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El sistema español de la Seguridad Social, basado en el modelo de reparto, está condenado a quebrar. De hecho, ya lo ha hecho en tres ocasiones: con la reforma de 1985, la de 1997 y con las de 2011-2013. Este modelo consiste, básicamente, en un aporte obligatorio por parte de los trabajadores en activo, las cotizaciones, que se destinan a un fondo común para atender las pensiones y jubilaciones de los trabajadores retirados. Si se produce un excedente de recaudación, se guarda en el Fondo de Reserva, más conocido como “la hucha de las pensiones”. Si, por el contrario, se incurre en déficit, se extrae la cantidad correspondiente de este mismo fondo para atender las obligaciones restantes. En resumidas cuentas, los trabajadores activos pagan periódicamente las prestaciones a los ya retirados. Es lo que se conoce como principio de solidaridad intergeneracional.

Por contraposición, se encuentra el modelo de capitalización individual. Mediante este, el trabajador aporta cada mes a una cuenta personal de ahorro, de cara a la vejez, y este dinero se invierte en diferentes productos financieros para obtener una rentabilidad anual y, así, hacer crecer el ‘colchón’ de reserva del trabajador.

Para entender por qué el sistema de reparto está abocado al impago, hay que clasificar los diferentes sistemas de financiación posibles. Esta taxonomía es aplicable a cualquier agente económico.

1.Esquema cubierto: Los flujos entrantes de caja son superiores a los flujos salientes de caja para todos los períodos. (Plazo de endeudamiento = plazo de inversión).

2.Esquema especulativo: Los flujos entrantes de caja son superiores al pago de intereses para todos los períodos. (Plazo de endeudamiento < plazo de inversión). Se necesita refinanciar el principal hasta vencimiento.

3.Esquema Ponzi: Los flujos entrantes de caja son superiores al pago de intereses solo para algunos períodos.  (Plazo de endeudamiento < plazo de inversión. Además, se le añade una asunción extraordinaria de riesgos). Se necesita refinanciar el principal y los intereses hasta vencimiento.

En el primer esquema, siempre se ingresa más de lo que se debe, por lo que se amortiza totalmente la deuda. En el segundo, los ingresos, aunque no permiten liquidar los gastos de la deuda al completo, posibilitan pagar los intereses e ir amortizando parte de la deuda en cada período. En el tercero, los ingresos no siempre son capaces de cubrir los intereses devengados, por lo que resulta necesario, no sólo refinanciar el principal, sino los propios intereses, que aumentan así en cada período.

La Seguridad Social recibe ingresos gracias a la contribución de los trabajadores activos. En virtud de ello, contrae una deuda con estos, ya que les promete una compensación futura, la pensión. Los gastos periódicos que realiza son en concepto de pago de las pensiones de los trabajadores jubilados.

Mientras la pirámide poblacional de España mantuvo una forma triangular, la Seguridad Social pudo financiarse sin problemas. Sin embargo, en su proceso de desarrollo, se va invirtiendo, con más pensionistas y menores trabajadores en activo.

Lo que muestra esta gran dependencia entre la pirámide demográfica y la viabilidad financiera del sistema de pensiones es que esta fórmula de financiación resulta insostenible en el largo plazo: solo funciona en tanto en cuanto aumente en mayor proporción el número de personas que aportan que el de las que reciben. De lo contrario, el modelo de financiación de la Seguridad Social se corresponde con el esquema Ponzi. Esto constituye una quiebra: la incapacidad de hacer frente a los pagos mediante la declaración del impago total o parcial.

El Estado, sin embargo, no se trata de un deudor como otro cualquiera. Al tener el monopolio de la violencia, puede modificar las condiciones de su deuda de tal modo que salga beneficiado, en contra de sus ciudadanos, en cualquier momento, y sin ningún perjuicio. Las reformas de las pensiones suponen quiebras parciales del sistema, porque los trabajadores que aportaran al modelo anterior lo hacían bajo unas condiciones de retribución que se modifican dolosamente. Por ejemplo, antes de la reforma de 1985, se utilizaba como referencia para el cálculo de la pensión el salario de los últimos dos años y, con una década cotizada se accedía a cobrar el 100% de la prestación. Tras la reforma, se tenían en cuenta los últimos ocho años de salario, y se necesitaba contar con 15 años cotizados. Con la de 1997, se aumentó hasta 15 los últimos años de salario que servían como referencia, y hasta 35 en el caso de los cotizados. Por último, las reformas de 2011-2013 ampliaron estos periodos hasta los 25 y 37 años respectivamente.

Por no decir que, además, ha habido variación en lo relativo a la edad de jubilación, la indexación al IPC, y la inclusión o no de la sanidad en las cotizaciones sociales. Véase que, con cada reforma, el Estado ha ido disminuyendo la retribución que correspondía a los trabajadores que se retirasen, por medio del endurecimiento de las condiciones de cobro. En resumidas cuentas, este modelo solo propicia que los jubilados acaben siendo completamente dependientes del Estado elefantiásico vigente, además de favorecer la violencia intergeneracional al abrir el conflicto de quién se aprovecha de quién.


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