La Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), organismo perteneciente al Consejo de Europa, publica cada dos años un informe que recoge los datos sobre eficiencia y calidad de los sistemas de justicia de cada Estado miembro, que el think tank Civismo analiza en el documento Esclerosis judicial en España. Los últimos datos disponibles, de 2016, ponen de manifiesto que nuestra Administración de Justicia ha aumentado su partida presupuestaria a lo largo de los últimos años, especialmente en 2016 y 2017, con subidas del 6,38% y 7,43% respectivamente. Es un capítulo en el que España se encuentra por encima de la media europea, con unos 10 euros más de gasto en juzgados y tribunales por habitante. No obstante, la media de la UE muestra que existe una tendencia al alza en el presupuesto para justicia desde 2012. Los países con un mayor gasto por ciudadano fueron Luxemburgo (161,21 euros), Alemania (121,88), Suecia (120,32) y Países Bajos (119,95). En el extremo contrario están Rumanía (30,24), Malta (35,90) y Bulgaria (36,71).
Sin embargo, es necesario analizar cómo rinden estas asignaciones de recursos, pues será más eficiente el país que resuelva más casos con una menor dotación. Para averiguarlo, si nos centramos en los procesos civiles y comerciales de primera instancia, ya que son los más habituales y, por tanto, los que tienen mayor impacto económico, podemos observar un dato de gran importancia: el porcentaje de procedimientos que se han iniciado y el de los que se han resuelto en el mismo año en cada uno de los países comunitarios. Eslovaquia (132%), Finlandia (125%) y Croacia (118%) concentran las tasas más altas, al contrario que Irlanda (59%) y Reino Unido (79%). Los resultados para nuestro país ascienden al 103%, situándose en la media europea. No obstante, también se debe tener en cuenta la cantidad de casos que quedan pendientes de ejercicios anteriores, donde España presenta unos resultados poco favorables (1,7 casos pendientes por cada 100 habitantes, frente a una media de 1,5).
Todas estas cifras ofrecen pistas sobre la eficiencia del sistema de justicia, la variable en la que hay que fijarse y que no depende, como comúnmente se cree, de una alta litigiosidad (la cual, por sí sola, no es perjudicial). Si los órdenes jurisdiccionales no funcionan bien, bajará la tasa de resolución, aumentará la de pendencia, y con ella, la de congestión, creando un círculo vicioso que devendrá en un sistema con esclerosis. La única solución pasa por mejorar la eficiencia mediante un ajuste presupuestario.
Por otra parte, habría que recurrir más, como en otros países, a la mediación o el arbitraje, ya que, debido a su agilidad, alivian la congestión. Un gasto público más racional y una reforma del sistema judicial son, en cualquier caso, las claves.
