la victoria a los liberales y conservadores, y el joven primer ministro Carl Bildt comenzó la reforma. Por suerte, en Suecia y por insistencia de sindicatos que aborrecen los privilegios, se aplica a todos la misma regulación laboral.
Aparte una reducción del tipo marginal del IRPF y el impuesto de sociedades, tres fueron los grandes cambios. En educación, se comenzó por permitir la creación de centros privados, incluso con ánimo de lucro. Las familias recibían para sus hijos un bono escolar que podían gastar en el establecimiento de su elección. Para seducir la opinión igualitaria, quedaba prohibido a los padres añadir cantidades extra. Los centros privados obtenían un beneficio al reducir los costes en comparación con los institutos públicos. (Claro que había inspección para mantener un nivel, pero aún está pendiente la vuelta a una enseñanza del esfuerzo y la disciplina). En salud, se introdujo igualmente el bono sanitario, con libre elección de centro, privado o público. Debían publicar todos una guía de sus servicios y estadísticas de éxito. Quedaba prohibida la selección de enfermos. Sus beneficios nacen de la calidad y los bajos costes. Ya más de un tercio de los centros son de compañías privadas, muchas de las cuales se han extendido a otros países, incluida España.
El cambio más profundo afectó a las pensiones. Hay una pensión estatal mínima de garantía. Los trabajadores, no las empresas, aportan el 18,5% de su salario bruto a un fondo nacional que revisa anualmente sus previsiones de ingreso y gasto y modifica la cuantía de la pensión anual, para mantener un saldo positivo, que invierte en valores. Además, los trabajadores han de ahorrar un 2,5% de su salario bruto, para invertirlo en una cuenta de capitalización personal. En España, el conjunto de la Seguridad Social debe al Estado cerca de 50.000 millones.
Claro que Suecia no es Jauja. Aún quedan rastros de socialismo. El estado de bienestar cercena la libertad y destruye la familia. Dos muestras: los niños tienen que ir a la escuela a los tres años, quieran o no sus padres. Muchos mayores mueren solos, olvidados por hijos y nietos. ¿Cuándo España?
