La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado siete circulares que suponen un recorte sustancial de los cánones y peajes de acceso a las redes, así como de las retribuciones de las actividades reguladas del gas y de la electricidad. Esta iniciativa, que afecta de modo estructural al futuro del sector energético español, ha sido adoptada por una institución cuyos máximos dirigentes terminan su mandato el próximo septiembre, con un Gobierno en funciones y con una evidente conexión con los objetivos establecidos en el Plan Integral Nacional de Energía y Clima (PINEC) elaborado por el Gabinete. Adoptar una decisión de ese alcance en ese entorno constituye un ejercicio de irresponsabilidad e incrementa el riesgo regulatorio de España con efectos negativos no solo sobre la inversión doméstica y exterior en esa industria, sino sobre la del conjunto de la economía nacional.
De entrada, la decisión de la CNMC constituye un torpedo a la línea de flotación de su independencia por dos razones básicas: primera, porque de facto se pone al servicio de la estrategia energética de un Gobierno; segunda, por la existencia en la Sala de Regulación de una mayoría de comisionados vinculados al Ejecutivo socialista y a sus aliados parlamentarios, lo que ha condicionado de manera evidente la propuesta sobre la que habrá de discutir la CNMC en la sesión plenaria de su consejo. Esa combinación de hechos basta para cuestionar de manera frontal la objetividad-legitimidad de la actuación de la CNMC.
Cualquier regulador responsable ha de analizar ex ante todas y cada una de las repercusiones que sus actos tienen sobre terceros. La memoria justificativa de la circular emitida por la CNMC despacha en dos folios el análisis de su impacto sobre las empresas, sobre la economía, sobre el empleo, sobre los consumidores, sobre el sistema; es decir, olvida todo lo relevante, para diseñar una propuesta arcaica que ignora esos factores y renuncia a fomentar un modelo energético eficiente a largo plazo en búsqueda de una sola meta: transmitir a la opinión pública que se ha dado un “hachazo a las empresas”. Por desgracia, esto no es una novedad, sino que ha sido la tónica constante del funcionamiento de la CNMC durante los últimos años.
Por otra parte, cualquier regulación sectorial ha de basarse en cuatro pilares básicos: la actividad realizada, su retribución financiera, la retribución de los activos y los costes de operar y mantener el sistema. A la vista de la resolución de la CNMC, ninguna de esas variables ha sido tenida en cuenta o ponderada, lo que conduce a sacrificar la eficiencia a largo plazo del sistema del gas y de la electricidad en España sin ni siquiera proporcionar beneficios tangibles a corto plazo a los consumidores, a las empresas o a la economía. Se está ante un juego en el que todos pierden, lo que resulta incompatible con cualquier criterio de racionalidad económica, financiera y social.
A expensas del proceso de información pública y de alegaciones abierto por la CNMC, el impacto de sus propuestas ha causado ya graves daños. Los accionistas de las empresas afectadas y cotizadas en bolsa han perdido alrededor de 9.000 millones de euros desde que se conocieron las intenciones del organismo. El mercado descuenta una caída permanente de los ingresos del sector del gas de unos 1.000 millones de euros/año y reacciona en consecuencia. Al mismo tiempo, las principales agencias de calificación han anunciado la revisión a la baja de la calidad crediticia de las compañías que operan en el sector del gas. Esto se traducirá en una reducción de su atractivo para los inversores lo que, en el mejor de los casos, encarecerá el acceso al mercado de capitales de las firmas gasistas y, en el peor, un incremento de su endeudamiento si desean emprender cualquier proyecto inversor.
Dicho lo anterior, los operadores en el mercado del gas español ni obtienen beneficios superiores a sus homólogos en el promedio de la UE ni proporcionan mayores dividendos a sus accionistas ni perciben una retribución más elevada que las compañías similares en los segmentos del mercado regulados… Los ejemplos podrían extenderse casi hasta el infinito. En otras palabras, la acción contra las corporaciones gasistas realizada por la CNMC no responde a ninguno de los hipotéticos motivos que la justificarían. Constituye un ejercicio de populismo demagógico y, eso sí, lastra la capacidad inversora del sector, lo que tendrá efectos perniciosos sobre la calidad y seguridad del suministro de energía en España.
Si los planteamientos de la CNMC respecto al gas y la electricidad se enmarcan en el PINEC, se comprende perfectamente su lógica. Se trata de apoyar desde un regulador independiente la estrategia emprendida por el Ministerio de Energía contra los combustibles fósiles para llegar al paraíso de una sociedad descarbonizada a velocidad de vértigo y sin realizar un mínimo análisis de coste-beneficio de lo que ello implica. La ideología se ha impuesto a cualquier consideración racional. Si este enfoque es comprensible en un Gobierno empeñado en asombrar al mundo en su lucha contra el cambio climático, no lo es en una institución que debe velar por el buen funcionamiento de los mercados y por maximizar los intereses de los consumidores más allá del inmediato horizonte temporal.
Un organismo regulador y un Gobierno han de crear un marco regulatorio estable y predecible en el que empresas e inversores tomen sus decisiones con la menor incertidumbre posible. Cuando esto no sucede y las reglas del juego se alteran de manera discrecional y arbitraria, la confianza en un país se debilita y recuperarla cuesta mucho tiempo. A destruir ese entorno de estabilidad han contribuido de manera decisiva las medidas de la CNMC contra el gas y la electricidad. Es una lamentable noticia cuya consolidación sería pésima para la economía nacional.
