‘Ten cuidado con lo que deseas’ es el título que Elizabeth Allen puso en 2015 a su última producción cinematográfica. Esta frase no puede resumir mejor las declaraciones que Janet Sant, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y mano derecha de Ada Colau, dejó para la hemeroteca hace menos de dos meses: “Es ahora o nunca. Hay que evitar que todo eso (refiriéndose a la industria del automóvil) se reactive, por lo que necesitamos un plan estatal para que esa industria y esos trabajadores se puedan trasladar a otros sectores más limpios”. El plan estatal para acabar con la industria automovilística no ha llegado, pero sí lo ha hecho el cierre de la planta de Nissan situada en los alrededores de la Ciudad Condal y, con él, se han puesto en peligro cerca de 25.000 empleos.
Esta semana hemos conocido de la mano de Gianlucca de Ficchy, presidente de Nissan en Europa, las razones que han motivado la clausura de la fábrica en suelo catalán. El representante de la firma japonesa no ha querido hacer referencia a la situación política que rodea la decisión. Pero parece evidente que las declaraciones de la segunda de a bordo en el Ayuntamiento barcelonés, la fijación de la Generalitat por priorizar la agenda independentista y, como guinda, la amenaza de expropiación por parte del vicepresidente del Gobierno al conocer la noticia del cierre de la planta, no generan el entorno de seguridad y confianza que las empresas internacionales del sector con presencia en Cataluña necesitan para seguir creando empleo y riqueza en dicha comunidad.
La industria del automóvil merece un respeto y una toma en consideración proporcional a la importancia que tiene en nuestro país. Más allá de lo que la edil con pasado en Iniciativa per Catalunya Verds pueda decir para atacarla, sus cifras en España se defienden por sí solas. Según el ICEX, el sector de la automoción genera en España cerca de 300.000 empleos directos, y más de 2 millones de puestos de trabajo están ligados a él. Así, aproximadamente 1 de cada 10 españoles tienen un empleo relacionado con esta actividad económica, que representa el 10% del PIB nacional y casi el 20% de nuestras exportaciones. España es el segundo mayor fabricante de automóviles en Europa y el octavo a nivel mundial. A estos datos, aunque repetidos en el tiempo, no hemos de acostumbrarnos ni darlos por hechos. Cometer estos errores podría llevarnos a la infravaloración de un sector que hoy resulta fundamental para nuestra economía. Si hacemos caso a la teniente de alcalde de Barcelona En Comú e impedimos su reactivación, los efectos pueden ser desastrosos para miles, incluso millones de familias de nuestro país. Criticar esta industria resulta sencillo y cuando, además, has militado en un partido ecologista, incluso queda bien. Pero antes de lanzar cualquier ataque contra la fabricación de vehículos en España, los representantes políticos han de medir las consecuencias que sus palabras pueden desencadenar en la vida de los ciudadanos y en el bienestar de las familias. Para ellos, el mejor subsidio consiste en un empleo estable y una amplia oferta laboral.
Las matriculaciones caerán este año entre un 40% y un 45%
En abril de este año, el sector de la automoción en su conjunto pidió al Gobierno en un comunicado, firmado por sus principales asociaciones, un plan de medidas urgentes y específicas. Exigían un impulso de la demanda por parte del Ejecutivo que ayude a la recuperación de un mercado que ha sido duramente golpeado por la crisis sanitaria. Calculan que las matriculaciones caerán este año en torno a un 40% o 45%, lo que supone que se dejarán de vender más de medio millón de automóviles respecto a 2019. Así, el confinamiento decretado en el estado de alarma se ha traducido en un descenso de las ventas de turismos y vehículos todoterreno de un 96,5% durante el mes de abril. Como respuesta a todo ello, las reacciones difieren: mientras que los representantes de Anfac y Faconauto solicitaban un plan firme y generoso, con medidas de estímulo coyunturales para la reactivación de la demanda interna de vehículos e impulsar de este modo una actividad clave en nuestro país, políticos como la ya citada edil catalana, o el vicepresidente del Gobierno (con su discurso de la expropiación), amenazan la seguridad de los fabricantes en el territorio nacional.
Esta semana, en el Congreso de los Diputados, pese a las preguntas del resto de partidos, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, no fue capaz de definir el plan de apoyo a la automoción anunciado por el Gobierno hace unas semanas. En el entorno europeo, países como Francia o Alemania han adoptado ya planes urgentes en ese sentido. En España, los dirigentes políticos han de acordar de forma inmediata medidas concretas, dirigidas a proteger y devolver el bienestar que la industria de la automoción proporcionaba a miles de hogares antes de la crisis sanitaria. Su proceso de adaptación e inversión en desarrollo e infraestructuras logrará, en un plazo de tiempo necesario, la disminución de emisiones que el medioambiente exige y las organizaciones internacionales reclaman. Pero acabar con el sector no se trata de la solución. En Nissan tenemos la evidencia de que es vulnerable y de que existe la posibilidad real de que las imposiciones fiscales, burocráticas, políticas, etc. acaben con esta trascendental rama de nuestra actividad económica. De cara, no solo a mantener las compañías localizadas en nuestro país, sino también a atraer más actividad empresarial generadora de empleo, el Estado ha de dar una seguridad legal, mantener una estabilidad política, y proveer de un entorno económico con libertad y fiscalidad reducida. A día de hoy, estamos lejos de ofrecer esas garantías.
