En la fase de enloquecimiento generalizado que preside la escena española, unos descalifican los presupuestos por ser los peores de la democracia y otros los avalan, el Gobierno, como un ejercicio de responsabilidad fiscal-presupuestaria compatible con las demandas sociales de una España sodomizada por la derecha, durante la Gran Recesión. Al margen de las calificaciones ideológicas y ese tipo de bromas, la discusión estriba en si los presupuestos generales del Estado para 2019 crean las condiciones para reducir el binomio déficit-deuda de las administraciones públicas y permiten abordar un escenario complejo e incierto sin sembrar las bases de una recesión.

De entrada, el cuadro macro del Gobierno, su previsión de crecimiento del PIB para 2019, hace abstracción de dos variables básicas: primero, la aguda desaceleración de la economía española sustentada en los indicadores reales y de expectativas, en caída libre, y segundo, el shock de oferta y de demanda generado por una coyuntura internacional mucho peor que la proyectada. Por añadidura los vientos de cola, provenientes de los precios del petróleo y de la compra de deuda soberana por el BCE, han terminado. Eso configura un escenario en el que la evolución de la economía española depende solo de la política económica interna, que es la única que el Gobierno puede controlar.

El objetivo de déficit público para 2019 (sea el 1,3% del PIB o superior, esto es, el 1,8%) es inalcanzable porque se basa en un crecimiento de los ingresos solo alcanzable con tasas de crecimiento superiores al 3% y con un aumento de la inflación superior al 2%. Ninguna de estas hipótesis se materializará, luego la previsión de recaudación es inalcanzable, eso sí, medida de manera estática, es decir, si no afectasen a los incentivos de los trabajadores, de las empresas y de los mercados, lo que es impensable a la vista de las subidas impositivas proyectadas por el Gobierno en cuyo caso sería aún menor. No tienen ni idea de cómo funciona una economía de mercado.

Si el déficit corriente de las administraciones públicas (me da igual que sea el 1,3% o el 1,8% del PIB) fuesen alcanzable eso supondría un superávit primario (gastos e ingresos, descontada la carga de intereses de la deuda) del 0,65% del PIB, lo que no se contempla en el proyecto de presupuestos, ni siquiera con sus inflados ingresos. Esto se traduce en el mantenimiento y/o agravamiento del déficit estructural que permanece anclado en el 3% del PIB, un disparate en una economía aún en fase expansiva y sin ninguna opción de recortar la participación de la deuda pública en el PIB. De nuevo, no tienen ni idea…

Por añadidura, el aumento de gasto social previsto por el Gobierno es de naturaleza estructural, lo que significa que cuando la coyuntura se debilite (y lo hará con intensidad) la reducción cíclica de los ingresos no bastará, al revés, restará capacidad de financiación a los programas de gasto público (pensiones, sanidad, dependencia, subsidio de desempleo, etcétera).

En otras palabras, las cuentas públicas no podrán absorber ningún shock negativo, sea de oferta o de demanda, sin disparar su desequilibrio. En suma, una posición de brutal vulnerabilidad.

Pero la tragicomedia sigue…

El Gobierno da por ingresos ciertos los procedentes del aumento de las cotizaciones derivada del incremento del SMI. Eso supone, ceteris paribus, que esa iniciativa es inocua de cara a la contratación/mantenimiento del empleo, lo que es contrario a todas las estimaciones realizadas por los organismos públicos y privados, que cifran la pérdida de puestos de trabajo causada por esa medida entre 40.000 y 150.000 al año. De nuevo, un enfoque contrario a toda la literatura económica y la evidencia empírica disponible. Además, extremo no comentado, el cuadro macro prevé un decrecimiento del empleo de 0,9 puntos respecto a 2018. No sale ni un número.

Se ha repetido una y otra vez, que la experiencia es imbatible. Cualquier estrategia de consolidación fiscal basada en subir gastos e impuestos está condenada al fracaso. No ha funcionado nunca y solo cabe atribuirla a una ignorancia económica enciclopédica, a criterios electoralistas a muy corto plazo y ni siquiera a un multiplicador del gasto keynesiano que, por cierto, es incompatible con un alza paralela de los impuestos. El presupuesto carece pues del mínimo rigor técnico-económico-financiero exigible. Otro horror!

Quo vadis, Hispania… La respuesta es hacia una crisis fiscal similar a las profetizadas por el viejo Schumpeter, pero con una diferencia. Se hizo pensar a la ciudadanía que el ajuste fiscal-presupuestario estaba hecho y habrá que explicarle que eso no fue así. Esto plantea una cuestión grave en una economía que hizo una estabilización y una reforma incompleta en un entorno que era óptimo para acometerla y que soportó una recesión de un lustro. Mala película, con compleja narración.

España está al final no de un ciclo sino de un modelo. El actual es inviable. Ha de optar entre un sistema de hacer la revolución, el liberal, o unos revolucionarios sin sistema, los populistas. No caben opciones intermedias y esa es una tesis que no se ha interiorizado porque persiste la actitud del avestruz, cerrar los ojos a la realidad. Este presupuesto es la culminación de esta filosofía, un paso al frente hacia ningún lugar, hacia el mantenimiento de un statu quo insostenible.

Para terminar, este presupuesto es el de la España rendida, sin imaginación, sin ideas, sin espíritu de superación… Es la España de las expectativas limitadas, complaciente con una situación en la que lo único que se puede esperar son transferencias del Estado y que paguen por votos el concederlas. Ahí estamos en un estado de beatitud resignada y/o crispada, da igual, que hace imposible el funcionamiento de una economía y una sociedad inclusivas con oportunidades para todos. ¡Qué cutre!