La vulnerabilidad de las empresas españolas sumada a la incertidumbre que genera esta pandemia obliga a tomar medidas selectivas que permitan la estabilización económica actual. Sin embargo, es necesario estudiar como estos mecanismos laborales y sus costes pueden afectar a la recuperación de la economía española en el largo plazo.
Hace unas semanas el Banco de España alarmaba sobre la difícil situación que atraviesa el tejido productivo español ante la crisis que hoy nos acontece. En su reciente estudio, donde se trataba de analizar el tejido empresarial español, así como los efectos de la pandemia en este, el banco central avisaba sobre el fuerte impacto que está teniendo dicha pandemia en las empresas españolas, así como la vulnerabilidad de estas para atravesar una crisis de semejante calado. Y es que, como nos muestra la historia, el hecho de que España presente un tejido empresarial tan pequeño, como veremos ahora, de la misma forma, le hace más vulnerable ante escenarios como el actual.
En este sentido, el estudio reflejaba que en España el 25% de las empresas se encuentra en situación de quiebra técnica. En otras palabras, tal y como establecen las condiciones de quiebra en la Ley de Sociedades de Capital (LSC), un 25% del tejido productivo español se encuentra en situación de quiebra; es decir, presentan un patrimonio neto negativo en su balance.
Unos datos que, en consideración del Banco de España, son demasiado optimistas y podrían no reflejar la totalidad de las empresas que se encuentran en dicha situación, o que podrían hacerlo en los próximos meses; pues, debido al deterioro experimentado por la economía española, dicho dato, asegura el BdE, podría incrementarse en las próximas semanas hasta alcanzar el 30%, tal y como se establece en sus previsiones.
Como muestra el citado informe, la vulnerabilidad de las empresas españolas, debido a su pequeño tamaño en el contraste con tejidos productivos de otras economías homólogas de la Zona Euro, nos lleva a presentar en parte un descuelgue en la recuperación que, por otro lado, presentan las economías de la Unión Europea.
Con un 99,9% del tejido empresarial compuesto por pymes, la economía española presenta un tejido empresarial muy poco dimensionado. Esto, teniendo en cuenta que estas presentan estructuras que, en el 89% de los casos, presentan menos de diez empleados, a la vez que, como el último ranking elaborado por Eurostat, presentan una liquidez que, en contraste con Europa, nos sitúa a la cola, con un 3% del cómputo total, la economía española presenta una clara vulnerabilidad que, atendiendo a nuestros precedentes, nos llevó en 2008 a registrar un gran descenso de la ocupación muy destacable; al ser estas, precisamente, las empresas que más empleo soportan (70%), así como las más propensas a destruirlo (94% del empleo destruido en 2008).
Esto es muy preocupante, de la misma forma que representa el mayor escollo para nuestro tejido productivo a la hora de querer impulsar la economía. Y es que, la escasa destrucción de empleo que se ha dado en esta crisis, a pesar de ser muy destacable en el contraste con otros momentos que recoge la serie histórica, se debe, como hemos dicho en otras ocasiones, a ese menor acoplamiento entre la destrucción de empleo y la caída del PIB. Pues, ante la caída registrada durante el segundo trimestre del año, donde el PIB cosechó la mayor contracción del conjunto de economías del bloque comunitario, la economía española debería haber presentado una destrucción de empleo muy superior, pese a ser la más abultada de toda la Unión Europea, de no haber aplicado herramientas que, como los ERTEs, permitieron hibernar la economía.
Sin embargo, pese a haber alcanzado el objetivo propuesto con dichas políticas, el reciente estudio que publica el Banco de España, de la misma forma que alaba la aplicación de los ERTEs, avisa sobre la situación que muestran las empresas españolas, así como la cantidad de gasto improductivo que podría destinarse a financiar unos ERTEs que, finalmente, acabarían en despido. Y es que, con un deterioro tan acusado de las empresas españolas, peligra el hecho de seguir financiando ERTEs que, atendiendo a la situación financiera de dichas empresas, solo postergan lo inevitable. Pues, esa debilitada estructura financiera que prevén presentar, y que ya presentan, como vemos en los informes, las empresas tras la pandemia, no podrá, tal y como avisa el BdE, hacerse cargo de todos los costes fijos que, previamente, asumía.
Por tanto, teniendo en cuenta la situación que presenta España, así como la que prevé presentar el país cuando la tormenta se disipe, el derroche de gasto público está más que descartado. Con una deuda que prevé incrementarse hasta superar el 120% del PIB, en la ratio deuda/PIB; teniendo en cuenta un déficit público que podría dispararse por encima del 10%; así como una contracción del PIB que, cada día que pasa, se muestra más elevada, el país presenta una situación en la que los recursos, pese a contar con las ayudas Europeas, no pueden destinarse al pago de unos ERTEs que, como recoge el estudio, poco retorno tendrán para la economía.
Por lo que, en conclusión, debemos comenzar a aplicar políticas selectivas; máxime cuando los recursos en el país se caracterizan por su escasez. Y es que, como estipuló la Fundación Civismo, estamos hablando de un coste mensual de 5.000 millones de euros que podrían optimizarse en gran medida.
