Ayer conocimos los datos de paro registrado del mes de diciembre y del conjunto del año 2020. Como no podía ser de otra forma la contracción del PIB del año pasado (la mayor desde el final de la Guerra Civil) ha pasado factura al mercado laboral. En concreto, el paro registrado en los servicios públicos de empleo aumentó en 724.532 personas en el conjunto del año pasado. Un impacto generado principalmente por las restricciones de distanciamiento social y de la movilidad tanto a nivel nacional como internacional por causa de la pandemia, a lo que habría que unir la falta de reformas y la fuerte subida del salario mínimo interprofesional del 22,3% en 2019, seguida de un 5,5% en 2020.
Este significativo aumento del paro en 2020 ha roto con siete años consecutivos de progresiva reducción y representa el peor dato que se registra desde 2009, cuando se incrementó en casi 800.000 personas. Así, el número total de personas desempleadas alcanzó al finalizar 2020 a 3.888.137 personas. Todo ello sin olvidar que los datos del paro registrado no incluyen a los 755.000 trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados. De ahí que sea importante señalar que la suma total de ambas magnitudes afecta a 4,64 millones personas, reflejando la frágil situación que afronta nuestro mercado laboral.
Habrá que esperar al 28 de este mes para conocer la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre, que es la mejor radiografía del mercado de trabajo. Pero es probable que la EPA vaya en la misma dirección que los datos publicados ayer y, por tanto, aumente la tasa de paro desde el 16% del tercer trimestre hasta cerca del 17% a cierre de 2020.
Perspectivas para 2021
Desgraciadamente ante la situación epidemiológica actual, asociada a un nuevo endurecimiento de las medidas de distanciamiento social en las principales economías europeas y en las comunidades autónomas, se continúan deteriorando las perspectivas sobre la evolución del empleo y de la economía hasta el primer semestre de 2021.
Ante este previsible escenario, es necesario reducir la incertidumbre de los empresarios y los hogares adoptando medidas de política económica que eviten mayores daños estructurales en términos de empleo y de destrucción del tejido empresarial, siguiendo las recomendaciones de los principales organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.
Entre los objetivos a alcanzar destacan: a) Controlar la pandemia mediante un mayor despliegue de test de detención y rastreo del virus y un desarrollo ágil de los planes de vacunación a la mayoría de la población; b) Implementar ayudas fiscales a las PYMES en los sectores más afectados; c) Establecer nuevas políticas activas que permitan la transición de los trabajadores hacia los nuevos empleos vinculados a los cambios de los hábitos de consumo y formas de trabajar generado por la crisis del Covid-19, en un contexto de aceleración de la descarbonización, digitalización y robotización y d) Diseñar medidas que nos preparen ante riesgos exógenos como otras crisis sanitarias, el terrorismo, los ciberataques y el cambio climático.
Ante este escenario, un reciente informe (“España ante la pandemia”), elaborado por PWC, en base a un panel de 400 expertos, directivos y empresarios, señala que la deseada normalización de la actividad socioeconómica española se producirá a partir del segundo trimestre de 2021, especialmente durante los meses de julio y agosto. Sin embargo, para que esa recuperación de la economía y del empleo sea una realidad, consideran que a corto plazo se deben aplicar las siguientes medidas de política económica:
Un 84% de los panelistas cree que, para contribuir a reducir el elevado nivel de desempleo, que dejará esta pandemia, habría que mejorar la eficiencia de las políticas activas de empleo, colaborando en su redefinición con las empresas. En una coyuntura marcada por las restricciones de la movilidad que retrasa la recuperación de sectores como hostelería, transporte, comercio minorista y turismo, un 73% cree relevante ampliar los plazos de devolución de las líneas de garantía y liquidez y alargar los periodos de carencia y un 66% extender los ERTE hasta el primer semestre de este año y establecer moratorias en el pago de impuestos empresariales.
De cara a conseguir el mayor éxito de los fondos de recuperación (Next Generation UE), un 87% de los panelistas considera necesario impulsar la unidad de mercado, reducir las trabas burocráticas, mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas y reforzar la seguridad jurídica. Para ello un 78% cree que se debe crear una oficina única independiente, con criterios de evaluación, de gestión y de control de los fondos de recuperación. Un 85% apoya una mayor coordinación entre la Administración Central y las comunidades autónomas para unificar las medidas de control y gestión de la crisis sanitaria.
Asimismo, un 75% considera que la Comisión Europea debe impulsar actuaciones comunes con medidas comunes de control de la pandemia y de reactivación de los sectores más afectados por la crisis sanitaria. Este conjunto de propuestas nos recuerda que las heridas en el mercado laboral de esta crisis pueden ser cerradas si se actúa con consenso, pero también que sus cicatrices no deben hacernos olvidar que debemos de trabajar continuamente para fortalecer la economía española y el empleo.
